Huelga 29-S (IX) – Balances (II)

Reino de España: después de la huelga general ¿qué?
Antoni Domenech, Daniel Raventos y Gustavo Buster
Fuente: Sin Permiso

La Huelga General del 29 de septiembre ha sido un éxito. Ha conseguido parar la producción industrial, limitar de manera significativa el transporte y hacerse presente en los servicios. Su efecto en el sector privado ha sido muy superior al del sector público, lo que es una diferencia a subrayar con países como Francia o Grecia. Las manifestaciones que cerraron la jornada de lucha sindical fueron masivas y combativas, especialmente en Madrid y Barcelona, con la participación de cerca de dos millones de personas.

Este resultado esta, por lo tanto, lejos del fracaso augurado y, sobre todo, esperado por la derecha política, las patronales y la inmensa mayoría de los medios de comunicación.  Y también del semifracaso más o menos maquillable que seguramente deseaba el gobierno de Zapatero. El PP, por su parte, se ha limitado a augurar primero y a confirmar después, que tanto el Gobierno Zapatero como los sindicatos han fracasado y que ambos son co-responsables de la crisis. Mención especial merece el grupo Prisa, editor de El Pais, que se ha sumado a la primera parte de esta tesis tras encargar para este fin una encuesta a Metroscopia (1).

Los objetivos de la huelga general

Con un planteamiento tácticamente correcto, CC OO  y UGT habían situado el objetivo de la huelga en una rectificación por parte del Gobierno Zapatero de la congelación de las pensiones y la contrarreforma del mercado laboral. No se trataba de emplazar a los trabajadores y trabajadoras votantes socialistas a romper con el Gobierno Zapatero, sino de empujarlo unitariamente a la izquierda o hacer la experiencia conjunta de sus limites como proyecto político progresista, abriendo el horizonte de una resistencia a largo plazo.

Detrás de la decisión de CC OO y UGT de convocar la huelga general -calificada por Toxo como “una gran putada”-, esta el convencimiento de ambas direcciones sindicales de que el margen de maniobra para el diálogo social con el Gobierno Zapatero se ha agotado. Pero movilizar a la que hasta ahora ha sido una parte sustancial de su base social contra el propio Gobierno Zapatero, evitando la resignación social y la abstención, exige un largo período de experiencias parciales colectivas de resistencia,  en las que inevitablemente se tendrán que plantear no solo políticas alternativas sino acumular las correlaciones de fuerzas necesarias y los aparatos políticos capaces de representarlas. En definitiva, supone iniciar la reconstrucción de la izquierda tras el desmoronamiento del “zapaterismo” como proyecto político progresista.

Por ello, e independientemente de la valoración que pueda hacerse de su desigual impacto en distintos sectores, la Huelga General ha dejado claras al menos cuatro cosas:

1)  Los sindicatos mayoritarios todavía conservan capilaridad social y una gran capacidad de organización y movilización;

2) Hoy por hoy, constituyen el núcleo de la izquierda socio-política realmente existente en el Reino de España; sabedor de eso, el PP y la derecha política y mediática ha preferido lanzarse a tumba abierta a su linchamiento, antes que aprovechar la circunstancia de la Huelga General para librarse a una táctica convenienciera de desgaste definitivo del gobierno Zapatero. El PP cuenta con ganar las próximas elecciones generales y una de las primeras tareas estratégicas sería poner en práctica la gran reivindicación de la patronal: el desmantelamiento de lo que queda del llamado estado de bienestar y el renovado ataque a los derechos de la clase trabajadora. Las derechas española, vasca y catalana  solamente tendrían un enemigo resistente a estos planes, los sindicatos.

3) Poseen casi en exclusiva el potencial organizado para la imprescindible coordinación internacional de la resistencia organizada a los planes de austeridad y ajuste neoliberal, expresión del ataque sin precedentes lanzado por una pequeña aristocracia financiera mundial (eufemísticamente llamada “mercados”) y sus cómplices políticos, mediáticos y académicos contra la soberanía democrática de los pueblos. Ha sido ha iniciativa suya que la Confederación Sindical Europea ha organizado la primera jornada unitaria de lucha europea contra las políticas de ajuste y la multitudinaria manifestación de Bruselas el 29 de septiembre, contando también con la solidaridad de la Confederación Sindical Internacional, cuyo secretario general se trasladó a Madrid.

