La izquierda, si existe, ha de limitar la propiedad privada

La izquierda, si existe, ha de limitar la propiedad privada
Antonio Fuertes Esteban.
Fuente: Rex Pública Global

Entre los derechos negativos que la democracia liberal prescribe figura el derecho irrestricto a la propiedad, entendido como el que asiste a particulares y corporaciones a preservar sus bienes y titularidades, y que la ley ha de proteger y defender. Este derecho está muy bien flanqueado por otro que también se pretende irrestricto y que supone asimismo la defensa a ultranza del derecho a la intimidad, que aplicado al uso y disfrute de la propiedad significa el secreto, y por lo tanto la opacidad, en lo que atañe al uso de capitales y titularidades. El secreto bancario y los diferentes instrumentos para ocultar a los auténticos propietarios y/o titulares de cuentas, bienes o empresas, son formas habituales protegidas en distintas jurisdicciones de este derecho, que se pretende absoluto a la intimidad y que sirve para reforzar el derecho a la propiedad.

La propia naturaleza de nuestras democracias liberales ha protegido mediante la ley y con carácter resolutivo, los derechos a la vida y a la propiedad y los ha protegido eficazmente de la intromisión, sustracción o agresión externa de terceros. Es decir especialmente en su acepción negativa, penalizando inexorablemente cualquier acción de terceros que pueda atentar contra la vida o la propiedad.

Si bien esta naturaleza liberal de nuestras democracias no ha sido capaz de incorporar y defender con la misma determinación los derechos positivos a condiciones de vida dignas. Estos derechos, conllevan la acción positiva del Estado en promover los derechos económicos y sociales como fundamentos y garantías del Estado de Derecho, hoy comúnmente aceptado y plasmado en las diferentes constituciones como Estado Social y Democrático de Derecho. Y es que lo que fundamentalmente permanece en el fondo del actual proyecto democrático es la garantía de defensa de los derechos y valores liberales: la garantía de protección de la vida y la propiedad de agresiones y sustracciones externas, y los valores del mercado y la libre competencia como bases necesarias de ganancia y de acumulación de la propiedad. Estos derechos negativos constituyen desde el inicio de la democracia liberal el “corazón” del proyecto plutocrático del dinero o proyecto capitalista, y son los que legitiman y garantizan actualmente el ordenamiento jurídico-administrativo del llamado “Imperio de la ley” y que se sitúan por encima de los llamados derechos positivos que se entiende ha de satisfacer un estado social y en especial de derechos económicos y sociales como por ejemplo el derecho a trabajo, vivienda, salud, educación o servicios sociales dignos.

Esta naturaleza liberal de la democracia actual es defendida por las diversas elites y poderes conservadores que exigen, de los poderes democráticamente constituidos, Estados fuertes que defiendan los intereses de los propietarios y corporaciones y Estados mínimos que dejen actuar al mercado y no que intervengan sobre él regulándolo y constriñéndolo o que garanticen bienes y servicios de titularidad pública.

Actualmente la defensa de la propiedad y la libertad de mercado a ultranza, hasta sus últimas consecuencias y a cualquier coste, forma parte de una nueva ofensiva del proyecto plutocrático del dinero, ahora neoliberal, para desembarazarse del proyecto político y social de ciudadanía que formó parte del consenso social de post-guerra. Se lo permiten y favorecen la emergencia de nuevos mercados en países con gobiernos abiertos a la competencia y la pasividad de una izquierda, en los gobiernos o en la oposición, para quien la vergüenza del desarrollo y derrumbe del experimento socializador en los países del Este significó el cuestionamiento de sus valores fundamentales – igualdad, libertad y solidaridad- que de ser valores fuertes de su acción y comúnmente aceptados, pasaron a ser débiles y cuestionados. Una ”izquierda” que en Europa primero ya había sido pseudo-colonizada en el marco de la OTAN , más tarde hipnotizada desde las “terceras vías” y que finalmente ha sucumbido a las continuas exigencias del mercado.

Respecto a la trascripción de los valores de izquierda a los marcos político-jurídico-administrativos podríamos poner algunos ejemplos:

– En lo que respecta a la igualdad ante la ley, la izquierda actual en este país no es capaz, ni siquiera tiene la voluntad, de tratar por el mismo rasero de la ley fraudes multimillonarios – como los cometidos por los presidentes y ejecutivos de grandes bancos como el BSCH o el BBV que resultan sobreseídos judicialmente y quedan impunes – y los pequeños fraudes a los que normalmente sí se aplica la ley. Esto no es igualdad ante la ley.

