Reino de España: los discursos políticos de la crisis

Reino de España: los discursos políticos de la crisis
G. Buster
Fuente: Sin Permiso

Si utilizáramos el método seguido por el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, en su primera intervención en el  llamado debate del estado de la nación, que lo redujo a la cifra de 4 millones de parados, su resultado se podría resumir en una sola idea: Zapatero le venció por un 23,2% (1). Pero la realidad política, social y económica del Reino de España es algo más compleja y reducirla a una mera cifra, por muy importante que sea, no deja de ser una caricatura.

Tras un largo año de dudas e incertidumbres ante la crisis económica, el bloqueo de la negociación sobre la financiación autonómica, de un cambio de gobierno, y de la perdida de la iniciativa política por parte de Zapatero (2), el PP y los grandes medios de prensa habían creado la expectativa de que este debate del estado de la nación sería el punto de inflexión que, apoyándose en su reciente recuperación de la Xunta de Galicia y su apoyo minoritario pero imprescindible al nuevo gobierno vasco del PSE, preparase la victoria el 7 de junio en las elecciones al Parlamento europeo y comenzase a rentabilizar de manera definitiva la erosión de la crisis económica en el electorado socialista. No ha sido así.

Pero igualmente sería un error pensar que la victoria parlamentaria de Zapatero supone un cambio en la correlación de fuerzas, que se degrada lentamente en perjuicio de la izquierda. Su victoria es, sin duda, resultado de un brillante intento de recuperar la iniciativa política, proponiendo un nuevo modelo de crecimiento sostenible que dé coherencia al Plan E, que suma las sucesivas medidas -hasta 80- de lucha contra la crisis económica del Gobierno Zapatero. Asimismo, de la incapacidad de la derecha de confrontar su proyecto económico neoliberal sin hacer patente la agresión directa que significaría contra la mayoría de la población trabajadora.

Pero las victorias parlamentarias no son suficientes. Todas las encuestas realizadas desde enero de este año muestran como el “empate técnico” entre el PSOE y el PP comienza a decantarse por un ligero aumento del voto conservador, a pesar de la debilidad política de Rajoy y de los sucesivos y graves casos de corrupción de políticos del PP en las comunidades de Madrid y Valencia (3).

La incipiente movilización sindical contra la crisis, que se ha manifestado en las principales ciudades, se apoya en el propio compromiso de Zapatero de que su gobierno no consentirá  “ni abaratar el despido, ni recortar los derechos de los trabajadores”. Al mismo tiempo, se reduce la presión fiscal al 36,6% del PIB, la más baja en 13 años. Pero el Plan de estímulo de la economía española, que ya alcanza el 2% del PIB, sigue sin frenar su contracción dramática, que este año será del 3% del PIB (la mayor en medio siglo), con un paro que se sitúa en el 17,3% y un déficit presupuestario del 9,8%. La credibilidad del Plan E y del Nuevo Modelo de Crecimiento Sostenible depende, en definitiva, de que la recuperación de la crisis se inicie antes de que se alcancen unos niveles de deuda pública -que llegará al 62% del PIB en 2010-,  insostenibles. Ese plazo está marcado electoralmente por las elecciones autonómicas y municipales de primavera del 2011, un año antes de las generales de marzo del 2012.

La opción de las estrategias de debate

La preparación del debate, desde el cambio de gobierno a mediados de abril, es de por sí reveladora y permitía adivinar, contra la opinión mayoritaria de la prensa, su resultado, aunque sólo fuera como una prolongación del debate parlamentario del 22 de abril, cuando Zapatero explicó las razones de la remodelación gubernamental y Rajoy respondió con la descalificación del presidente de Gobierno sin ofrecer alternativas en positivo, en una estrategia larga de desgaste y aislamiento.

