Reino de España: la disyuntiva de la izquierda

Reino de España: la disyuntiva de la izquierda
G. Buster

Fuente: Sin Permiso

A un año y medio de su segunda victoria electoral, el Gobierno Zapatero se enfrenta a la decisión que probablemente marcará el carácter de esta legislatura. La polarización social y política con la derecha, con las patronales y el Partido Popular -que actúan de manera coordinada para favorecer a la vez una salida a la crisis favorable a sus intereses y un cambio de gobierno-, no le dejan otra opción para acabar la legislatura que apoyarse en los sindicatos de clase para reconstruir su bloque social y en los ocho votos a su izquierda (BNG, IU-ICV, ERC, NB), además de Coalición Canaria, para hacer aprobar los presupuestos del 2010.

Este escenario no ha sido una opción buscada y preparada por el Gobierno Zapatero. Por el contrario, ha intentado por todos los medios evitarla, manteniendo una política de alianzas “asimétrica” y de pactos con el PP y CiU  (hasta el punto de contar con su apoyo para 11 de las 23 leyes aprobadas, entre ellas la Ley de Reestructuración Bancaria y la Ley de Oficinas Judiciales). Sin olvidar el apoyo a UPN en Navarra o la alianza con el PP en el País Vasco /1.

Si se ve ahora obligado a ello es porque no le quedan tácticamente muchas otras opciones. Y aun así, tanto el Gobierno Zapatero como el PSOE se encuentran divididos, por la presión institucional y del aparato que recogen y proyectan internamente las posiciones del sector financiero y de la propia patronal, y que buscan un pacto de legislatura con CiU, al precio de sacrificar el Govern de Progres catalán.

El próximo año y medio, hasta las elecciones municipales y autonómicas del 2011, será por lo tanto decisivo para establecer la correlación de fuerzas y consolidar hacia la izquierda el actual ciclo político o, por el contrario, abrir la vía a una contraofensiva profunda de la derecha social y política en todos los frentes.

1- La crisis de tijera fiscal y la subida de impuestos

Esta indecisión estratégica del PSOE se ha manifestado también en la orientación de las políticas para salir de la crisis y en el llamado “diálogo social”. La promesa de Zapatero de mantener el gasto social ha sido paralela a una política de transferencias y ayudas a los distintos sectores empresariales, sobre la base de un crecimiento explosivo del déficit presupuestario, que en siete meses ha superado los 50.000 millones de euros y puede acercarse en el 2009 al 10% del PIB.

Pero el margen para este supuesto “equilibrio de intereses” se ha agotado a las primeras señales, por débiles que sean los “brotes verdes”, de recuperación en la OCDE, aunque la economía española tenga aun por delante todo un año de crecimientos negativos. No se trata solo del déficit presupuestario y de la deuda pública, para los que aun queda recorrido. Si no fundamentalmente de la presión de los organismos internacionales como el FMI, la OCDE, el Banco Central Europeo, que al situar en primer plano una política de reequilibrio presupuestario y austeridad, buscan transformar los paquetes de estímulos anticíclicos en políticas de recuperación de los beneficios y la productividad en perjuicio de los salarios y el gasto social. La Comisión europea ha exigido ya que para el 2012 las cuentas públicas vuelvan a encorsetarse en los criterios de Maastricht y un déficit presupuestario no superior al 3% del PIB.

Como “reequilibrar” los presupuestos se ha convertido en uno de los temas esenciales de la polarización social. La opción de izquierdas es evidentemente una reforma fiscal que aumente los ingresos a través de un aumento de los impuestos sobre las rentas de capital y los beneficios de las empresas, para poder hacer una política redistributiva que mantenga y aumente el gasto social y el peso de los salarios en la renta nacional. Las preferencias de la derecha se sitúan en el aumento de los impuestos sobre las rentas de trabajo, via IRPF, o el consumo, a través del IVA. Pero también a través de la compra y negociación de la deuda pública, que ofrece beneficios y tiene un efecto favorable a las rentas de capital /2.

Zapatero ha repetido una y otra vez desde el mes de junio que su Gobierno “no subiría los impuestos” en 2009, sin especificar cuales. La presión fiscal actual es del 32,8% del PIB, por debajo de la del PP en 1995 (34%) y una de las más bajas de la UE. El Gobierno Zapatero ha realizado diversos recortes que han supuesto una merma de recaudación de 10.000 millones en el IRPF, 4.000 millones en el impuesto de sociedades y los 1.800 millones del suprimido impuesto de patrimonio.

