2014: más imposición y menos derechos en el Congreso

2014: más imposición y menos derechos en el Congreso
Jose Campos Trujillo
Fuente: Nueva tribuna

Decepcionante aunque previsible ha sido este séptimo año de la crisis en lo legislativo, y eso que 2013 ya fue malo. El curso legislativo sigue desarrollándose en un contexto general complicado para la nación y bastante difícil para gran parte de la ciudadanía.

Centrándonos en el Congreso de los Diputados, el rodillo del Grupo Popular ha seguido ninguneando a la oposición. La bronca ha predominado con un PP nada predispuesto a la negociación. Un buen ejemplo han sido los Presupuestos Generales del Estado, donde el PP solo aceptó tres entre las cuatro mil enmiendas opositoras. Y poco inteligente ha sido el inicio de la aplicación de la Ley de Transparencia. Su portal es una burla, muchos contenidos y poca información relevante.

Este año se aprobaron muchas leyes pero algunas reformas que están en el programa del PP quedaron en el cajón del Gobierno. La más conocida por polémica ha sido la que debía cambiar la Ley Orgánica 2/2010, sobre el aborto. Rajoy tuvo que desistir dada la importante falta de consenso social junto a las numerosas protestas sindicales y ciudadanas La fallida reforma estrella del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acarreó su propia dimisión.

Sin embargo, para el PP ha sido un año fructífero, sacando adelante hasta 60 leyes. La mayoría de ellas en solitario o con apoyos muy minoritarios. De entre las leyes aprobadas hay ocho de rango orgánico entre las que cabe recordar la del Poder Judicial en lo relativo a la Justicia Universal, la de la abdicación del Rey, la que complementa la Ley de racionalización del sector público, la del Poder Judicial, y la que fija el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. El resto, son 31 leyes ordinarias, entre ellas: la Ley para la Protección de los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial; la Ley General de Consumidores y Usuarios, la Ley de Seguridad Privada; la Ley de Tráfico y Seguridad Vial; la Ley de Telecomunicaciones; la Ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (“Ley ómnibus”); la Ley de Propiedad Intelectual; y la reforma fiscal, que incluye las leyes del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades, y la del IVA. También se han aprobado 14 reales decreto-ley, una normativa que el Gobierno dicta por su carácter extraordinario o de urgencia, y que este año ha sido abundante.

Entre la cuantiosa legislación aprobada merece recordar la ley que limita la justicia universal. Aprobada con el clamor en contra de la oposición, ha posibilitado que decenas de narcos fueran excarcelados, impedir el acceso a la justicia de la acusación popular, y hacer primar el interés en las relaciones bilaterales con dictaduras que vulneran los derechos humanos por encima de perseguir judicialmente la violación de esos derechos.

Tampoco conviene olvidar esa ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Se llamó “Ley ómnibus” porque reforma 26 leyes que afectan al modelo social, tuvo un origen polémico en un real decreto-ley sacado en el mes de julio. El PP aunque al final se plegó a su trámite parlamentario, anuló el debate sectorializado, aprobándolo en solitario sin admitir ninguna de las enmiendas de la oposición.

También este año tenemos un buen ejemplo de privatizaciones. Se trata de la Ley de Mutuas. Ha sido impulsada por el PP, el PNV y CiU para reforzar el carácter privado de estas entidades y mantener competencias que cuestionan la capacidad de la sanidad pública. Con ella el interés privado y el económico prevalecen sobre el propio bienestar de las personas.

Una reforma, tan debatida como controvertida, ha sido la Ley de Propiedad Intelectual, o Ley Lasalle. De carácter provisional, trata controlar el uso de las nuevas tecnologías. Hubiera necesitado de un amplio consenso entre las partes afectadas pero la cerrazón del Gobierno sobre la aplicación del “canon AEDE”, atendiendo solo los intereses de una parte, ha sido aberrante, especialmente en el derecho de cita. El ridículo internacional con el cierre del agregador de noticias Google News es una consecuencia lógica y una buena muestra de este despropósito legal.

Por otra parte, la reforma fiscal abordada por el PP desde diferentes aspectos como el IVA o el IRPF, es fruto del malestar general ante la enorme presión fiscal de estos años anteriores. Con una buena dosis de electoralismo emprende una rebaja generalizada de impuestos que, sin embargo, hace que el sistema fiscal pierda en sus aspectos de justicia y capacidad redistributiva. Además sigue mostrándose insuficiente para combatir el fraude fiscal.

Sin embargo, la que deja bien a las claras cuál es el carácter de este Gobierno, es la más importante, la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se aplicará en 2015 y 2016. Anunciada a bombo y platillo como unas cuentas hechas para la recuperación, sin embargo se queda en humo y mucha frustración. Unos presupuestos que traen más desigualdad y unos servicios públicos que van a seguir por debajo de las necesidades ciudadanas. Y si algo se necesita en este país es más empleo y de calidad, un tema que el Gobierno no facilitará con estas cuentas.

Con todo, la más sorprendente ha sido la Ley de Seguridad Ciudadana. Tan retrógrada, represiva, absurda y contraria a derechos y libertades ciudadanas tan importantes como el derecho de manifestación o el derecho de huelga, que se la conoce como “ley mordaza”. Esta iniciativa, que combatimos desde el sindicato de manera contundente, criminaliza la protesta ciudadana, multando a quienes, por ejemplo, se defienden frente a los desahucios o a los abusos de los bancos. Es de dudosa constitucionalidad y se atreve a contravenir el derecho internacional al legalizar las “devoluciones en caliente” de inmigrantes.

En 2015 seguirá el curso legislativo. Estará muy condicionado a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, tanto que el Gobierno deberá hilar fino para llevar a buen término unas reformas que sigue sin percibirse de forma positiva en la calle. Pero cuando siguen en aumento los desahucios y la pobreza, los servicios públicos son más escasos o están peor atendidos, la sanidad ya no es universal, y encima se recortan libertades fundamentales para evitar protestas y atemperar huelgas, mucho tendría que cambiar el panorama para que la ciudadanía confíe en el Congreso y las instituciones políticas.

En definitiva, asistimos a otro año difícil para el consenso. Sin pactos de estado y sin libertad de voto, entre sus señorías (con honrosas excepciones) han primado el oportunismo y los viejos eslóganes sobre la inteligencia. La doctrina partidaria venciendo a las ideas, las ideologías primando sobre las mejores soluciones para la ciudadanía.

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