En primer lugar, la evolución de la crisis económica ha sido catastrófica. El Banco de España –convertido en el principal portavoz institucional del neoliberalismo-, el FMI y la Comisión europea han ido corrigiendo las previsiones y perspectivas del Gobierno en el sentido más negativo. Además de las cifras ya señaladas, otros indicadores son igualmente alarmantes. La deuda de las familias es 33% superior a sus depósitos y el embargo de viviendas en 2008 se ha doblado hasta los 58.686 casos. La morosidad alcanza el 4,18%, por un total de 77.653 millones de euros. Desde enero se han destruido 766.500 puestos de trabajo y se puede alcanzar en un año el 20% de paro. La inversión ha caído un 23% en el último año y el número de vehículos matriculados un 45,6%. El gasto en obra pública se ha reducido un 20% por segundo año y el índice de precios es ligeramente deflacionario. El New York Times dedicaba su portada del 20 de abril a la crisis económica española, augurando una profunda recesión y una tardía y lenta recuperación, con un aumento peligroso de la tensión social.

Frente a esta evolución, la acumulación de medidas anticíclicas del Gobierno no parecía tener el menor efecto en las cifras macroeconómicas, mientras se agotaba su margen de maniobra con el crecimiento desbocado del déficit presupuestario. Al gobierno le crecían los enanos por todos lados: la negociación autonómica seguía paralizada, a pesar del tremendo coste político para el Gobierno tripartito en Cataluña, a falta de unas perspectivas financieras generales claras; el presidente del Banco de España, Miguel Angel Fernandez Ordoñez, y el Comisario Almunia pretendían reabrir el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y el Pacto de Toledo que lo articula en una agria polémica (4); el ex director de la Oficina Económica de la Moncloa, Taguas -reciclado como presidente de la patronal de la construcción SEOPAN-, exigía la reforma laboral con un solo modelo de contratación de despido abaratado. La gota de agua la aportó el presidente de la patronal CEOE y de la multinacional turística Marsans, Diaz Ferrán -al que el Gobierno español acababa de apoyar en la nacionalización de Aerolíneas Argentinas con dinero público-, cuando aseguró ante un micrófono mal apagado que “la culpa de la crisis la tiene Zapatero, y Esperanza Aguirre es una maravilla”.

El 13 de abril, el PP hizo público su programa económico de lucha contra la crisis, agrupado en 12 puntos (5). Aparte de la enumeración de los problemas por sectores y proponer reformas sin concretar su contenido, algunos aspectos sí son evidentes. El PP quiere una reducción sustancial del gasto público, con una política de ajuste y una reforma fiscal que reduzca las contribuciones de las cuotas de trabajadores y empresarios a la Seguridad Social y el impuesto de sociedades a las PYMES. Quiere una reforma del mercado de trabajo para la introducción del contrato indefinido con despedido abaratado. Quiere la reforma del sistema de pensiones para alargar el tiempo de trabajo. Defiende la energía nuclear, la unidad de mercado, la homogenización del modelo sanitario de subcontratación a la gestión privada y una reforma educativa que mantenga el actual sistema dual de escuela pública y privada concertada. En las 16 páginas del documento no hay la menor cuantificación económica, ni modelo, ni perspectivas presupuestarias. Rajoy fue incapaz de hacer uso de este programa en el debate parlamentario del 22 de abril por su falta de concreción (6) y lo mismo le ocurriría en el debate del estado de la nación,  a pesar de mostrarlo y referirse a él en varias ocasiones.