4) Las fuerzas sindicales, es decir, el núcleo de la izquierda socio-política realmente existente en el Reino de España, carece ahora prácticamente de representación política parlamentaria. Sólo una ínfima minoría de diputados en las Cortes españolas (los de IU-ICV, ERC, BNG y Nafarroa Bai: mucho más de un 15 % del sufragio popular, pero mucho menos de un 5% de los escaños parlamentarios) se han opuesto a las medidas de austeridad y contrarreforma social del Gobierno y han apoyado más o menos resueltamente la posición sindical (y la Huelga). Los diputados del PSOE, el 60% de los cuales están sindicalmente afiliados a la UGT, votaron en bloque conforme al último capricho de los “mercados”, no según la posición de su sindicato, ni de acuerdo con el programa por el que habían sido elegidos en su día como candidatos del PSOE (“defensa de los derechos sociales”). (Sólo hubo una excepción: la del antiguo secretario general de CC.OO Antonio Gutiérrez, que se abstuvo y participó en la manifestación de Madrid)

Dificultades y logros de la convocatoria

En este sentido, la huelga general del 29 de septiembre –precedida de la que había tenido lugar en Euskadi el 29 de junio convocada por los sindicatos abertzales y apoyada por CC OO- no puede ser sino un primer escenario del nuevo ciclo de conflicto social, abierto por el giro económico de austeridad neoliberal del Gobierno Zapatero el 9 de mayo. Un ciclo que dependía para arrancar del éxito de la huelga general del 29 de septiembre, con el que la clase obrera volvía a cobrar su autonomía social frente al Gobierno Zapatero, y que será largo y tenso, con avances y retrocesos, proyectándose más allá de las elecciones legislativas del 2012.

La convocatoria de huelga general venia precedida de seis meses de conflictos sectoriales, especialmente en el transporte, de resistencias a las reducciones de plantilla industriales, y de movilizaciones contra los recortes presupuestarios en la sanidad y la educación, transferidas a las Autonomías y gestionadas de manera privada a través de la concertación. La mayoría de estos conflictos, y de manera muy destacada la huelga de las administraciones públicas centrales el 8 de junio, se habían saldado con movilizaciones débiles y derrotas. Las direcciones de CC OO y UGT eran conscientes de la inercia de una cultura sindical de más de siete años de diálogo social y negociación de convenios sectoriales marco con muy escasa movilización. Y de la presión desmovilizadora de más de cuatro millones de parados, uno de cada cinco trabajadores. Pero a pesar de todas las vacilaciones y del miedo a las consecuencias de un fracaso en el terreno esencial de la representatividad sindical y la negociación colectiva, la decisión de convocar la huelga general ha supuesto cruzar un rubicón de difícil marcha atrás, que hubiera sido imposible sin la unidad sindical forjada previamente.

Esa unidad sindical ha sido también fundamental para el éxito de la huelga general. Convocada por CC OO y UGT, se han sumado a ella, contribuyendo de manera importante en algunos sectores o territorios, CGT, CIG, ESK, SAT-SOC y otras organizaciones sindicales menos representativas. La unidad del frente trabajador se ha materializado ante todo en los piquetes y en las manifestaciones y sería deseable que se reflejara también a nivel  de las direcciones sindicales. Pero en la Comunidad Autónoma Vasca, la decisión de no secundar el paro de ELA y LAB, con argumentos difícilmente aceptables, ha supuesto un duro golpe a la unidad de acción sindical en el conjunto del estado y ha limitado en Euskadi el alcance de la huelga y enfrentado a los trabajadores en un momento decisivo (2).

El Gobierno Zapatero intentó, desde el anuncio de la huelga general en junio, dividir a sus convocantes, condenarla al fracaso antes de que tuviera lugar asegurando que no rectificaría su política de ajuste y endureciendo la contrarreforma laboral en el trámite parlamentario. En las semanas precedentes, tras el parón del verano, intento una “salida pactada” del enfrentamiento con los sindicatos. Por un lado, sacando partido de la inseguridad y el temor ante el reto de las direcciones sindicales, negoció unos servicios mínimos que suponían a la vez evitar la paralización del país, limitar el enfrentamiento con los piquetes, y transferir una parte de la responsabilidad política de lo que ocurriese a los Gobiernos autonómicos del PP, que decretaron sin negociación los servicios mínimos, sobre todo en Madrid. Por otro lado, reiteró la inutilidad de la huelga por lo que respecta a sus objetivos declarados, pero ofreció abrir el “diálogo” sobre pensiones, negociación colectiva y políticas de empleo, en una táctica de palo y zanahoria, que fue inmediatamente rechazada por Méndez y Toxo. Dentro de esta estrategia de descalificación de la huelga hay que señalar también la actitud de la Generalitat en relación con los ocupantes del Banco Banesto, que acabó en los enfrentamientos más duros de la jornada, además de la intimidación a un piquete con siete disparos al aire ante las instalaciones de EADS-CASA en Getafe, Madrid.