El primer debate parlamentario serio sobre este tema tuvo lugar a mediados del mes de junio, con ocasión de la Ley de Techo Presupuestario. Joan Herrera, de ICV, presentó una moción con seis condiciones /3, que apuntaban a un aumento de los impuestos sobre las rentas más altas. Elena Salgado, respondió: “Estamos abiertos a considerar todas las posibilidades que nos ofrece el examen de los ingresos y de los gastos que tendremos que contemplar a la hora de elaborar los Presupuestos Generales del Estado”. Pero este acuerdo genérico duró solo seis horas. Al final, el Gobierno prefirió pactar la abstención de CiU –presionado por los sectores financieros y empresariales- y sacar la Ley del Techo Presupuestario, con una reducción del 4,6% en relación con el gasto presupuestario real del 2009, con los votos de Coalición Canaria y UPN.

El pacto con CiU tampoco fue duradero. En la última semana de junio, la izquierda, esta vez con el protagonismo de Gaspar Llamazares, volvió a los planteamientos adelantados por Herrera. CiU, por su parte,  exigía que la subida de impuestos, de realizarse, fuera en el IVA, como había hecho el Gobierno de Felipe González en 1992 (que lo aumentó del 12 al 16%). Las vacaciones de verano dieron un respiro, hasta que el 21 de agosto el ministro de fomento, José Blanco, recuperó por su cuenta y riesgo la posibilidad de un aumento de impuestos a las rentas más altas. La respuesta de Salgado fue la misma: “se estudiará”. Pero CiU y PNV mostraron su total desacuerdo y Bono añadió por su interés que, a él, Salgado no le había dicho nada. La asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda pidió la restauración del impuesto de patrimonio y recordó que la subida debía ir dirigida “a quién tiene mucho más y no a quién declara más”, apuntando no solo a las rentas superiores de 50.000 euros, sino sobre todo a las 3.347 sociedades de inversión de capital variable (SICAV), que manejan más de 25.000 millones de euros y solo tributan el 1%.

Zapatero no intervino hasta su viaje a Estocolmo el 31 de agosto, cuando puntualizó que el aumento de impuestos sería temporal y afectaría a las rentas de capital y plusvalías, no al IRPF ni al impuesto de sociedades, que volvería a bajar, y se eliminaría la reducción de 400 euros efectuada en el primer paquete de medidas contra la crisis.

La decisión final irá unida a los presupuestos. La izquierda tiene una oportunidad de imponer un giro a la izquierda en la política fiscal, como ya ha hecho en la extensión de las ayudas de paro de 420 euros a partir del 1 de enero, recogiendo la exigencia de los sindicatos. Pero como ha señalado Vicent Navarro, es fundamental acompañar ese giro de un discurso de lo que implica el debate fiscal, frente a la estrategia de erosión del PP apoyada en el crecimiento del paro y la exigencia de bajada de impuestos /4.

2.- La ruptura del “diálogo social”

El debate del estado de la nación, en mayo de este año /5, fue también testigo de la indecisión del Gobierno. Durante unas horas, los pasillos del Congreso se convirtieron en el escenario de un pulso entre quienes habían pactado con CiU una resolución apoyando la reforma del mercado laboral, la introducción del contrato único y la entrada de las empresas privada en el sistema público de colocación (tres de los cinco puntos de la plataforma de la CEOE), y quienes defendían mantener abierto el diálogo con los sindicatos y con la izquierda, que exigía aumentar la protección para los parados más desprotegidos. Aunque finalmente sería esta última resolución la que se impusiera, el dramatismo del debate y de las opciones que implicaba reflejaban los intereses en juego.

La ofensiva de la CEOE para imponer su programa anticrisis se vio reforzada con las declaraciones del Comisario Almunia y del Presidente del Banco de España, Miguel Angel Fernandez Ordoñez, ambos miembros del PSOE,  sobre la necesidad de ampliar las reformas estructurales al sistema de pensiones y el Pacto de Toledo (EP 19-05-09). El llamado Manifiesto de los 100 economistas, defendiendo las posiciones de la CEOE,  encontró su respuesta en el Manifiesto de los 500, pronto 800, alineándose con las de los sindicatos y acabando con el pretendido carácter “técnico” de las posiciones neoliberales /6. El Secretario General de CC OO, Ignacio Fernández Toxo advirtió que “el diálogo social no pasa por un buen momento” y marcó las “lineas rojas” de los sindicatos /7, centrando el posible pacto en la defensa y protección del millón de personas en paro y sin prestaciones sociales.