La soledad parlamentaria del PSOE se hacía más patente con el desarrollo de la alianza con el PP en la Comunidad Autónoma Vasca para apoyar como nuevo lehendakari a Patxi López. El PNV entraba en colisión directa, sumándose a una CiU dispuesta a sacar provecho de la crisis de legitimidad del Tripartito de progreso ante la increíble y provocadora parálisis de la financiación autonómica y sus propios errores de gestión. Por su parte, a pocas semanas de las elecciones europeas, IU, ICV, BNG y ERC marcaban su perfil frente al PSOE, en algunos casos como una medida de supervivencia ante su crisis interna y debilidad. El repliegue del PSOE sobre sí mismo y de Zapatero en particular, evidenciaba una crisis de hegemonía sin alternativa política que no fuese el gran pacto de estado contra la crisis, que Joaquín Estefanía volvió a defender desde las páginas de El País, aunque advirtiendo de sus dificultades ante la creciente polarización política (4-5-2009, “El pacto como Macguffin”).

En realidad, como evidenció el debate del 22 de abril, la creciente polarización y el “empate técnico” dejaba abierta otra posibilidad: situarse por encima de los mismos y apelar directamente a la opinión pública y a las fuerzas sociales para reconstruir un bloque hegemónico que después forzase a las restantes fuerzas políticas a integrarse en él. Las cualidades personales y la coherencia del discurso para dar confianza y legitimidad a esta salida son esenciales. Y es en este terreno donde juega con clara ventaja aún Zapatero frente a Rajoy, como ponen de manifiesto todas las encuestas. Esta sería la estrategia que Zapatero aplicaría en el debate del estado de la nación.

El Plan E y el el Nuevo Modelo de Crecimiento Sostenible

La primera intervención de Zapatero en el debate el 12 de mayo cogió por sorpresa a Rajoy y fue demoledora (7). Según sus asesores, el dirigente del PP había preparado su intervención también sobre la base del debate anterior del 22 de abril, en la línea de responder al ofrecimiento de un pacto de estado contra la crisis exigiendo previamente una rectificación del PSOE y la adopción de sus propuestas, “como en la política antiterrorista” que tomaba cuerpo en el pacto PSOE-PP en la Comunidad Autónoma Vasca; subrayar el carácter catastrófico de la situación económica, en especial el paro y el déficit público; y ofrecer la confianza de la gestión del PP de Aznar en los años de crecimiento frente a la ineficacia de las medidas incoherentes del Plan E.

Apuntó todos estos elementos, pero fue incapaz de articular su discurso frente a la avalancha de medidas ya adoptadas o nuevas, cuantificadas económicamente y dirigidas a distintos sectores específicos que expuso Zapatero. Los cinco años largos del PP fuera del gobierno central y su rechazo al debate presupuestario durante los mismos se reflejaban en las 16 páginas de su programa anticrisis, que poco podían hacer frente a la concreción de la administración central y sus instrumentos en manos socialistas, que toman forma en las 80 medidas del Plan E. Pero sobre todo porque parten de dos principios totalmente contrapuestos. Para Rajoy y el PP, un plan anticrisis es, en última instancia, un plan de ajuste y recortes fiscales neoliberal que, al reducir el consumo y aumentar la desigualdad de rentas solo puede profundizar la propia crisis. La orientación del Plan E parte de la idea contraria de un aumento sustancial del gasto público, sin respetar los Acuerdos de Maastricht, que intente al mismo tiempo asegurar beneficios y prestaciones sociales (es decir, condicionando con estos objetivos la composición del paquete de estímulos) (8) con emisión de deuda pública.

En este sentido, el debate fue más interesante con Durán i Lleida, de CiU, que también defendió una perspectiva neoliberal, pero no tanto centrada en un plan de ajuste como el PP, como en reformas estructurales del mercado laboral y las pensiones y asegurar la liquidez financiera para las empresas con una regulación y gestión bancaria mas estrictas desde el sector público, y en concreto el ICO.