El suicidio político de Zapatero y sus consecuencias económicas

Ante la advertencia de CC OO y UGT de que Zapatero se está suicidando políticamente, arrastrando consigo al PSOE y la izquierda en general, este se ha limitado a aceptar su autoinmolación con la fe de un converso: “Sería poco responsable si no estuviese atento a los mercados porque, a pesar de que juegan a la lógica del beneficio, son los que financian nuestros gastos en políticas de escuelas o carreteras; por tanto, necesitamos una carta de presentación de nuestras cuentas (…) No voy a abdicar de mi responsabilidad cuando tengo perfectamente claro lo que necesita el país, decisiones duras. Pero de aquí a cinco años se verá que hicimos lo que teníamos que hacer” (EP 2-10-2010).

Esa “atención a los mercados” le esta costando al PSOE una caída libre en expectativa de voto mayor aun a la de Aznar como consecuencia de la participación en la guerra de Irak. Tras el debate del estado de la nación en julio y antes de la huelga general, la diferencia con la intención de voto al PP era de 8,6 puntos. Ahora se sitúa en 14,5 puntos, con una caída en un solo mes de 4,5 puntos porcentuales, lo que situaría al PSOE en una expectativa de voto del 28, 5% cuando obtuvo en las elecciones de marzo del 2008 el 43,87% de votos (EP 3-10-2010)

Con estos datos en la mano, es seguramente verdad lo que dijo Toxo, el secretario general de CCOO, quien, preguntado en vísperas de la huelga por el posible suicidio sindical en caso de fracasar esta, respondió que quien ya se había suicidado al alienarse de esa forma al núcleo de su base social era el gobierno de Zapatero. Pero alienarse las propias bases no será el único precio  a pagar por el inopinado giro de 180 grados experimentado por la política social y económica del gobierno español tras las presiones recibidas en la reunión del Ecofin del pasado 9 de mayo. La verdad es que esa política es catastrófica se mire como se mire.

* Si se mira desde el punto de vista puramente macroeconómico, es una política procíclica y depresora de la demanda efectiva, la cual lejos de corregirlos o aun mitigarlos, agravará los principales problemas económicos del país: se seguirá destruyendo empleo, seguirán cerrando empresas, no mejorará la situación crediticia de las familias y las pequeñas empresas, y para colmo, empeorarán los problemas de déficit público al disminuir la recaudación fiscal que no se verá mejorado en lo más mínimo por el ridículo aumento del IRPF a las rentas más altas (3)…

* Desde un punto de vista puramente contable, al tratar de enjugar a toda costa el déficit público (sin una apreciable mejora de la capacidad exportadora de la economía española) quedará prácticamente intacto, o aun se agravará, el principal problema económico y social del país, que es el del enorme volumen de la deuda privada de las familias y las empresas españolas (2,2 billones de euros, más del doble del PIB). Por razones de elemental lógica contable, cualquier política tendente a reducir el déficit público (si no va respaldada por un vigoroso crecimiento de la capacidad exportadora, cosa que es prácticamente imposible en una Europa a la que se ha impuesto simultáneamente la austeridad fiscal y la depresión procíclica de la demanda efectiva) se atravesará en el camino del imprescindible desapalancamiento de la economía (es decir, de la reducción del endeudamiento privado), empujándola más y más a la trampa de la deflación por sobreendeudamiento.

