Las reformas pendientes del Gobierno de Rajoy

Las reformas pendientes del Gobierno de Rajoy
German Gorraiz Lopez

Análisis de las posibles reformas económicas que el Gobierno de Rajoy podría implementar en el segundo semestre del 2013.

La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre ha elevado la tasa de paro hasta el escalofriante 27,1%, con un nivel de desempleados (superando ya la cifra tabú de los seis millones), dos millones de hogares con todos sus miembros en paro, una tasa de desempleo juvenil del 57% y un 46,7% de parados de larga duración.

¿Fracaso de la Reforma del Mercado Laboral?: La Ley de Reforma del Mercado Laboral (LRML) de Julio del 2012 implementó una mayor facilidad para despedir a los trabajadores al introducir una reducción importante en el finiquito o indemnización (indemnización por despido de 20 días por año trabajado en los despidos por causas objetivas o procedentes frente a los 33 días por año trabajado en el caso de despidos improcedentes).Según diariocritico.com, ello se ha traducido en que entre enero y noviembre los ERE de suspensión o reducción de jornada han aumentado un 53 por ciento, (unos 338.000 trabajadores en 2012) y asimismo, los despidos colectivos se han multiplicado ( entre enero y noviembre los expedientes de extinción han aumentado un 18%); el número de trabajadores afectados ha pasado de 57 mil a 68 mil, (la cifra más alta en la última década) y la conflictividad se ha disparado (número de jornadas perdidas por huelga, ha crecido un 87%.)
El número de convenios firmados también ha caído, pasando de 4.300 en 2011 a 2.600 el curso pasado, lo que se traduce en tres millones y medio de trabajadores menos bajo el amparo de un convenio, debido a la desaparición de la ultra- actividad, que permitía la prolongación automática con las mismas condiciones si las partes no acordaban la renovación.

Nuevas formas de contratación: Según europa.press, el presidente del IRLE de la Fundación Sagardoy, el prestigioso abogado Juan Antonio Sagardoy,aboga por recuperar fórmulas contractuales de la Década de los 90. Así, sería partidario de la reimplantación de la figura del Contrato de Fomento de 1984 ( indemnización por despido de 12 días por año trabajado) así como del Contrato de Lanzamiento de nueva actividad de 1994 , (contratos flexibles que se moverían en la horquilla de los 6 meses y un máximo de 3 años), pero en el supuesto de que el paro siga desbocado y llegue a la estratosfera (riesgo de alcanzar los 7 millones de parados para fines del 2013), el Gobierno de Rajoy accedería a las exigencias de la COE con la progresiva implementación de los minijobs, (en una primera instancia compatible con prestaciones de desempleo) , pasando a una segunda fase de precariedad extrema al ser las únicas ofertas laborales existentes.

El llamado “minijob” es una forma de trabajo a tiempo parcial y precario que se liberalizó en Alemania gradualmente a partir de los años noventa con las llamadas reformas “Hartz”, lo que facilitaría según sus defensores” una mayor flexibilidad del mercado y el descenso de la economía sumergida”. Hoy en día habría en Alemania cerca de 8 millones de minijosbs con un horario máximo de 15 horas semanales y con un techo salarial de 400 Euros libres de impuestos, aplicando la máxima de “mejor precario que parado”, a diferencia de países periféricos como España que habrían optado hasta ahora por políticas subsidiarias ( Plan Prepara) que según sus detractores “no crean valor añadido y corren el riesgo de eternizar la figura de “Papá-Estado” y sangrar las arcas del Estado” .

Ello unido a la progresiva pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores debido a los exiguos incrementos salariales ( entre enero y noviembre del 2012, el aumento salarial pactado en los convenios ha sido del 1,31% frente al 2,48% de 2011 con el agravante de una inflación del 2,9 % en noviembre) contribuirá ala generalización de la precariedad laboral, (según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el trabajo precario en España alcanzaría ya la friolera de 5 millones de personas) y a la desaparición de la ocupación vitalicia ( según los datos de la EPA, tendríamos ya una escalofriante tasa del 80% de contratación parcial ) .Además, en vistas a la optimización de recursos , no sería descartable una drástica reducción de la Administración Local que según el sindicato CSIF podría afectar a 120.000 trabajadores. ( recordar que el número de funcionarios y empleados públicos en la actualidad rondarían los 2, 5 millones y el 85 % serían funcionarios con un consumo estimado del 1´5% del PIB) .

