Zapatero II: ¿cambio de ritmo o repliegue sobre sí mismo?

Zapatero II: ¿cambio de ritmo o repliegue sobre sí mismo?
G. Buster
Fuente: Sin Permiso

“Cambiar de ritmo”, “un gobierno para hacer frente a la crisis”, “mayor peso político”. Los titulares diseñados por Moncloa para presentar al nuevo gobierno hacen hincapié en una nueva voluntad política, en una recuperación de la iniciativa por parte de Zapatero que marcaría definitivamente el curso de esta segunda legislatura.

La realidad es otra y el cambio de gobierno, en su concepción y desarrollo, muestra todas las limitaciones del Gobierno Zapatero que hemos ido analizando en Sin Permiso, con una degradación lenta pero continua de la correlación de fuerzas en su contra, sin que se vaya a la raíz de los problemas políticos que la ocasionan. Frente a la crisis económica, la estrategia de verdad no ha sido otra que la de ganar tiempo con la emisión de deuda pública, en la esperanza de poder cumplir simultáneamente sus promesas de mantenimiento del gasto social, por un lado, y su apoyo a los beneficios de las grandes empresas, por el otro. La reforma estatutaria se encuentra bloqueada en la negociación de su financiación, sobrepasados ya todos los plazos estatutarios, mientras a credibilidad del gobierno tripartito catalán se erosiona sin remedio. En Euskadi, el giro político iniciado por el PSE en 2004 ha completado un recorrido de 360 grados para volver a la alianza con el PP y a un “frentismo constitucionalista” enfrentado al conjunto del nacionalismo vasco.

El impulso político de la primera legislatura, “la modernización definitiva” del Reino de España, parece acabar en un repliegue sobre sí mismo del PSOE y su capacidad técnica de gestión, sin horizontes de cambio social o político, apoyado en el prestigio personal de Zapatero, solo frente a la crisis y después de haber situado al resto de las fuerzas políticas en la oposición, aun sin contar con una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El cambio de Gobierno a sólo un año de haber ganado las elecciones de 2008 muestra el error de haber mantenido en lo esencial el equipo de la primera legislatura ante una nueva situación de crisis económica tardía, renuente e incompetentemente reconocida como tal, y augura grandes dificultades políticas a la hora de proceder a ulteriores cambios de Gobierno, pase lo que pase, de aquí a las elecciones generales del 2012.

La escenografía

El cambio de Gobierno ha tenido una larga preparación, bajo una fuerte presión mediática, alentada desde sectores del propio PSOE que habían quedado en segunda fila tras las elecciones de 2008, y que exigían “renovación” generacional. Políticamente, esta presión ha sido ejercida desde la derecha, con el objetivo de extender su capacidad de veto a través de “acuerdos de estado” sectoriales PSOE-PP, al mismo tiempo que alimenta la fuerte polarización política entre ambos partidos.

La larga preparación no ha evitado el descontrol en la manera en que se ha producido el cambio, hasta provocar una crisis velada de Gobierno, es decir una crisis de la autoridad política de Zapatero. El primer episodio fue el cese del ministro de justicia Bermejo a fines de febrero, como consecuencia de la huelga de jueces y de la presión de la derecha, y su sustitución por Francisco Caamaño. El segundo, el continuo cuestionamiento de Solbes en los últimos meses como ministro de economía, no solo desde la oposición, sino desde sectores del propio PSOE, hasta el punto de tener que defenderse solo y reiterar él mismo la confianza que le depositaba un presidente de Gobierno mudo en el Congreso. El tercer episodio, que mostró la falta de coordinación de la acción del gobierno, fue el anuncio de la retirada de las tropas españolas de KFOR en Kosovo sin la necesaria preparación diplomática y poniendo en primer plano mediático a la ministra de defensa, Carme Chacón, quien vio públicamente cuestionada su decisión desde Moncloa por el secretario general Bernardino León.

