Política económica sin discurso político

Política económica sin discurso político
Juan H. Vigueras
Fuente: ATTAC-España

Ante todo, ¿dónde está el diagnóstico de la situación económica española? Sea del gobierno o de la oposición. Difícilmente se pueden entender los planes de la política económica del gobierno si no se tiene claro cuales son las causas que considera que han generado lo que se pretende remediar. ¿O solo pretende ofrecer gestión y administrar los recursos públicos?. Por lo demás, la discusión sobre crisis o desaceleración económica suena a palabrería mediática tan inútil como las invectivas y las lamentables descalificaciones personales de la oposición. Porque de la información publicada, al alcance de cualquier ciudadano, podríamos deducir fácilmente tres causas del denominando ahora “estancamiento y frenazo”.

– Primero, se olvida que fueron los impagos de las hipotecas subprimes en los EEUU los que desencadenaron la crisis financiera, la inestabilidad bursátil, las restricciones de créditos, la desconfianza entre los bancos y las consiguientes subidas del euribor. Un resultado de la globalización de los mercados financieros, en suma, que el “espacio financiero europeo” donde estamos, sin fronteras exteriores y sin supervisor comunitario, tradujo en consecuencias económicas que sufren ahora los ciudadanos.

– Segundo, ¿por qué no se dice que esa crisis financiera trajo el pinchazo de nuestra burbuja inmobiliaria? Una burbuja, producto del dinero barato, que todo el mundo conocía pero que el ala económica del gobierno, tan socioliberal ella, consideraba que se desinflaría suavemente por sí sola y que el libre mercado se corregiría por sí mismo.

– Y tercero, las simplificaciones mediáticas del “España va bien” y el “España va mejor” estimularon una sociedad consumista de nuevos ricos, de vacaciones en el extranjero con pago aplazado y que derrocha energía comprada en el exterior. Y una economía tan dependiente del petróleo ajeno tiene que afrontar ahora la realidad de unos costes y precios elevados; por lo que su consumo se tendrá que reducir forzosamente, con menos campañas publicitarias y más discurso político

Si se contrasta ese diagnóstico abreviado con las medidas gubernamentales de abril, junio y las últimas 24 de agosto 2008, deduciremos dos conclusiones básicas. Y son, que seguimos instalados en el fracasado paradigma económico neoliberal y que falta un liderazgo político con la dimensión pedagógica de otros tiempos.

Primero, convendría subrayar que cuando la crisis financiera provocada por las hipotecas subprimes ha replanteado tantas cosas en el seno del Imperio, en España se continúa instalados en el paradigma neoliberal, en esa nebulosa de principios, valores y procedimientos que conceden primacía absoluta al mercado y una autonomía y libertad al capital financiero que le lleva a su predominio sobre la economía productiva. Y para muestra en el programa gubernamental, basta el botón de las reducciones fiscales comenzando por la supresión del impuesto sobre el patrimonio, con las que se envía un mensaje erróneo a la sociedad.

Porque los impuestos no son únicamente un problema de técnica contable, ni de solvencia de las cuentas públicas; la recaudación tributaria no es una cuestión de medios sino ante todo de fines, del para-qué. Y en este caso significa enviar a la ciudadanía el mensaje de que el Estado es rico y podemos permitirnos el lujo de reducir los ingresos públicos. Y en un país con las carencias del nuestro, una reducción de 1,800 millones de euros en los ingresos no es una cuestión de equilibrio presupuestario sino de aplazamiento de asuntos candentes y pendientes, sea la aplicación efectiva de la Ley de Dependencia o el grave problema de unos tribunales atascados y desacreditados. Un gasto social productivo que crea empleo en una economía de servicios necesarios y económicamente rentables. ¿Cuánto dinero se pierde con la demora de años en la resolución de los juicios civiles?

Pero, sobre todo, asumir sin más la lógica de la reducción de impuestos es asumir el concepto neoliberal que considera el impuesto ante todo como un coste económico para las personas y las empresas, ignorando la contrapartida del gasto para la convivencia ordenada, que es la lógica de los que más tienen y menos necesitan de los demás. Y así, de paso, se convalidan moralmente las técnicas sofisticadas de la evasión fiscal, socavando las bases de un modelo de Estado que nos ha aportado convivencia y civilización. Y desde luego refleja un pobre concepto de la función de gobierno como simple tarea de gestión y administración. Y para ese viaje sobran las alforjas del apellido izquierda.