Reforma del sistema de Pensiones:El drástico descenso de los ingresos del Estado y el bestial incremento de las prestaciones de Desempleo (en el 2013 serán necesarios cerca de 50.000 millones) , originó en el 2011 el primer Déficit de la Seguridad Social y la utilización de la “hucha de las pensiones” para poder sufragar las necesidades del Estado. Así, la Seguridad Social española registró un déficit de 668 millones de euros,( seis centésimas del PIB) al cierre de 2011, con una desviación de casi medio punto respecto a lo previsto , lo que representa el primer Déficit en el sistema de pensiones desde que la Seguridad Social dejó de financiar completamente la sanidad pública, en 1999.

Según el profesor del Departamento de Economía Financiera y Actuarial de la Universitat de València,Enrique Devesa, el sistema actual “presenta falta de sostenibilidad porque la Seguridad Social ofrece una rentabilidad promedio a todos los cotizantes de casi un 4,5%”, lo que provocará que el déficit de la Seguridad Social en el 2013 ronde los 15.000 millones de euros . Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que el país pierda un millón de habitantes en la próxima década, una tendencia que va a empeorar a medida que la generación del baby-boom comience a fallecer,dibujándose un escenario insostenible para el 2021 en que la “tasa de dependencia” según el INE, crecerá en un 57% , (lo que supone que habrá seis personas inactivas ya sea jubilados , parados o estudiantes por cada persona activa)”.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social ( hucha de las pensiones), contaría en la actualidad con unas reservas estimadas de 63.000 millones de euros , de las que el 97 % está invertido exclusivamente en bonos españoles y el 3 % restante en deuda francesa, alemana y holandesa ,pero la crisis de deuda pública que sufre España ha convertido la hucha de las pensiones en un fondo de inversión de alto riesgo, por lo que es urgente culminar antes del 2013 el proceso de separación de fuentes.

Dado que el sistema está en números rojos y carece ya de recursos suficientes para sufragar las prestaciones asistenciales (pensiones no contributivas que perciben numerosos jubilados pese a no contar con el mínimo de años cotizados que exige la ley para tener derecho a una pensión),dichas pensiones no contributivas se financiarán exclusivamente vía Presupuestos Generales del Estado , es decir, vía impuestos en lugar de con cotizaciones sociales , de lo que se deduce la necesidad urgente de un nuevo Pacto de Toledo consensuado entre Gobierno, Oposición, Comunidades Autónomas, Patronal y Sindicatos para consensuar los mínimos asistenciales, las fuentes de financiación y el calendario de aplicación de dicho pacto ,con el objetivo inequívoco de evitar el colapso de la Seguridad Social en el horizonte del 2.021 y que incluiría los siguiente apartados:

1.-Retraso de la edad de Jubilación:La OCDE recomendó “retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos.”, en un estudio dedicado a analizar las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años.Por ello, el Gobierno de Rajoy ha aprobado un decreto que eleva a 35 años el periodo mínimo de cotización para acceder a la jubilación anticipada voluntaria, que no será posible hasta al menos los 63 años y un mes que se irán incrementando progresivamente hasta alcanzar los 65 años en 2027, no siendo descartable el adelanto de los plazos prefijados. Además, el decreto ley también recoge una batería de medidas para incentivar el envejecimiento activo mediante la compatibilización del trabajo con el cobro de una pensión de jubilación ordinaria o demorada, que ahora disfrutan unas 40.000 personas ( se exigirá haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, aunque quedan excluidos aquellos que tengan derecho a la pensión completa).

2.-Incentivar el SPP (Sistema Privado de Inversiones):Desde las esferas del Gobierno, se esforzará en convencer a la ciudadanía que para garantizar el nivel de vida de los futuros pensionista se deberá complementar “el sistema de reparto”, fomentando los planes de pensiones Individuales según las posibilidades de cada ciudadano, lo que permitiría que cada trabajador se asegurara la pensión deseada en el momento de su jubilación.Sin embargo, para los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), contratar un plan privado de pensiones como complemento a la pensión pública “no es la medida más eficaz para solucionar el bajo poder adquisitivo de las pensiones en España, máxime si se tiene en cuenta que las pensiones de España son un 54,3% inferiores a las de la UE”.