* Si se mira desde el punto de los costes laborales,  los cuales –eso se arguye— restan competitividad a la economía española e impiden el desapalancamiento de la misma por la vía de la mejora de su balanza exterior, el desacierto de la política económica del gobierno, plegado ahora de la forma más torpe e ignara concebible a los dogmas del neoliberalismo, resulta patente: los costes laborales no se rebajan seriamente con una contrarreforma del mercado de trabajo reducida en esencia a abaratar el despido o aun a presionar aún más a la baja los salarios debilitando la negociación colectiva. Pues el principal ingrediente de los costes laborales en nuestro país es el artificial aumento del coste general de la vida dimanante, o bien del comparativamente bajo gasto social del Estado español (en España donde, por ejemplo, el peso de la enseñanza privada, frente a la pública, se acerca al 35%, contra menos de un 15% en Francia, Alemania o Bélgica); o bien de la increíble inflación de activos propiciada políticamente en las últimas décadas por las políticas de gobiernos del PP y del PSOE (comenzando por la Ley Boyer). Esas políticas de “capitalismo popular” e ilusoria prosperidad generaron una burbuja inmobiliaria que atrapó en la deuda al grueso de  la población trabajadora española: una familia media española hipotecada destina hoy cerca de un 50% de su salario al servicio de la deuda (¡el gasto de las familias españolas en vivienda se dobló entre 2000 y 2007!).  Ese aumento innecesario e improductivo del coste de la vivienda, que ha ido de la mano de los peores fenómenos de corrupción política y destrucción del medio ambiente y que no tiene ejemplo en otros países de nuestro entorno europeo, no es, al final, sino una fuente de renta económica directa y vampirescamente extraída de la población trabajadora y de los sectores productivos de la economía española por los sectores inmobiliario y financiero, nacional y extranjero. Una renta, encima, y dicho sea de pasada, desgravada fiscalmente.

Los presupuestos del 2011, presentados por la ministra de economía Elena Salgado como “un presupuesto de izquierda que se puede defender perfectamente”, es un compendio de todo lo anterior. Tendremos tiempo en próximas entregas de analizarlo en detalle. Por el momento baste señalar que entre sus cálculos esta que la reforma del mercado laboral tendrá un impacto al alza del PIB (mágico o por efecto de los despidos) de entre 2,9 y 4 puntos por mejora de la productividad; que la tasa de paro se mantendrá en el 19,8%; que la revisión al alza de las pensiones mínimas en un 1% tendrá lugar con una inflación del 1,3%; que 1,6 millones de trabajadores en paro carecerán de subsidio de desempleo; que la partida para la dependencia disminuirá en un 5,2%; que la inversión en infraestructuras caerá un 40%; que la emisión de deuda se reducirá un 35%, aunque el gasto financiero por pago de la misma crezca en un 18%. En fin, que los ingresos fiscales solo aumentarán en un 5,7%, porque se abandona cualquier esfuerzo de reforma fiscal progresista en relación con las SICAV, impuesto sobre los beneficios empresariales o tasas sobre las transacciones especulativas. La desfachatez de este proyecto de “izquierdas” llega a asegurar que, con estas cifras, el 58% del presupuesto se destina al gasto social. En realidad, sin ninguna corrección cuantificable desde hace siete años, el gasto social del reino de España se sitúa en el 41,1% del PIB, cuando la media europea es del 46,8%, lo que nos coloca en el puesto numero 20 de los 27 estados miembros de la UE. La conclusión, no por obvia, merece ser explicitada: la ministra de economía, principal ejecutora de esta ofensiva neoliberal contra las clases trabajadoras desde el 9 de mayo, no tiene la menor noción de lo que es la izquierda como proyecto político y es un obstáculo directo a la recuperación económica y del empleo.

“Una ley se cambia con otra ley”, un proyecto político con otro

Seria ingenuo pensar que la huelga general del 29 de septiembre, con todo lo que ha supuesto de éxito pero también con sus limitaciones, puede modificar la correlación de fuerzas hasta el punto de obligar al Gobierno Zapatero a la rectificación exigida. Cambiar la ley de la contrarreforma laboral por otra menos dañina a los intereses de la mayoría de los ciudadanos supone un proceso de mediaciones sociales y políticas. Zapatero ha conseguido, con la alianza con el PNV y Coalición Canaria, un año de gobierno pero no de estabilidad parlamentaria, hasta el siguiente debate presupuestario. Mientras se desploman las expectativas de voto del PSOE y crece la abstención a falta de una alternativa política de izquierdas, el calendario no ofrecerá respiros: primarias en Madrid para designar al candidato autonómico socialista, hoy 4 de octubre; cambio de gobierno;  y elecciones catalanas el 28 de noviembre, antes de iniciar la campaña para las elecciones municipales y autonómicas de primavera del 2011.

Con una base social en rápida erosión en la que cada vez es más difícil sostenerse, el Gobierno Zapatero esta a merced de las presiones y alianzas circunstanciales que pueda forjar, no por la capacidad hegemónica de un proyecto político propio sino subordinado al de otras fuerzas políticas, esencialmente las derechas nacionalistas de CiU, PNV y Coalición Canaria. Al mismo tiempo, como han puesto de manifiesto las primarias socialistas en Madrid, se ha abierto la sucesión de Zapatero, cuya sustitución antes o después de las elecciones legislativas de 2012 se ha convertido en una cuestión táctica, ante el desmoronamiento de su proyecto político.