A ese millón hay que sumar los 800.000 trabajadores emigrantes, un terció de los 2,4 millones actuales, aunque solo coticen a la seguridad social 1,8 millones, que han caído en manos de la economía sumergida y suponen el sector más explotado de la economía española, junto a los jóvenes, cuyas cifras de paro duplican la media (38,4%).

Sin embargo, el recorrido del “diálogo social” iba a ser muy corto, sobre todo tras los malos resultados electorales del PSOE en las elecciones europeas. La cúpula de la CEOE comenzó a coordinar su estrategia a medio plazo con CiU, para el debate parlamentario, y a largo plazo con el PP, para facilitar una derrota electoral de la izquierda en las elecciones municipales y autonómicas en el 2011 y en las generales del 2012. Su programa, más que un paquete de estímulos para salir de la crisis, tiene el objetivo de un cambio significativo en la correlación de fuerzas en el mercado laboral que le permita recuperar la tasa de beneficios y determinar a favor del capital los parámetros del nuevo modelo productivo /8. La reunión técnica de negociación el 22 de julio ya constató la ruptura sobre el punto de las cotizaciones empresariales a la seguridad social, cuando el Gobierno ofreció una rebaja de 1,5 puntos y la CEOE exigió 5 puntos, lo que supondría un fuerte déficit de 12.000 millones a la caja de la seguridad social si al mismo tiempo se mantenían y ampliaban las prestaciones por paro. En la cena organizada por Zapatero ese mismo día para celebrar el fin de las negociaciones, el presidente de la  CEOE, Diaz Ferrán, volvió a reabrir todos los puntos, en lo que los sindicatos calificaron de “una tomadura de pelo” /9.

El comunicado del Ministerio de Trabajo fue aun más duro: “El presidente de la organización empresarial fue incapaz de explicar en la cena celebrada ayer en Moncloa las razones por las que no aceptaba el documento que ya habían consensuado sindicatos y el Gobierno”. El ministro de trabajo, Corbacho, aclaró que la CEOE había “defendido el despido libre”. Zapatero, por su parte, cerró las negociaciones: “la previsión es que no haya nuevas reuniones” y El País tituló su crónica “Zapatero declara la guerra a la CEOE” (EP 26-07-09). La ampliación de las prestaciones de 420 euros a los parados sin rentas (una medida de una duración de seis meses, calculada en 642 millones de euros) fue adoptada por decreto ley. Diaz Ferrán declaró por su parte: “Espero que ha Zapatero se le pase pronto el berrinche y deje de meterse conmigo” (EP 26-07-09).

3.- El cierre de la financiación autonómica y de los mecanismos de reestructuración bancaria

Zapatero pudo cerrar, sin embargo, otros dos frentes esenciales antes del verano.

La financiación autonómica, sobrepasados todos los plazos fijados en el Estatut catalán y carcomiendo al Govern de progrés, pudo finalmente concluirse en el plazo anunciado del 15 de julio, despejando una de las incógnitas mas importantes para los presupuestos del 2010. Después de tanto tiempo de desencuentros, la labor de negociación de Salgado y Blanco, y en menor medida de Cháves –a quién se le suponía un protagonismo que no tuvo- permitió alcanzar un acuerdo interno en el PSOE y entre Cataluña y Andalucía. Primero, con la subida del techo de déficit presupuestario de las Comunidades al 2,5% (de un 1% previsto por ley). Segundo, con la mejora de la oferta de Solbes de diciembre de 2008 de una aportación central de 8.000 millones de euros, que se acabó convirtiendo en 11.000, para compensar al resto de las Comunidades de los 3.500 millones exigidos por el Govern catalán, de acuerdo con el Estatut.