Conocemos ya que la primera semana de marzo Solbes había presentado su dimisión ante el silencio de Zapatero, y que el 11 de ese mismo mes el presidente del Gobierno había pactado con Chaves su sustitución al frente de la Junta de Andalucía, después de 19 años, y su nueva tarea como Vicepresidente tercero responsable de la coordinación de las políticas territoriales (El País 10-4-09). Hasta el 5 de abril, fecha de la filtración por “fuentes próximas al Presidente del ejecutivo” de las líneas generales del cambio de Gobierno al diario El País, Zapatero parece haberlo preparado en contacto con la vicepresidenta Maria Teresa Fernández, el ministro del interior, Alfredo Rubalcaba, y el vicesecretario general del PSOE, Pepe Blanco.

La filtración se realizó con Zapatero en Estambul, en donde asistía al II Foro de la Alianza de Civilizaciones como copresidente, junto al primer ministro Erdogan. Un evento colofón de la llamada “semana fantástica” de la política exterior española, que había comenzado con la asistencia como invitado a la Reunión del G-20 en Londres, había seguido con la Cumbre de la OTAN en su 60 aniversario en Bruselas y continuado luego con la Cumbre UE-EE UU en Praga, en cuyos márgenes tuvo lugar el ansiado encuentro bilateral con Obama.

La escenificación completa del nuevo papel de España en el naciente sistema internacional multilateral –en sus vertientes económica, de seguridad, transatlántica y cultural, esta última considerada aportación específicamente española—, que tanto esfuerzo había costado y al que tanta importancia se había dado tras el fiasco diplomático de la retirada de las tropas españolas de Kosovo, quedó en segundo plano por el anuncio de la crisis de Gobierno. Una crisis que parecía pillar por sorpresa al principal urdidor de la misma: mientras sus principales detalles ocupaban la primera pagina de todos los periódicos, Zapatero solo pudo contestar a los periodistas: “es una facultad que corresponde al Presidente del gobierno y no lo comento, mucho menos fuera de España”.

La lógica del cambio de gobierno

Dos días más tarde, el 7 de abril, ya en Moncloa, Zapatero anunciaba la composición del nuevo gobierno. Cesaban el ministro de economía Solbes, la ministra de educación Cabrera, el ministro de sanidad Soria, el ministro de cultura Molina y la ministra de fomento Álvarez.

El núcleo importante de esos ceses es, sin duda, la vicepresidencia segunda que ostentaba Solbes como ministro de economía y coordinador de los ministerios del área. Solbes había mostrado en numerosas ocasiones su desacuerdo con una estrategia económica ante la crisis fundada en ganar tiempo con una política expansiva financiada con una deuda pública que ha pasado en año y medio del 35 al 50% del PIB. Es difícil saber el alcance de los desacuerdos de Solbes, pero entre éstos se halla claramente una apuesta por una gestión presupuestaria más rígida, con un déficit público más contenido (el español ha pasado en las previsiones del 1,6%, al 3,5%, al 5,8%, para finalmente situarse, al parecer, en el 8,3% para fines de 2009, según el Banco de España).

Frente a la autonomía parcial de Solbes, sustentada en su acreditada capacidad técnica y en su larga trayectoria como ministro y comisario europeo, la designación de Elena Salgado subraya su “capacidad de gestión”, avalada por la puesta en marcha del Plan de ayuda a los ayuntamientos –8.000 millones de euros—, que se ha convertido en el instrumento más visible de su plan anti-crisis. En este sentido, Zapatero trata de escapar de las presiones que habían rodeado en los últimos meses la gestión de Solbes, con el pulso de dos lógicas distintas de salida a la crisis, defendidas por las patronales CEOE y AEB, por una parte, y los sindicatos CC OO y UGT, por otra, haciéndose personalmente responsable de la política económica encaminada a contrarrestar los efectos de una crisis verosímilmente devastadora.