3.-Instauración del copago sanitario total:El finiquito a la prescripción por principio activo en todo el Sistema Nacional de Salud, reflejado en el primer aumentos tras 30 años del porcentaje que tendrán que pagar los beneficiarios de la Seguridad Social (que en el caso de los jubilados con pensiones contributivas significará pagar pagar un 10% de los medicamentos), supone la desaparición de otro de los tabúes de la economía española . Así, según eleconomista.es, de cada 100 euros que gastan las administraciones públicas, 46,5 euros son transferencias al sector privado, “básicamente para pagar pensiones y prestaciones por desempleo”, citando el ‘Informe Económico de junio 2012’ elaborado por el centro de estudios de negocios Esade,y dado que según europapress, el PIB del primer trimestre del 2013 cayó el 0,6 % en tasa interanual,parece inevitable la instalación del copago sanitario total en el horizonte del 2014.

4.-Recortes en las prestaciones de desempleo, jubilación y viudedad:Segín el pais.com, en los primeros siete meses del año, el gasto en prestaciones por desempleo ha crecido un 5,4%, hasta los 18.455 millones y se espera que en el 2013 entre en vigor el recorte aprobado en el decreto ley de julio por el que la prestación por desempleo pasará a ser del 50% de la base de cotización en lugar del 60% a partir del sexto mes de percepción.En cuanto a las pensiones, el IPC de Noviembre que sirve de referencia para la revisión automática de las pensiones alcanzó el 2,9 % , lo que habría obligado al Estado a un desembolso adicional de 3.500 millones de €, pero en un increíble ejercicio de malabarismo financiero del Gobierno de Rajoy los pensionistas se han debido contentar con un exiguo incremento del 1% de sus pensiones para el 2013, no siendo descartable la congelación de las mismas para ejercicios posteriores.

5.-Plan para aflorar la economía sumergida:Según un informe elaborado por el instituto Tax Research ,( que intenta cuantificar la economía sumergida y los ingresos que pierden los Estados por culpa del fraude fiscal) , la economía sumergida en España representa el 22,5% del PIB nacional .Si este montante de dinero tributara, el Estado podría recaudar 72.709 millones de euros anuales, con lo que España sería capaz de absorber su deuda pública en 8 años, según los autores del informe “Closing The European Tax Gap” encargado por el Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo para analizar la economía sumergida en cada uno de los países de la Unión Europea.

La agonía de la I+D+i: En el último decenio, España habría sido pionera en los campos de energía renovable ( fotovoltaica, biomasa y eólica) ,medicina, nanotecnología, telecomunicaciones, biofarmacéutica, biotecnología, oceanografía , ecoindustria ,infraestructuras públicas , construcción naval, automotriz, máquina herramienta, sector turístico y sector financiero (según el ranking publicado por la revista Scientific American, en el 2009 España ocuparía el décimo puesto mundial tanto en publicaciones científicas como en gasto total en I+D+i ,ocupando además el número nueve en cantidad de doctorados).

Sin embargo, desde el 2009 los recortes en I+D+I ascienden al 40 % ( en 2013 solamente se destinarán a esta partida 5. 562 millones de €), lo que supone el 1,33% del PIB , cada vez más lejos del 2% de media de la UE),lo que tendrá como efectos colaterales la drástica reducción de becas para investigadores y la asfixia por inanición económica de múltiples proyectos científicos y tecnológicos. Así, la inversión en I+D en las Universidades Públicas (de donde salen dos tercios de las investigaciones científicas) verá recortado su presupuesto en el 2013 en un 80% y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (organismo con 130 sedes y más de 13.000 trabajadores, entre investigadores y técnicos), habría sufrido en los últimos cuatro años una merma del 30% de financiación pública ( un 9% menos para el actual ejercicio del 2013 ) y estaría al borde de la suspensión de pagos y abocado a un ERE inminente.

De seguir obviando la inversión en inteligencia, España podría convertirse en la próxima década en un país tercermundista a nivel de investigación e innovación, condenado a comprar patentes extranjeras y producir productos de bajo perfil tecnológico que requieran mano de obra de escasa o nula cualificación y fácilmente explotable, pues aunque España sigue compitiendo en gran número de sectores con las economías de referencia al tener costes laborales competitivos, tendría como Talón de Aquiles de sus exportaciones el reto de la calidad de sus productos y el no estar bien posicionada en los mercados emergentes, de lo que se deduce la necesidad imepriosa de una nueva Ley Orgánica de las Universidades, que establezca las medidas necesarias para dotar a las Universidades de mayor flexibilidad en su gobierno, en la financiación y el desarrollo de su oferta educativa así como la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para incrementar la cuantificación económica de la inversión en I+D+i .

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