Zapatero comenzó su intervención con una nueva interpretación del estallido de la crisis en el Reino de España, que sustituía a la negación previa durante meses de su propia gravedad y sus patentes errores de predicción. Se trata en realidad de una crisis endógena del modelo de crecimiento basado en el ladrillo, agotado para finales del 2006, que estalla y se agudiza al coincidir con la crisis económica financiera internacional en el 2008. Esta doble combinación es la característica específica que explica la rapidez y gravedad de la crisis en el Reino de España con el desplome de la construcción, que representaba el 11,7 del PIB, frente a la media europea del 7%. Un sector de la construcción, basado en la especulación urbanística, que absorbe durante la década el 23% anual de crédito, limitando la capacidad de acceso al mismo de la industria (8,4%) y de los servicios (13,7%), determinando un modelo económico de baja productividad y un mercado laboral dual de fijos y precarios.

Uno de los momentos más interesantes del debate con Rajoy se centró en la eliminación de las reducciones fiscales para la adquisición de viviendas de los salarios superiores a 24.000 euros anuales a partir del 2011. Rajoy definió esta propuesta como “la puntilla a las clases medias españolas” y Zapatero como el fin de modelo especulativo urbanístico heredado del PP.

El paquete de estimulo económico, articulado en los Fondos de inversión local y de desarrollo económico han creado, según Zapatero, 240.000 y 100.000 empleos nuevos. A ello se añade ahora una rebaja fiscal del 5% para las PYMES con menos de 5 millones de facturación que conserven el empleo. Se anuncian subvenciones de 500 euros para la compra de automóviles y un plan Vive de autobuses para las empresas de transporte. Frente a las críticas de desbordamiento del déficit fiscal y falta de austeridad, Zapatero anunció un recorte de 1.000 millones del presupuesto del 2009, que se suma al de 1.500 millones ya ejecutado.

La evaluación realizada en Consejo de Ministros de los efectos del Plan E hasta la fecha quedó reducida a la llamada a la confianza y que sus efectos se notarán en los próximos meses, ayudando a la recuperación de la crisis en el momento en que se noten de manera más aguda sus efectos sociales en el cuarto trimestre de este año. Hay que destacar que las medidas sociales anunciadas, como el bono de transporte, el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones o del salario mínimo no pueden compararse en su alcance con la insatisfecha exigencia sindical de una extensión de la cobertura por desempleo para los parados de larga duración, cuya situación será  especialmente dura a partir del otoño, cuando se note el efecto del fin de las prestaciones en los parados del desplome de la construcción.

Más allá del paquete de estimulo del Plan E, la novedad de la intervención de Zapatero fue su defensa de un nuevo modelo de crecimiento sostenible para la economía española, que las medidas anticíclicas deben ayudar a desarrollarse. Definido por sus características, el nuevo modelo debe apoyarse en un salto tecnológico en sectores claves que sumen valor añadido, productividad y competitividad a la economía española en la globalización. Que generen empleo estable y cohesión social, apoyándose en los sectores productivos que han sabido superar la crisis (tecnologías de la información, salud y farmacia, atención a la dependencia, energía renovables) y configuran el horizonte de una economía verde.

Para impulsar esta transformación, se anuncia una Ley de Economía Sostenible y un Fondo de 20.000 millones de euros, aplicable a todos los sectores. El proceso de modernización, orientado de esta manera, va acompañado de 14 leyes y las reformas de la educación y la administración de justicia. Tres de las nuevas leyes suponen aumentos de derechos como la de Libertad de Conciencia, la de Interrupción del Embarazo o la de Igualdad de Trato. La negociación sobre la financiación autonómica, después de múltiples retrasos, debe cerrarse antes del próximo 15 de julio.

¿Balance de un año de gobierno?

El debate con los portavoces de IU-ICV y ERC giró en buena parte sobre las limitaciones de las medidas adoptadas hasta las fecha y sobre los elementos contradictorios de la visión del nuevo modelo de economía sostenible de Zapatero, en especial sobre el alcance de la política de cheques sociales en el conjunto del Plan E o el mantenimiento operativo de las vetustas centrales nucleares españolas.