El discurso de Zapatero en el Congreso Confederal de UGT, pocos días antes de la crisis de Gobierno, reiteró su compromiso con el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los salarios, con el gasto social y el consenso con las organizaciones sindicales, sin medidas unilaterales del Gobierno bajo la presión de la patronal. Pero, de nuevo, la estrategia seguida se basa en confiar en que la crisis remita hacia finales del 2010 y que sea posible colocar en el mercado la deuda pública necesaria, superando incluso el 60% del PIB en un nuevo paquete de medidas a finales del 2009, cuando se agote el efecto de las actuales y se hagan sentir las consecuencias sociales más duras de la crisis, en términos de empleo y agotamiento de las prestaciones por el paro de la primera oleada de despidos (más del 3% de la población activa). Por eso, y con independencia de la manifiesta voluntad gubernamental de limitarse a una “buena gestión”, es de prever que las tensiones suscitadas en el llamado “diálogo social” entre dos lógicas de intereses irreductiblemente contrapuestos –la patronal y la sindical— se traducirán día sí y otro también en sucesivos e impertinentes aldabonazos a las puertas de los ministerios económicos, y aun a las de Presidencia del Gobierno, en busca de un arbitraje definitivo que modifique la correlación de fuerzas.

La creación de la Vicepresidencia tercera, que ocupará Chaves, deposita en el veterano Presidente del PSOE –el político que durante más tiempo ha estado al frente de un gobierno autonómico, y quien solo quedaba esta salida de Andalucía— la responsabilidad de la negociación sobre la financiación autonómica y el cierre de la reforma de los estatutos de autonomía. Desbloquear la negociación es una cuestión de supervivencia para el Govern tripartito catalán (1), que ha visto hasta la fecha rechazada su interpretación de su propio Estatut, paralizada su aplicación y recurrido el propio texto ante el Tribunal Constitucional por el PP, a pesar de su ratificación en referéndum. Y al mismo tiempo, también para el Gobierno central, cuya relación con el PSC depende de esta negociación, sin que sean imaginables por el momento giros de 360 grados como en Euskadi, aunque haya sectores del PSOE que defiendan desde hace tiempo la sustitución del Tripartit por un gobierno CiU-PSC. Es importante señalar que la secretaría de estado de financiación territorial sigue en el Ministerio de Economía, no en el nuevo ministerio de coordinación territorial.

Otra de las consecuencias de la creación del ministerio de coordinación territorial –a la espera de su nombre definitivo— es el desguace del Ministerio de Administraciones Públicas. Separadas definitivamente las administraciones autonómicas de la central en el nuevo organigrama, la secretaría de estado de administración pública, el Instituto Nacional de Administración Pública y la mutua de funcionarios MUFACE pasan a depender del Ministerio de la Presidencia y de la vicepresidenta primera Fernández de la Vega. La creación de una tercera vicepresidencia y área de coordinación queda compensada parcialmente en el caso de María Teresa Fernández con esta nueva responsabilidad directa sobre la administración central y la presencia de miembros de su equipo más cercano, como Francisco Camaño, al frente del Ministerio de Justicia. Pero sin un proyecto de reforma de la administración central, la gestión puede limitarse a la de las tensiones salariales en un sector clave como el de los funcionarios públicos.

El nombramiento del vicesecretario general del PSOE, Pepe Blanco, como Ministro de Fomento coloca bajo su responsabilidad directa el principal instrumento de gasto público en la fase más aguda de la crisis y su rentabilización política de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2011 y a las generales de 2012. La creación del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, agrupando en una sola cartera una parte fundamental del gasto social, responde a la misma lógica de rentabilización política electoral, tarea que recae en este caso en Trinidad Jiménez. Pero con unas competencias transferidas a las Autonomías y que dependen, como la Ley de Dependencia, de la negociación final sobre financiación autonómica.

El Ministerio de Educación vuelve a recuperar con Ángel Gabilondo la gestión de todos los ciclos de enseñanza, para enfrentarse a la vez a un doble conflicto: por un lado, el de la movilización de la derecha social contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía y, por otro lado, el de un sector significativo de estudiantes y profesores universitarios contra la aplicación del Plan Bolonia.