En este terreno, el principal jugador es Alfredo Rubalcaba. Los mismos argumentos que adelantó contra la candidatura en Madrid de Tomás Gómez –que las encuestas daban más posibilidades a Trinidad Jiménez- serán esgrimidas en su momento ante Zapatero. Con la ventaja de que, a diferencia de Tomás Gómez en Madrid, Zapatero ya no tiene un proyecto político y esta en caída libre en valoración de su gestión y expectativas de voto. Rubalcaba aportará en su momento un proyecto político alternativo para reconstruir un PSOE socio-liberal, basado en la alianza con CiU, PNV y CC, a costa de sacrificar a los PS de Catalunya y Euskadi, bien desde el Gobierno central o la oposición, con el acervo personal de la derrota de ETA y la “pacificación” del País Vasco. Como participan en ese proyecto otras figuras del aparato central del PSOE es ya objeto de una durísima batalla interna que ha comenzado como un choque de aparatos en Madrid, Cataluña y Euskadi pero que tiende a evolucionar también hacia una polarización social y política en el seno del PSOE, con la presión externa de los votantes socialistas en UGT y CC OO.

La victoria de Tomas Gómez en las primarias de Madrid, por 53% contra 47%, es el primer efecto político de la huelga general dentro del propio PSOE. Habrá tiempo para un análisis mas detenido, pero Gómez, representante del cinturón obrero de Madrid, ha ido elaborando una alternativa a Esperanza Aguirre, la “lideresa” del ala más liberal-conservadora del PP, cada vez más cercana a los sindicatos. Su contrincante, la ministra de sanidad Trinidad Jiménez, designada por el aparato central de Ferraz, por el contrario, contaba con el apoyo del sector mas socio-liberal del partido, que sufre así una importante derrota en el comienzo mismo del debate sucesorio en el PSOE..

El post-zapaterismo ha comenzado ya, por lo tanto, con una conflictividad creciente en todos los sectores por definir contornos y correlaciones de fuerzas. Con la crisis abierta en el seno del PSOE, la amenaza cada vez menos hipotética de una victoria de la derecha, empezando por CiU en Cataluña y del PP en el Gobierno central, y una crisis social consecuencia de una lenta, débil y desigual recuperación sin empleo de la crisis económica del 2007-2010. Es en este escenario en el que hay que hacer un nuevo llamamiento al optimismo de la voluntad frente al pesimismo de la razón y poner las bases de un nuevo proyecto de izquierdas alternativo al neoliberalismo, capaz de defender las conquistas democráticas y sociales.

El primer paso, por supuesto, es mantener la resistencia sindical contra todas y cada una de las políticas de ajuste y contrarreforma neoliberales. En estas circunstancias, los sindicatos no ganarían nada entrando a negociar ulteriores detalles de la loca e incompetente aventura contrarreformista en que se ha embarcado este gobierno. Si los sindicatos quieren conservar y aun acrecer su capacidad de movilización y su crédito ante la población trabajadora y ante la opinión pública españolas, si han de mantenerse como el núcleo vertebrador de la izquierda socio-política de la izquierda, no pueden sino mantenerse ahora en una postura de

* firme exigencia de rectificación radical de la política económica y social del gobierno, conforme a las motivaciones programáticas mínimas que llevaron a la Huelga General; esto exige la retirada inmediata de la reforma laboral antes de entrar a cualquier otra negociación  por parte de los sindicatos, y

* prepararse en serio para un largo período de conflicto social, sin excluir la convocatoria, incluso a corto plazo, de otras Huelgas Generales.

La derecha política no tiene alternativa económica y social al gobierno Zapatero. Se limita a esperar a que éste le haga el trabajo sucio, para ganar las próximas elecciones generales como las ha ganado siempre la derecha en este país: gracias a la abstención masiva de una izquierda social deprimida y/o asqueada, sin alternativa política seria o creíble al alcance de su sufragio.

Buena parte del drama económico y social español se explica por lo que algunos periodistas ingeniosos han llamado la intervención del “Directorio europeo”.  Atrapada en el euro, habiendo tenido que renunciar a la soberanía monetaria, ahora tiene que renunciar a la soberanía fiscal, y se halla atrapada en una política fiscal común europea que seguramente no conviene a medio plazo ni a sus promotores (Alemania, señaladamente), pero que empuja ya al grueso de los países de la eurozona a una carrera hacia el abismo, y que es, desde luego, un verdadero desastre para  nuestro país.