Más aún, como razón funcional de la decisión de esa reducción fiscal, se nos dice por voz ministerial que el impuesto de patrimonio es “obsoleto”. O sea, se nos está diciendo que se defrauda mediante las falsas sociedades propietarias de patrimonios personales; o quizás, que es una manera de acabar con la ingeniería fiscal que argumentaba aquel ministro de Aznar cuando para evadir tributos había puesto sus pisos a nombre de una sociedad. ¿Por qué no se comienza con una investigación seria sobre la evasión y el fraude fiscal en España?. En 2008 seguimos sin disponer de un informe solvente al respecto; y nadie conoce el volumen de la economía oculta ni de los recursos que no recibe la Hacienda pública. Y el documento de los propios inspectores de Hacienda de Noviembre de 2007 es toda una acusación probada del abandono del asunto de la evasión fiscal, un documento al que nadie del gobierno ha respondido, al menos públicamente.

Y un tercer punto que refleja el paradigma neoliberal, son las omisiones en los planes gubernamentales, desde la falta de una política contra la corrupción y blanqueo de dinero sucio hasta la revisión de la regulación financiera. Recientemente, España aparecía entre los países de la UE que no han aplicado la tercera directiva (2005) contra el blanqueo de dinero sucio. Y desde luego, la abundancia de casos y operaciones desarrolladas en los últimos años, evidencian que su gravedad merecería la atención política del gobierno. Y por el lado de la regulación financiera, bien está que ante la quiebra de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa el gobierno no cediera a las presiones para que se le facilitara la salvación financiera. Pero cuando un 75 % de los 5,289 millones de euros adeudados en la quiebra de ese conglomerado inmobiliario corresponde a la Cajas de ahorro, con Caja Madrid y La Caixa, a la cabeza con 920 y 627 millones de euros, respectivamente, ¿no habría que tomar alguna medida seria? ¿Por qué y para qué disponen las Cajas de Ahorro de filiales y sociedades en países y territorios declarados paraísos fiscales, donde no tienen actividad propia?

Finalmente, escuchando las explicaciones oficiales de las medidas, se echa de menos un discurso político y un liderazgo que dé respuesta a los millones de votos del centro izquierda recibidos por el partido en el gobierno en las pasadas elecciones. Más allá de las explicaciones a la prensa. No se trata de recuperar retóricas de otros tiempos. Pero tampoco basta con afirmar que el gobierno mantiene los compromisos sociales sin explicar el sentido político de las decisiones adoptadas. Porque si solo se ofrece gestión y administración, resulta comprensible para el ciudadano que las medidas alternativas de la oposición sigan inéditas ante el temor de que sean copiadas por los ministros del gobierno.

Además, gobierno y oposición siguen sumidos en viejos planteamientos, de cuando no estábamos ni en la Eurozona ni en la UE ni existían las CCAA con presupuestos multimillonarios y que olvidan con frecuencia que son parte del Estado y de su economía. ¿O es que los dispendios de Comunidades como la de Valencia no se van a recortar? En particular, el Presidente que lidera también un partido político que gobierna Ayuntamientos y Comunidades, se olvida a menudo que un país descentralizado requiere directrices comunes para los responsables de las distintas administraciones públicas, además de las medidas legales precisas.

Asimismo, el discurso político que tendría que acompañar y dar sentido a las medidas económicas gubernamentales debiera ilustranos a los ciudadanos sobre la política europea del gobierno. Porque sucede que de Europa solo hablamos para justificar medidas impopulares, pero no damos cuenta de qué aportamos cuando se elaboran las políticas comunitarias. Ante la disminución del PIB del conjunto de la Eurozona, la remontada de la inflación y el diferencial del euribor sobre el tipo de interés del BCE, que pesa sobre de las hipotecas españolas, ¿cuales son las propuestas que presentamos a nuestros socios? Porque la Eurozona no la gobierna el BCE sino los 15 gobiernos miembros; y parafraseando la canción de los Ketama convendría recordar que “no estamos solos, pero ¿sabemos lo que queremos?”.

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