Zapatero II: 100 dias y un verano de contradicciones

Zapatero II: 100 dias y un verano de contradicciones
G. Buster
Fuente: Sin Permiso

Transcurridos 100 días y un verano, el balance del comienzo de la segunda legislatura del Gobierno Zapatero no puede ser optimista. Ha perdido la iniciativa política a pesar de su hiperactividad y de la falta de oposición real, prisionero de sus propias contradicciones y de una agenda pendiente desde la primera legislatura que no sabe cómo abordar (1). A pesar de su amplia victoria electoral el pasado 9 de marzo, se ha encontrado sin aliados parlamentarios, a excepción del BNG. Los resultados de la encuesta del CIS de julio no pueden ser más demoledores: se han evaporado los seis puntos de ventaja que tenía, situándose en un empate técnico con el PP (39,9% frente al 39,3%) y el 58,6% de los encuestados consideran que su gestión de la crisis económica es mala o muy mala, posición que comparte un 30% del propio electorado del PSOE.

No es este, desde luego, el balance que ha hecho el propio Zapatero. Ante la Ejecutiva del PSOE ha respondido a las acusaciones de “inactividad legislativa, derechización y ocultamiento de la crisis económica” (El País, 29-06-08), asegurando que “la segunda etapa del cambio ha empezado con buen ritmo”. Ha señalado tres prioridades –alcanzar un pacto sobre la administración de justicia con el PP, gestionar la crisis económica desde el diálogo social y negociar un nuevo modelo de financiación territorial-, al mismo tiempo que ha reafirmado su compromiso con el contenido social de su programa electoral, porque “los planes de choque del PP chocan siempre contra los trabajadores” (El País, 22-07-08).

Además de estas tres prioridades, otras dos se imponen: cómo articular políticamente un nuevo pacto antiterrorista que no rentabilice el PP, para dar cobertura a la represión de una ETA reactivada y una izquierda abertzale ilegalizada; y cómo responder simultáneamente al desafío del Gobierno vasco –su principal aliado en la lucha antiterrorista-, con un Plan Ibarretxe que ha situado en el plano político el derecho a decidir, apoyado por la mayoría del parlamento vasco.

El corto período de vacaciones estivales –marcado por los Juegos Olímpicos y la crisis económica— ha terminado en la práctica con el terrible accidente del vuelo JK 5022, que puede convertirse a la vez en una metáfora y en un mal augurio. Porque no es posible aislar las causas del accidente, que aun se investigan, del plan de ajuste y reestructuración que los propietarios de Spanair han aplicado a la compañía para preparar su venta en un mercado internacional saturado de oferta y doblemente erosionado en sus beneficios por los precios de los carburantes.

Para recuperar la iniciativa, el Gobierno Zapatero necesita no sólo dar respuesta a cada uno de estos cinco temas, lo que requiere un sistema de alianzas asimétrico, sino evitar que las contradicciones inherentes le aíslen, que su acción de gobierno quede bloqueada y diezmadas y aventadas sus bases electorales por los efectos de la crisis económica y de las cesiones ante la presión de la derecha. Hasta el momento, y como muestran las encuestas, no ha sido capaz de subvenir a ninguna de esas necesidades. Por otra parte, la derecha social y el PP, una vez reinstaurado el liderazgo de Rajoy en su congreso, cuentan no sólo con una capacidad de movilización incontestable –demostrada ampliamente en la primera legislatura y en estos 100 días—, sino también con “paciencia, trabajo y esperar los efectos de la crisis económica”.

La naturaleza de la crisis económica

El absurdo empeño mediático del Gobierno Zapatero de no llamar a la crisis por su nombre no ha evitado una continua corrección de sus previsiones de crecimiento del PIB: 3,3% en noviembre del 2007 para el Presupuesto del 2008; 3,1% en diciembre, tras su aprobación; 2,3% en abril, tras las elecciones; 1,6% este mes de julio. Ya se anuncia un 0,1% para el 2009.

Todas las cifras apuntan a un rápido deterioro. El paro ha subido casi tres puntos hasta el 11%, igualando la peor tasa bajo el PP, y se espera que alcance el 12,5% en 2009. La producción industrial ha caído un 9,5%, hasta niveles de 1993. La venta de automóviles se ha hundido un 30% anual; la construcción, un 16%. El déficit comercial ha aumentado este año un 21,1%, hasta situarse en el 6,1% del PIB. El endeudamiento familiar ha pasado en diez años del 47% al 135%. Las familias tienen que dedicar el 46,2% de su renta disponible a pagar las hipotecas, un aumento, en solo tres años, del 10,2%. Mientras, la inflación sigue creciendo un punto por encima de la media europea, hasta el 4,5%, dos puntos y medio por encima del objetivo medio del Banco Central Europeo.