El PP se dividió ante la oferta. El intento de Esperanza Aguirre de construir un bloque del NO con Valencia y Murcia que arrastrase al resto de las Comunidades gobernadas por el PP, fue bloqueado por el aparato de la sede de calle Genova, que ordenó la abstención. A pesar de ello, Ceuta acabó votando con el resto de las autonomías del PSOE, además de Canarias y Cantabria. La importante aportación del Gobierno central, en periodo de crisis, reforzaba la posibilidad de aumentar el gasto social transferido a las Comunidades /10. La LOFCA deberá ser aprobada en las Cortes durante el mes de septiembre.

El debate sobre la reestructuración del sistema financiero en España se ha intentado reducir en estos meses a una serie de seminarios organizados por los propios bancos y cajas afectados. A diferencia de la CEOE, la capacidad de presión sobre el Gobierno del sector financiero es tal, que las posibilidades de llegar a un acuerdo favorable al sector estaba fuera de discusión. Lo que si era motivo de debate era la capacidad del Gobierno central, de los gobiernos autonómicos y de los grandes bancos como el BBVA y el Santander de determinar el proceso de reestructuración, que afectará esencialmente a las Cajas.

Por otro lado, las fuertes diferencias en la exposición a la morosidad del sector de la construcción y las inmobiliarias entre bancos y cajas, del peso de sus inversiones en América Latina (de donde provienen el 40% de sus beneficios) y la composición de su cartera de prestamos, ha alentado un doble discurso: por un lado, que el sector financiero español ha escapado gracias a su solidez y la vigilancia del Banco de España a la crisis internacional; por otro, que la burbuja inmobiliaria no ha pinchado aun y que cuando lo haga, se llevará por delante al 15 0 20% del sector, obligando a una fuerte reestructuración y concentración. En este panorama todas las entidades financieras toman posiciones. Mientras el Presidente de las Cajas, Juan Ramón Quintás, anunciaba un año desastroso y pedía una recapitalización pública, el Presidente del Banco Santander, Botín declaraba beneficios por un total de 8.876 millones de euros y que la “reestructuración se lleve a cabo sin interferencias políticas”.

El 28 de junio el Gobierno adoptó por decreto ley el texto de la Ley de Reestructuración Bancaria y creación del Fondo de reestructuración (FROB), suspendiendo el derecho de veto de las Comunidades en la Ley de Cajas para aquellas fusiones que pidan ayuda al FROB y dotándole inicialmente con 9.000 millones de euros, ampliable hasta 90.000. El Gobierno cedía la dirección del FROB al Banco de España, que situaría a 5 de los 8 miembros de la Comisión rectora. El proyecto fue apoyado inmediatamente por el BBVA y el Banco de Santander. A cambio, las Cajas obtendrían poco después más flexibilidad en la contabilidad de las propiedades morosas, que podrían contabilizar hasta un 70% de su valor y no el 0% como hasta la fecha. El decreto ley sería ratificado en el Congreso el 8 de julio con los votos del PSOE y del PP. A cambio, Salgado anunció la intención del Gobierno de pedir al sector financiero privado una contribución de 10.000 millones de euros para el Fondo para una Economía Sostenible que esperaba constituir con la nueva Ley del mismo nombre por el doble de esa cantidad.

4.- El conflicto vasco y el recurso del Estatut de Catalunya

La estrategia del Gobierno Zapatero ha sido la de marginar políticamente la cuestión nacional, con la criminalización del entorno de la izquierda abertzale y no solo la represión directa contra ETA y obviar cualquier debate sobre el recurso presentado por el PP al Estatut catalán, a la espera del dictamen del Tribunal Constitucional.

Tras la formación del Gobierno vasco del PSE con el apoyo del PP, la estrategia de criminalización del conjunto de la izquierda abertzale ha adquirido un carácter institucional. Batasuna ha intentado responder a esta estrategia movilizando un espacio, el de los sindicatos y los trabajadores abertzales, de imposible ilegalización. La huelga general del 21 de mayo tuvo ante todo ese carácter democrático, mas allá de la exigencia de un nuevo modelo económico frente a la crisis, cuya credibilidad quedaba cuestionada por la exclusión de CCOO y UGT para privilegiar una movilización exclusivamente abertzale por parte de ELA-LAB y ESK. Una división, por otra parte, que ha paralizado la negociación colectiva desde hace mucho tiempo en el País Vasco para evitar conflictos con la patronal vasca, cercana al PNV. La huelga tuvo un impacto real de un 30% en una gran parte de la industria y algo menos de lo esperado en el sector público. Por si había dudas, Otegui publicó un texto de balance y orientación estratégica que no dejaba dudas sobre sus objetivos: mantener una presencia social y publica y acumular fuerzas para una nueva fase de negociación (Gara 21-06-09).