El repliegue

La racionalización de las estructuras de Gobierno tras los errores cometidos en su reforma hace un año no puede suplir a la respuesta a la crisis de hegemonía y a la falta de proyecto político en positivo. La pretendida “renovación generacional” iniciada con Carme Chacón y Bibiana Aidó en el anterior gabinete, da paso a un Gobierno más piramidal, que refuerza la responsabilidad última de Zapatero en todas las esferas, apoyado en un “núcleo duro” político (Fernández de la Vega, Chaves, Blanco, Rubalcaba), en un grupo de gestión técnico estable (Espinosa, Salgado, Moratinos, Sebastián) y en un tercer nivel de ministerios de rentabilización político-publicitaria y gestión clientelar (Chacón, Jiménez, Aidó, Garmendia, Gonzalez Sinde, Gabilondo…).

El repliegue sobre sí mismo del Gobierno Zapatero revela el agotamiento de los cuadros del PSOE surgidos alrededor de la “Nueva Vía” en confrontación con la herencia del felipismo. El énfasis en la gestión responde a un escenario político que, tras las elecciones al Parlamento europeo (2), el 7 de junio de este año, dispondrá escasamente de año y medio –¡y coincidiendo con el trecho socialmente más duro del ciclo de la crisis económica!— para preparar las elecciones autonómicas y municipales en la primavera del 2011, que en la práctica vendrán a inaugurar una larga precampaña hasta las elecciones generales del 2012. La gestión de la inversión pública, el mantenimiento del gasto social y el cierre de la negociación de la financiación autonómica, todo ello financiado con emisión de deuda pública, son su alternativa política. Una alternativa que se pretende llevar a cabo en el marco de un sistema de alianzas parlamentarias cada vez más inestable, mal que bien mantenido merced a la polarización generada por una derecha social y política en permanente movilización. El énfasis puesto en la gestión de un proyecto político defensivo no puede ocultar, sin embargo, ni la erosión en la correlación de fuerzas que provoca, ni la inseguridad política generada, que viene a agravar la inseguridad social alimentada por la crisis económica.

En ese espacio de inseguridad doble, que viene a actuar a modo de cerco acechante del repliegue del gobierno Zapatero sobre sí mismo, se sitúa la presión de la derecha y sus ofrecimientos de “pactos de estado” pretendidamente generadores de estabilidad. La huelga de los jueces, consecuencia indirecta del Pacto por la Justicia del PSOE y el PP, ha podido demostrar hasta qué punto se trata es esa estabilidad un espejismo. Pero en el terreno económico, en el llamado “diálogo social”, tendría consecuencias desastrosas sobre la correlación de fuerzas, y debilitaría irreversiblemente la capacidad de resistencia sindical ante la crisis. De ahí la responsabilidad en esta coyuntura de las direcciones de CC OO y UGT y la enorme importancia de su posición de firmeza en los Acuerdos para la Negociación Colectiva y en los convenios colectivos sectoriales.

NOTAS:

(1) Un día después de la formación del nuevo gobierno Zapatero, las fuerzas del Tripartit (PSC, ERC e ICV-EUiA) actualizaban su pacto de legislatura sobre tres ejes: reforzamiento del estado del bienestar; calidad democrática de las instituciones autonómicas; potenciar la economía real frente a la crisis. Se trata de una lista de reivindicaciones mínimas en la negociación de la financiación autonómica, con la transferencia de competencias en infraestructuras y políticas sociales. El Govern de progrés ha estado asediado por la escasa visibilidad de sus políticas sociales, el bloqueo del Estatut, el diálogo del PSOE con CiU y finalmente con la represión del movimiento universitario contra Bolonia, de una brutalidad injustificable.

(2) La primera encuesta realizada a nivel europeo (Burson-Marsteller) de intención de voto en las elecciones europeas da una mayoría al PP del 40,2%. El PSOE obtendría el 37,4%, un 6,3% menos que en las anteriores elecciones europeas, y UPyD obtendría el 5,2% y 2 escaños. El resto de las fuerzas minoritarias obtendrían cada una 1 escaño. La tasa de abstención superaría el 50%.

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One Response to Zapatero II: ¿cambio de ritmo o repliegue sobre sí mismo?

  1. […] remodelación del gobierno producida a principios de abril, no apunta cambio alguno de orientación política.  Esta remodelación ha tenido mas que ver con necesidades relacionadas de las encuestas, que con […]

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