Sin embargo, la intervención del portavoz del PNV, Iosu Erkoreka, se salió del terreno elegido por Zapatero para plantear un debate político sobre la orientación, coherencia y política de alianzas del Gobierno Zapatero en este primer año de la segunda legislatura. En definitiva este es uno de los objetivos declarados de un debate del estado de la nación, aunque el punto de partida fuese la alianza del PSOE y del PP en la Comunidad Autónoma Vasca, que ha desalojado al Gobierno tripartito PNV-EA-EB en unas elecciones cuya legitimidad queda cuestionada por las consecuencias de la Ley de Partidos que impidió presentarse a la izquierda independentista vasca próxima a Batasuna.

Erkoreka atribuyó la inseguridad política generada por el “empate técnico” bipartidista a la política asimétrica de alianzas del PSOE, que le llevan a las contradicciones de defender una política de mantenimiento de derechos sociales frente al PP y a aliarse con este partido contra el nacionalismo vasco; a apoyarse en sindicatos y partidos a su izquierda para ciertas políticas sociales pero adoptar medidas económicas del PP que favorecen a sectores industriales o financieros muy determinados. A provocar el propio aislamiento del PSOE en nombre del diálogo y el consenso.

Zapatero liquidó este debate en tres frentes: negó cualquier posibilidad de diálogo y acuerdo con el soberanismo vasco, expulsado fuera del campo constitucional (que confirmaría poco después la ilegalización de la candidatura de Iniciativa Internacionalista); acusó al PNV de no reconocer la legitimidad de la alternativa construida por el PSOE en la Comunidad Autónoma Vasca; y se ofreció al diálogo y el pacto con un PNV distanciado de su actual dirección. Pero no entró en el núcleo de la crítica de Erkoreka, que hoy por hoy no le deja otro camino para la aprobación de los presupuestos del 2010 que la negociación con la izquierda plural compuesta por ERC, IU-ICV y el BNG.

Zapatero ha hecho un enorme esfuerzo para retomar la iniciativa política en un marco de aislamiento parlamentario también sin precedentes. La propuesta de diálogo a tres niveles busca escalonar progresivamente la construcción de alianzas para poder presionar a los sectores más distantes. Primero con los sindicatos, que deben elegir entre la gestión de la crisis negociada con Zapatero o ver como la erosión de la base social socialista termina con un gobierno del PP. Méndez se ha alineado ya en esta orientación tras el Congreso de UGT. Pero Toxo, el secretario general de CCOO, mantiene una mayor distancia crítica y autonomía de este sindicato. Segundo, con los gobiernos autonómicos, del PP y del PSOE, para llegar a un acuerdo global de financiación autonómica antes del 15 de julio y que deberá integrarse en los presupuestos del 2010. Por último, a nivel parlamentario, asegurándose los 7 votos imprescindibles para hacer aprobar los presupuestos.

A fuer de resultar pesados, no cabe sino repetir que la tarea de la izquierda de la izquierda empieza por su propia recomposición organizativa -superando la dinámica de fragmentación y el sectarismo- y la elaboración de un discurso crítico capaz de cuestionar los límites del proyecto hegemónico de Zapatero. Las condiciones materiales para ello dependen en buena medida de la evolución de la crisis económica en los próximos meses y de la capacidad de resistencia sindical frente a la política patronal de EREs, reducción de empleo y congelación salarial en sectores y empresas. La renovación de la izquierda dependerá de que surja una nueva generación de dirigentes sindicales en esos conflictos sociales defensivos, capaces de articular un discurso unitario de clase.

La credibilidad de un discurso crítico -que cuestione la lógica de un paquete de estímulos económicos anticíclicos que siguen subordinando a la recomposición de la tasa de ganancias y los beneficios de las empresas el incremento del gasto social, que aumenta el déficit público para no abordar una reforma fiscal progresista o que proyecta el nuevo modelo de crecimiento en las subvenciones y estímulos fiscales a las empresas privadas y no en el crecimiento del sector público-, sólo puede sostenerse en una práctica social de resistencia unitaria de clase que genere la necesidad de un nuevo programa socialista y una nueva hegemonía, más allá del “empate técnico” entre el PSOE y el PP que hoy sufrimos.