La decisión pocos días después del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre el recurso presentado contra la ilegalización de Batasuna, supuso un duro mazazo para esta estrategia de la izquierda abertzale. El Tribunal de Estrasburgo recogía toda la argumentación del Tribunal Supremo, en el sentido de “la necesidad social imperiosa de la ilegalización de Batasuna (…) que incita a la violencia”. Para el PNV desaparecía al mismo tiempo uno de sus argumentos públicos de crítica contra la política antiterrorista del PSOE, que a su vez legitimaba su desalojo del Gobierno vasco en las últimas elecciones, a pesar de haber sido el partido más votado, haciéndole depender aun mas en el futuro de posibles trasvases de votos de la izquierda abertzale.

En este marco, la ofensiva de ETA no se hizo esperar. La colocación de un coche bomba en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Burgos causó 66 heridos el 29 de julio. Un día después, colocaba una bomba lapa en Calvia, en Mallorca, que acababa con la vida de dos guardia civiles, seguida de tres pequeñas bombas más en la isla para demostrar su capacidad operativa. Una capacidad que le costaba la continua detención de sus miembros y la desarticulación de su infraestructura en Francia. El conflicto vasco se situaba de nuevo en el callejón sin salida de la espiral represión-respuesta, pero esta vez a favor del Gobierno /11.

La alarma de verano sobre el posible dictamen negativo del Tribunal Constitucional de algunas partes del Estatut catalán tiene un origen mas turbio. De hecho, la polémica fue iniciada por El País pocos días después de que el Gobierno aprobase un decreto ley sobre la televisión digital de pago contraria a los intereses de PRISA, la compañía editora del periódico. A la denuncia como antidemocrática del decreto ley por Juan Luis Cebrian (“Un desatino” EP 21-08-09), siguió un confuso articulo dos días después sobre la supuesta falta de mayoría progresista en el Tribunal Constitucional en relación con el concepto de nación que tienen los catalanes de si mismos y el deber de conocimiento del catalán /12.

La maniobra de desestabilización tuvo el éxito esperado. El vicepresident de ERC, Carod Rovira,  adelantó la necesidad de una gran manifestación en defensa del Estatut antes del dictamen. Sus socios Montilla y Saura, viéndose desbordados por ERC en una nueva confrontación con el Gobierno central que solo podía beneficiar a CiU, pidieron calma y no excluyeron la posibilidad de una manifestación para después. El Ministro de Justicia, Camacho, tuvo que recordar que cualquier dictamen del Tribunal Constitucional tendría que ser acatado, aunque se enfrentase a la voluntad política tanto de las instituciones catalanas como del Congreso de los Diputados, que lo habían aprobado. La batalla por la Generalitat comenzaba así a fraguarse en el peor de los terrenos posibles para el PSC, Montilla y Zapatero.

5.- El PP, la crisis y la izquierda

Por el momento, la estrategia de polarización total del PP puede presentar como éxitos propios no solo su impronta en las 11 leyes aprobadas por el Gobierno con sus votos –que se pueden ampliar a la Ley de Educación- , la nueva orientación del Gobierno vasco y la falta de mella en su electorado de los escándalos por corrupción en sus Comunidades de Madrid y Valencia. Hasta el punto de comenzar el año político con una cena de 2.000 personas en la plaza de toros de Valencia en homenaje al Presidente Camps y acusar al PSOE de “instaurar un régimen de terror”. El año de retraso previsto por la OCDE para que la economía española se incorpore a los “brotes verdes” del resto de las economías avanzadas es el margen que se da a si mismo Rajoy para que el paro erosione el bloque social de izquierdas y el se ponga al frente de una derecha social movilizada en todas sus fuerzas vivas, de los empresarios a la Iglesia católica.