No es de extrañar que tanto The Economist como The New York Times consideren que el modelo de desarrollo neoliberal heredado del PP, ladrillo y endeudamiento familiar como motores, se haya agotado. Pero también que sea imposible sustituirlo en dieciocho meses por otro más sensato, capaz de dar prioridad a la exportación industrial y a la innovación (NYT, 14-08-08).

¿En qué se funda la insistencia del Gobierno Zapatero en que nos encontramos en una “fuerte desaceleración económica”, pero no en una crisis o en una recesión? Evidentemente, en el argumento técnico de que aún no ha habido un crecimiento negativo de la economía española durante dos trimestres seguidos. Pero también en la lectura que hace de los datos de la crisis –como todas, no lineal—, y en especial, de los beneficios de las empresas. Según el informe de julio del Banco de España, los beneficios del sector no financiero aumentaron en el primer trimestre de 2008 un 9,2%. Esta cifra sólo adquiere todo su significado cuando se tiene en cuenta que las empresas españolas, gracias a la globalización, obtuvieron los mayores beneficios de su historia en 2007, hasta el punto de que las cinco mayores empresas del IBEX 35 ganaron unos 30.000 millones de euros, equivalente al 2,82% del PIB, más que el superávit presupuestario en su momento culminante (2,23%) (2). Junto a la inversión en bienes de equipo, y a pesar de su relativa caída, los beneficios siguen sosteniendo esa tasa de crecimiento del 1,6%, ligeramente superior a la media de la zona euro. Cifras que explican, a despecho de la caída del consumo, el aumento del déficit comercial. Es esta lectura la que justifica la orientación ideológica socio-liberal con la que el gobierno ha articulado su programa de medidas anticíclicas como el único posible. No otra es la opinión del Presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, para quien “el momento de desaceleración económica durará hasta finales del 2009, pero no mucho más (…) El país está mucho mejor preparado que hace años cuando hubo otras crisis” (El País, 6-05-08).

A pesar de las declaraciones sobre la solidez del sistema bancario español, uno de los problemas más urgentes de la economía española, como ha subrayado en varias ocasiones Pedro Solbes, es el de la financiación de las empresas y, sobre todo, del sector bancario. Los bancos y cajas de ahorro necesitan para cubrir los créditos concedidos al sector de la construcción, el inmobiliario y las hipotecas unos 63.000 millones de euros (5,8% del PIB). Una cifra que en 2009 podría llegar a los 90.000 millones. El mercado de cédulas hipotecarias ha permitido en el primer trimestre de 2008 obtener una financiación de 26.000 millones. Pero el grueso de la financiación ha discurrido a través del Banco Central Europeo, hasta alcanzar en julio la cifra extraordinaria de 49.300 millones, un aumento del 169%.

El margen de estos mecanismos de financiación viene dado por la morosidad, que se ha doblado en sólo dos años, pasando del 0,7% al 1,7%. Aunque está todavía lejos de la zona euro (2,5%), en 1994 la tasa de morosidad llegó en España al 9%. Los analistas de la Deutsche Bank consideran posible que se alcance de nuevo esa cifra en 2011, lo que, con una tasa de créditos no recuperables del 30%, supondría unas pérdidas de 51.000 millones de euros. En la actualidad, las previsiones del sistema bancario español son de 38.000 millones.

La negativa del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a reflotar la inmobiliaria Martinsa-Fadesa ha puesto en primer plano el problema de la capacidad de intervención directa del estado a la hora de salvar a las empresas de construcción más expuestas. La presión seguirá aumentando para que haya un cambio de reglamento del ICO, a fin de permitir a éste la compra de deuda del sistema bancario (3). En términos generales, en el primer trimestre de 2008 el número de empresas creadas –33.767— ha caído un 26%, mientras que el de empresas cerradas –8.530— ha aumentado un 42,4%.

54 medidas para salir de la crisis

Un cuadro tal despeja toda duda sobre el carácter estructural de la crisis, sobre el agotamiento de un modelo económico explotado hasta sus límites en estos trece últimos años. A Zapatero le puede costar reconocerlo en los debates parlamentarios, pero el Presidente del Banco de España es taxativo en cuanto al tratamiento: “uso de medidas estructurales orientadas a mejorar la eficiencia y la flexibilidad de la economía, así como moderar costes y rentas excedentes” (El País, 6-05-08).