NOTAS

(1) La encuesta de opinión realizada por el CIS tras el debate dio a Zapatero ganador con un 37,6%, a Rajoy por un 14,4% y el 29,3% se negó a dar la victoria a ninguno de los dos. Sin embargo, Zapatero ha perdido 5,5% puntos de ventaja en relación con el debate del 2007, habiendo ganado los cinco realizados desde el 2004. Otros datos de la encuesta son también interesantes: uno de cada tres encuestados no habla nunca de política; el 44,3% consideró el debate “interesante pero sin mucha utilidad” y el 28% que “aburren a la gente”. Ver http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html.

(2) Ver los artículos publicados en Sin Permiso, “A un año de la segunda legislatura Zapatero: después de las elecciones vascas y gallegas ¿comienza la cuenta atrás?” y  “Zapatero II: ¿cambio de ritmo o repliegue sobre sí mismo?”.

(3) A comienzos de abril, antes del cambio de gobierno, Publiscopia otorgaba al PP una ventaja de 1,5%, tras un aumento del PP de 1 punto y una caída del PSOE de 4  (40,7% PP, 39,5% PSOE). Un mes mas tarde, el 2 de mayo, Metroscopia situaba esa ventaja en 1,2% (40,8% PP, 39,6% PSOE). La encuesta del CIS de abril corregía los datos para repetir el “empate técnico”: PSOE 40,8%, PP 40%. Sin embargo, Rajoy (3,54) es peor valorado que Zapatero (4,43), aunque ninguno aprueba. Estas encuestas se refieren a la intención de voto en las elecciones generales, porque las encuestas sobre la intención de voto en las elecciones europeas dan una clara ventaja al PP de 4 puntos (44% PP, 40% PSOE), pero con una tasa de participación muy baja, no superior al 40% (Publiscopia del 5 de mayo).

(4) Ver al respecto los artículos de Vicenç Navarro, “El falso problema de las pensiones” (8-5-2009)  y “Los errores de Almunia, Fernandez Ordoñez y el PPE” (13-5-2009) en Rebelión http://www.rebelion.org.

(5) http://www.pp.es/actualidad-noticia/plan-anticrisis-partido-popular_523.html

(6) La inconcreción del programa anticrisis del PP demuestra la dificultad de la derecha para defender con todas sus consecuencias un programa neoliberal y mantener su amplia base social interclasista. Sin embargo, detrás de la inconcreción hay referencias claras al programa anticrisis de la CEOE: la desregularización administrativa de los EREs, la rebaja de tres puntos de las cuotas patronales a la seguridad social, el llamado “contrato de crisis” que abarata el despido, la reforma del sistema de pensiones y la gestión por las mutuas del absentismo laboral. Como se puede observar, este programa no tiene tanto el objetivo de luchas contra las causas de la crisis, como imponer reformas estructurales que cambien la correlación de fuerzas a largo plazo en el modelo productivo.

(7) Las actas del debate pueden encontrarse en http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_081.PDF

(8) Ver en este sentido el estudio de la OCDE, “Strategies for aligning stimulus measures with long-term growth” que incluye cuadros comparativos de las políticas seguidas por los distintos países. En un reciente seminario en Madrid de la Universidad Nómada sobre la crisis, el economista John Schmitt  del Economic Policy Institute de EEUU señaló la debilidad comparativa del Plan E español, las dificultades adicionales de la falta de política monetaria nacional y del enorme peso de las transferencias frente al gasto publico directo, más eficaz. Vicenç Navarro también ha abordado recientemente este problema en relación con el balance de la gestión de Solbes: “La necesidad de un cambio en la política económica del Gobierno español”, Rebelión 16-4-2009.

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