Frente a esa movilización, el principal dique de contención de la izquierda son hoy los sindicatos CC OO y UGT. Es su resistencia y el impulso a la negociación colectiva la que permitirán ganar tiempo en este año y medio para intentar articular un nuevo bloque social. En sus aspectos democráticos con las leyes de aborto y libertad religiosa, en los sociales con unos presupuestos que inicien el giro a la izquierda, manteniendo y aumentando el gasto social y permitiendo una salida a la crisis sin retrocesos en los derechos de los trabajadores a través del debate sobre el nuevo modelo productivo. La izquierda parlamentaria a la izquierda del PSOE (IU, ICV, ERC, BNG, NB) deben proyectar institucionalmente el esfuerzo de la izquierda sindical y social. Porque a pesar de su crisis, su presión es esencial para mantener una correlación de fuerzas favorable dentro del propio PSOE y evitar, en esta situación de “empate técnico” en erosión, la opción por una alianza estratégica con CiU y cesiones del PSOE al PP en nombre de la “política de estado”.

Queda pendiente durante este año y medio si este conjunto de fuerzas a la izquierda son capaces de articular alguna forma de coordinación y espacio común o, por el contrario, seguirán subordinadas a su relación bilateral con el PSOE. El problema de la “refundación” del espacio político a la izquierda del PSOE es común, a pesar de su negativa a aceptarlo. Sin pequeños pasos prácticos también en este campo no será posible comenzar a pensar un horizonte más allá de Zapatero que no implique la pesadilla de Rajoy en el Gobierno.

Notas

1/ Ver Patxo Unzueta, « La inercia de Zapatero », El Pais 18-06-2009. Unzueta hace una descripción de la polarización en términos de “doble crispación” y parece añorar las pretendidas políticas de estado frente a la crisis cuando escribe: “Pero si Rajoy ya no ofrece su colaboración, tampoco Zapatero la reclama en serio, pese a que el momento seria propicio a pactos de estado para hacer frente a los efectos de la crisis, especialmente el paro. No lo plantea porque Zapatero y su equipo más próximo se encuentran más cómodos en el discurso de las descalificaciones sumarisimas de la derecha, que es el que mejor conocen”.

2/ Ernest Mandel, «Déficit budgétaire et internationalisation du Capital dans la théoríe marxiste», La Gauche 12-08-1992, Bruselas. Por su interés, Sin Permiso publicará una traducción de este artículo de Mandel en su próxima entrega. Ver asimismo el reciente artículo de Vicent Navarro, “Efectos de la Regresividad Fiscal”, Publico 3-09-2009. En él, delimita claramente las diferencias políticas entre una fiscalidad neoliberal y otra de izquierdas y concluye: “Presentar el tímido aumento de impuestos de los grupos más pudientes como necesario para cubrir el déficit del estado transmite una visión gestora con escasa capacidad de movilización entre sus bases electorales. Las izquierdas deben recobrar los valores y el lenguaje de izquierdas, subrayando que hay que redefinir la mala   distribución de poder económico (que determina también el poder político), revirtiendo unas políticas fiscales liberales que han sido, durante todos estos años, muy exitosas para una minoría a costa del sacrificio de la mayoría de nuestra población”.

3/Fernando Garea, “El PSOE acepta negociar subidas fiscales a las rentas altas para salvar las cuentas”, El País, 19-06-2009. Las seis condiciones de ICV eran: 1. Eliminar la deducción de los 400 euros; 2. Introducir progresividad en la deducción o prestación de 2.500 euros por nacimiento o adopción; 3. Un nuevo tramo en el IRPF con un tipo marginal del 50% para las rentas más altas de 7.000 euros mensuales;

4. Equiparar las rentas de trabajo y capital; 5. Recuperar el impuesto de patrimonio para bienes muebles e inmuebles superiores al millón de euros;  6. Que deportistas con fichas superiores a los 60.000 euros mensuales no puedan acogerse a una tributación equivalente al 24% del marginal.

4/ En el articulo citado, Patxo Unzueta recordaba los datos aportados por J.M. Maravall en “El control de los políticos”, Ed. Taurus 2003, sobre los efectos electorales del paro: “En 1986 y 1989, el PSOE volvió a ganar por mayoría absoluta con tasas de paro de entre 16% y el 20%, y por mayoría relativa en 1993, con un desempleo del 23%. Mientras que perdió en 1996, cuando ya se había iniciado la recuperación del empleo”.

5/ Ver G. Búster, “Reino de España: los discursos políticos de la crisis”, Sin Permiso, 17-05-09 ( http://www.sinpermiso.info/?id=2580 ).

6/ Ambas plataformas fueron resumidas por Manuel Gomez en “Los sindicatos movilizan a 700 expertos contra la rebaja del despido”, El Pais, 20-06-09.