No existe un consenso claro en el Gobierno Zapatero. De todos es conocido que Solbes se resistió como gato panza arriba a la utilización del superávit fiscal para medidas electorales –como la famosa devolución de los 400 euros del IRPF— diseñadas por el ministro de industria, Miguel Sebastián. Y que Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que consideró dicha medida “inútil”, se ha convertido en el sacerdote supremo de la contención del gasto público en el 40% del PIB (por debajo de la media europea del 48%). Mientras, Solbes sigue ejerciendo de cancerbero de un equilibrio presupuestario más rígido que el exigido por la UE, a pesar de que el déficit público ya es del 0,19% del PIB y a finales de agosto se había evaporado el superávit de 7.500 millones de euros de hace un año. Es difícil, sobre la base de estas “ortodoxias”, reclamar después al BCE una política de tipos de interés más expansiva.

Las 54 medidas (véase el recuadro) han sido el resultado acumulativo de tres paquetes, anunciados por el Gobierno Zapatero en abril, junio y agosto de este año. Teóricamente deberían servir para inyectar liquidez al sistema por valor de unos 18.000 millones de euros. Algunas de las medidas son claramente modernizadoras y simplifican el sistema administrativo y de financiación. Otras, como la eliminación del impuesto de patrimonio o la devolución de los 400 euros del IRPF, reducen la capacidad recaudatoria cuando más falta hace y favorecen a las clases medias y medias altas. Se contiene el gasto público mediante la reducción de la oferta de empleo público (un 30% menos) y, finalmente, se da una vuelta de tuerca neoliberal con el proyecto de privatización parcial de los aeropuertos y la transposición de la directiva comunitaria para la liberalización del sector servicios.

¿Hasta dónde son creíbles las promesas de Zapatero de “no dejar en suspenso ninguno de los compromisos sociales contraídos en el programa (…) aplicando una política socialdemócrata a las dificultades”? (El País, 2-07-08). Temas esenciales, como el salario mínimo interprofesional, las pensiones o la financiación de la Ley de Dependencia, serán la prueba del algodón en los presupuestos del 2009, a votar en diciembre.

No es posible olvidar, cuando la lógica de las 54 medidas no está destinada tanto a aumentar el consumo como a sostener la liquidez y los márgenes de beneficio de las empresas, que el gasto social ha caído en España entre 1994 y el 2005, del 28,7% al 25,2% (cuando la media de la zona euro está ya en el 33,1%), que el salario real medio ha disminuido en un 2,4%, que la deuda familiar se ha triplicado y que el 8% de la población vive por debajo del umbral estadístico de pobreza. Cuando lo que está en cuestión es todo un modelo de desarrollo para la próxima década, un programa de izquierda tiene que venir dictado por la necesidad de aumentar la productividad con un incremento de las rentas y del gasto social, ampliando el mercado interno mediante una mayor capacidad de consumo.

Sin embargo, no hay ningún programa que se sostenga sin la presión social. Y esta depende en buena parte de la actitud de los sindicatos, tanto en el llamado “diálogo social” como a nivel de empresa. Con excepción de la movilización en defensa del sector público – educación y sanidad, sobre todo— contra la política privatizadora del gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, la actividad sindical es débil y, en un año de congresos de UGT y CC OO, anda represada. De hecho, la principal conflictividad social ha sido la organizada por la derecha social a comienzos del mes de junio en el sector del transporte por carretera y la flota de pesca de bajura, reivindicando subvenciones estatales para el precio del gasóleo que utilizan (El País, 9 y 12-06-08).

La presión desde la izquierda al Gobierno Zapatero tampoco es significativa en el plano institucional. El PSOE ha sido capaz de superar el voto en contra de la derecha en el Senado al techo presupuestario del 2009. Pero en el debate en el Congreso antes del verano sobre la situación económica fue evidente que la presión esencial venia de la derecha nacionalista catalana y vasca, del PP y, sobre todo de las grandes empresas del IBEX 35. Para aprobar los presupuestos de 2009, el Gobierno Zapatero necesita 7 votos, además de los propios. Parece contar ya con los 2 de su aliado en la Xunta gallega, el BNG. Y el resto sólo puede obtenerlos, a base de concesiones en la financiación del Estatut y en la negociación del Concierto vasco, de CiU y del PNV. Como ha señalado Gaspar Llamazares, diputado de IU, “la ceguera del Gobierno no es inocente”.

El modelo de financiación autonómico

Tan urgente, si no más, para el Gobierno Zapatero es construir un consenso en torno al nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas exigido por la reforma de sus estatutos, en especial del Estatut de Cataluña. Un modelo que dé respuesta al proceso de transferencia de competencias, muy especialmente del gasto social, de modernización de las estructuras administrativas e, inevitablemente, de las diferentes aspiraciones nacionales de autogobierno. Esta combinación de problemáticas que se retroalimentan y que exigen una nueva definición federal del estado de las autonomías afecta, en definitiva, a la naturaleza misma del estado.