Las fuerzas sindicales y las distintas organizaciones de la izquierda deben prepararse desde ahora:

1) Para colaborar activamente en la articulación de una alternativa política unitaria o cuanto menos confederada para la deprimida y asqueada izquierda social de este país. Sólo eso podría evitar el triunfo electoral de una derecha política que recoja los frutos del trabajo sucio de Zapatero o al menos condicione ese triunfo con una capacidad de resistencia cultural, social e institucional que permita mantener la resistencia al neoliberalismo y reconstruir una correlación de fuerzas más favorable a las clases trabajadoras.

2) Para contribuir a la coordinación político-social a escala europea de la lucha por una política económica y fiscal común, que aleje a la UE del abismo al que aceleradamente la empujan unas elites tan incompetentes como plegadas a los dictados de los “mercados”. Las políticas neoliberales del 9 de mayo se adoptaron en el seno del ECOFIN, con una Comisión, un Parlamento Europeo y con 23 gobiernos de los 27 estados miembros conservadores y neoliberales, sin obviar el mandato y la orientación ideológica monetarista del Banco Central Europeo. El ciclo de resistencia social a las políticas neoliberales iniciado en 1995 con la huelga del sector público en Francia y que se extensión por la mayoría de los estados miembros hasta el 2007 no fue capaz de frenar su aplicación ni de obtener mejoras salariales –sobre todo en Alemania- a pesar del ciclo económico expansivo, aunque si de bloquear el proyecto constitucional neoliberal europeo. Pero las huelgas generales en Grecia y Francia, las movilizaciones sectoriales en Alemania, Portugal, Bélgica y Rumania desde este verano y las que se anuncian en Irlanda, anuncian el comienzo de un nuevo ciclo de luchas sociales en Europa, cuyo primer paso de coordinación ha sido la jornada del 29 de septiembre.

NOTAS

(1) Cuesta resistirse a la tentación de señalar la curiosa evolución de PRISA frente a Zapatero, teniendo en cuenta además su situación empresarial en manos de un fondo de inversiones extranjero y los favores recibidos en la asignación de la publicidad institucional. Compárese la encuesta de Metroscopia publicada en la edición de El Pais de 4 de julio con el título “Huelga minoritaria, pero justificada” (http://www.elpais.com/articulo/espana/Huelga/minoritaria/justificada/elpepiesp/20100704elpepinac_2/Tes) con la elaborada el día después de la huelga y publicada el 2 de octubre con el título “Sindicatos y Ejecutivo, debilitados tras la huelga general” (http://www.elpais.com/articulo/espana/Sindicatos/Ejecutivo/debilitados/elpepunac/20101003elpepinac_2/Tes). El cambio de planteamiento del cuestionario es evidente y busca a la vez satisfacer estrategias sucesorias en el PSOE como encontrar un terreno de encuentro con las tesis oficiales del PP. En el mismo sentido la evolución de algunos de los editorialistas más característicos, en una orientación que empieza a impregnar al conjunto del grupo PRISA.

(2) ver en este sentido el cruce de cartas entre las direcciones de ELA y LAB por un lado y CC OO y UGT de Euskadi por otro que se incluyen en esta entrega semanal de Sin Permiso. Cuando las posibilidades de un desbloqueo del proceso de paz en Euskal Herria vuelven a estar presentes, pero se corre el peligro de falta de interlocución en el Gobierno central por intereses en el debate sucesorio de Zapatero en el PSOE, la división de la clase trabajadora vasca en la huelga general del 29 de septiembre es doblemente peligrosa para la resistencia al neoliberalismo y para avanzar en la resolución democrática y ciudadana del proceso de paz,  que necesitan una nueva convergencia unitaria.

(3) Sobre las alternativas de reforma fiscal progresista, es importante el trabajo realizado por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda – Gestha, que se puede consultar en su página web (http://www.gestha.es/)

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2 respuestas a Huelga 29-S (IX) – Balances (II)

  1. […] This post was mentioned on Twitter by IX Asamblea de IU, altersocialismo. altersocialismo said: Huelga 29-S (IX) – Balances (II): Reino de España: después de la huelga general ¿qué?Antoni Domenech, Danie… http://tinyurl.com/27fe4v8 […]

  2. […] “Reino de España: después de la huelga general ¿qué?” de Antoni Domenech, Daniel Raventos y Gustavo Buster […]

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