PROPUESTAS DE LOS 100

– 1. Reducir el número de contratos y unificarlos en un contrato único con una indemnización por despido más barata y creciente en función de la antigüedad.

– 2. Unificar las causas de despido y mantener la tutela judicial sólo para los despidos por razones discriminatorias.

– 3. Aumentar el gasto en prestaciones por desempleo mientras haya crisis y alargar su duración.

– 4. Cambiar la negociación colectiva para flexibilizarla. Que los convenios de empresa prevalezcan sobre los de ámbito superior.

– 5. Centrar las políticas activas de empleo en los trabajadores con menor cualificación.

– 6. Participación de las agencias privadas de empleo en la intermediación laboral.

PROPUESTAS DE LOS 800

– 1. Aumentar la protección social para los trabajadores en paro y aumentarla en el tiempo. – 2. Aumento controlado del gasto público para estimular la economía con la construcción de infraestructuras económicas y sociales que creen empleo.

– 3. Más protagonismo de las políticas industriales, energéticas, medioambientales y educativas.

– 4. Rechazo a la eliminación de la tutela judicial sobre el despido.

– 5. Reformas para el mercado laboral que se encaminen hacia el cambio de modelo productivo.

– 6. Estimular a través de la negociación colectiva medidas de flexibilidad interna en vez de recurrir a contratos temporales y despidos.

 
7/ Ignacio Fernandez Toxo, “Diálogo social: un pacto por la economía y el empleo”  25-05-09 (
http://www3.feccoo.net/bdigital/com/20090528_com/pdf/articulo%20toxo.pdf)

8/ Manuel Gomez resumía en El Pais las posiciones en la mesa de diálogo social (“El Gobierno carga contra la CEOE por defender el despido libre”, 24-07-2009)

SINDICATOS

– Ayudas mensuales de 420 euros a parados sin rentas durante un año.

– Reclamación de un plan de actuación urgente para hacer frente al deterioro de la coyuntura económica con inversiones en infraestructuras, turismo, vivienda.

– Declaración con compromisos y calendarios para abrir la discusión sobre el camino a seguir para cambar de modelo económico.

PATRONAL

– Abrir en el próximo septiembre un debate sobre la reforma laboral.

– Recortes de cotizaciones a la Seguridad Social. Ayer estimaron que había margen para más de seis puntos.

– Colaboración de las agencias de colocación privadas con los servicios públicos de empleo.

– Recorte de cinco puntos en el impuesto de sociedades para Pymes.

GOBIERNO

– Ayudas mensuales de 420 euros a parados sin rentas durante seis meses. El programa puede prorrogarse seis meses más.

– Recortes de cotizaciones a la Seguridad Social de un punto y medio. Uno sólo durante 2010 y otro de forma permanente.

– Mejorar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo para aumentar su mediación en el mercado laboral.

9/ Para un análisis crítico del diálogo social, ver Daniel Albarracín, “Oportunidades para discutir tras la ruptura ¿temporal? de la mesa” Rebelión 8-07-09.

10/ Ver Vincent Navarro, “La reforma de la financiación autonómica: un buen paso pero todavía insuficiente”, Rebelión 18-07-09. Navarro señala con razón el déficit entre el PIB per cápita de España, el 93% de la media comunitaria y el de gasto público per capita, el 71% de la media UE. El déficit supone unos 70.000 millones de euros. Moody´s advirtió casi el mismo día del deterioro de la deuda pública de las Comunidades (EP 22-07-09).

11/ Ver el análisis de Ramón Zallo, “Gabinete López: cien días de palo y sin gobierno” Rebelión 18-08-09.

12/ Julio M. Lazaro, “El Tribunal Constitucional encalla en dos aspectos clave del estatuto catalán”, El Pais, 23-08-09

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Una respuesta a Reino de España: la disyuntiva de la izquierda

  1. alex dice:

    home

    que digan que ERC,BNG,NB e incluso ICV estan a la izquierda del PSOE es hacer una interpretacion muy generosa de ese concepto

    me faltan dedos en la mano para poner ejemplos de lo derechistas que son los postulados de estas pseudoformaciones izquierdistas

    de primeras su Nacionalismo/soberanismo de baratillo ya les invalida como opciones de Izquierdas

    en fin

    hoy en dia hasta Aido y la Pajin pueden emular a Pasionaria verdad???

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