– En lo que respecta a la igualdad de oportunidades, el actual Gobierno no actúa activamente promoviendo políticas de creación de empleo. O por ejemplo no actúa en educación promoviendo acciones positivas que sienten bases de una mayor igualdad de oportunidades en la educación, muy al contrario el actual proceso de Bolonia pretende establecer un marco universitario en Europa sometido fundamentalmente a intereses mercantilistas.

– En general la brecha entre ricos y pobres se acentúa, con lo que se deteriora en los países los proyectos colectivos y la democracia sustancial, más allá de los procedimientos electorales. Ya Alexis de Tocqueville, en su crónica de la Democracia en América valoró la igualdad sustancial de partida como una de las bases necesarias sobre la que se levantó la República de los EE. UU de América, por él catalogada como democracia. Es comúnmente reconocido que la desigualdad ostensible deteriora la democracia, como ha hecho con la democracia Americana.

– La libertad es incompatible con la dominación que ejercen las corporaciones sobre los trabajadores y trabajadoras a nivel mundial y que en muchos lugares no tienen más remedio que aceptar vender su fuerza de trabajo y someterse a condiciones de explotación y/o indignidad para poder sobrevivir.

– Las condiciones de competencia se han impuesto a la solidaridad entre personas y entre países.

Son simples ejemplos que nos informan de cómo por medio del desarrollo no regulado de los intereses del poder del dinero, se han ido desnaturalizando y perdiendo valor y proyección social y política los valores de izquierda, y ello a instancias de gobiernos conservadores y de gobiernos de izquierda que han olvidado lo que significa la política como instrumento de transformación social y han pretendido gestionar más eficazmente el sistema capitalista, basado en el derecho irrestricto e ilimitado a la propiedad.

Habremos de recurrir al socialismo clásico para poder de nuevo ir definiendo un proyecto que cree consenso y movilice a las fuerzas sociales que persiguen un cambio hacia otro mundo mejor posible. Una de las enseñanzas que la historia pasada y reciente nos enseña es que hay que poner coto al poder económico para recuperar la política como herramienta que la ciudadanía y los gobiernos tienen para promover el cambio social y una auténtica democracia. Y en el inicio y la base de este proyecto necesariamente hemos de preguntarnos de nuevo ¿Qué hacemos con la propiedad?.

Aquí quiero apuntar a lo que considero el núcleo de la cuestión, y es que lo que ha precipitado la actual crisis sistémica y ha puesto en tela de juicio la libertad absoluta del mercado como valor supremo no ha sido como algunos han dicho la avaricia – no se puede disfrutar tanto dinero en mil vidas – sino el desarrollo natural y no regulado del poder del dinero en todos los frentes (laboral, medioambiental, comercial, financiero,….etc), un poder soberbio, que no admite críticas ni limitaciones, que no se mira en el espejo de los desposeídos ni de la degradación del medio ambiente y que desatado y autista ha sentado las bases de la actual implosión en los mercados financieros globalizados, de la cual saldrán perjudicados sobretodo los más débiles. Hay que poner límites al poder del dinero, hay que limitar la propiedad y ello supone asumir desde el poder democrático la necesidad de remover ordenamientos jurídico-administrativos y constitucionales si fuese necesario.

Limitar la propiedad, hoy globalizada, supone la coordinación de actuaciones nacionales, supranacionales e internacionales orientadas a: Crear unas reglas de comercio justas, posibilitar/crear una fiscalidad nacional e internacional necesariamente progresivas y orientadas a la justicia re-distributiva, acabar con las cuevas del delito que suponen los paraísos fiscales, el desarrollo de lo común – fomentando al mismo tiempo un fuerte sector público que limite lo privado y atempere la competencia – , el fomento de la solidaridad internacional en un clima de paz y el desarrollo efectivo de los derechos humanos fundamentales.

En el mundo globalizado en el que las corporaciones y grandes fortunas acumulan un poder capaz de sobreponerse a los poderes políticos constituidos, la libertad no debería entenderse fundamentalmente como libertad de negocio y para ello lo común o público debe de cumplir el papel garantista que le ha de corresponder en un Estado Social y Democrático de Derecho. En breve el Estado liberal ha de ser re-interpretado y acotado desde el Estado Social si no queremos que el libertarismo económico acabe con la política y con el mismo contrato social que posibilita al Estado.

A los políticos en quienes hemos depositado nuestra confianza es tiempo de interpelarles ¡O con la justicia y la democracia o con el dinero!. Esperemos que su decisión sea la adecuada y les haga sentirse orgullosos y no que les lleve a que se les “caiga la cara de vergüenza”.

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