El Estatut de Catalunya exigía llegar a un acuerdo entre el Gobierno Zapatero y la Generalitat antes del 9 de agosto. Pero amplios sectores del PSOE, empezando por Felipe González, han pedido abiertamente que no se negocie un nuevo modelo hasta que no se supere la crisis económica. Sin embargo, como han reconocido todos los especialistas, el actual modelo –del que está excluido el Concierto económico vasco— es simplemente inmantenible: no recoge la evolución demográfica desde 1999; distribuye territorialmente de manera muy desigual los recursos por habitante, penalizando a las Comunidades que hacen una mayor contribución fiscal por habitante; y está creando un déficit fiscal que frena el desarrollo de inversiones básicas para sectores económicos claves (El País, 11-05-08). Cataluña, con una contribución fiscal superior en un 35% a la media, recibe por habitante un 18% menos (1.900 €), mientras que Extremadura, con una aportación inferior en un 33%, obtiene por habitante un 24% más (2.500 €).

Frente a esta realidad, hay un sector de la izquierda española que considera esencial la defensa de la “caja única” y que las “políticas redistributivas deben corresponder solo al estado [central]”. Pero esta solución, que se considera “simple”, no responde ya a la estructura del sistema de competencias transferidas, ni, por arriba, a la Unión Europea, ni, hacia abajo, a las Comunidades autonómicas y los municipios. El ejemplo del Concierto vasco demuestra, con todas sus peculiaridades, que son posibles mecanismos de redistribución y gasto social más eficaces que la pretendida “caja única”, la cual, por otra parte, quedará en papel mojado con la transposición anunciada de la Directiva de Servicios.

El problema de fondo al que debe responder la izquierda en el Reino de España–y paralelamente en toda la UE (4)— es cómo definir un nuevo modelo de estado en términos federales, capaz de crear un consenso sobre la capacidad de autogobierno que amplíe el horizonte de decisiones –lo que implica, en realidad, una reforma constitucional—; que sirva de vehículo para una redistribución territorial y social que permita alcanzar las medias de la zona euro, lo que presupone presión social para un cambio a la izquierda en la relación de fuerzas y un nuevo pacto de solidaridad territorial; y que, al propio tiempo, responda al reto de la modernización de las estructuras administrativas que plantean las nuevas tecnologías de la información.

Por ahora, el compromiso de cumplir el Estatut de Catalunya ha encallado en una guerra de posiciones. El Tripartit de Progrés de la Generalitat ha defendido el principio demográfico como eje del nuevo sistema, la “nivelación territorial parcial” –limitando la solidaridad a asegurar la financiación de servicios básicos como salud, educación y servicios sociales—, una transferencia de recursos, de acuerdo con las competencias, superior al 50% entre administración central y administraciones autonómicas, y una negociación bilateral ,primero entre Gobierno y Generalitat, abierta, después, a una negociación general del sistema de financiación con todas las autonomías. El President de la Generalitat, Montilla, ha advertido del peligro de una “desafección catalana” respecto del actual modelo de estado, si no se pone rápidamente por obra el nuevo Estatut (El País, 10-05-08).

La posición de la Generalitat se ha visto doblemente reforzada por el apoyo del principal partido de la oposición en el Parlament de Cataluña, CiU, y por la formación de un bloque inicial con la Generalitat de Valencia, gobernada por el PP, y el Consell de las Islas Baleares, en manos de una coalición de izquierdas. Frente a ellos, se sitúan las autonomías, gobernadas por el PSOE o el PP, que exigen que el criterio demográfico sea matizado con criterios “cualitativos” (número de personas dependientes, estado de la salud, dispersión y envejecimiento de la población), y que en la “nivelación” se incluyan sectores como la justicia, las infraestructuras, el empleo o la vivienda. Porque como ha señalado el Presidente de Aragón, Iglesias, “el tratamiento igual de situaciones desiguales, solo perpetúa la desigualdad”.

A pesar de las presiones y de las tentativas de negociación, que han creado una fuertísima tensión interna en el PSC –hasta el punto de especular con la ruptura de la solidaridad de voto con el PSOE en los presupuestos, si no había antes una solución satisfactoria para la financiación del Estatut—, las ofertas de la administración central son muy parciales. Las balanzas fiscales interterritoriales, exigidas por los partidos catalanes a lo largo de toda la legislatura anterior y prometidas una vez más para el 15 de julio (El País, 11-06-08), sólo han sido publicadas antes de las vacaciones. Y sólo se ha anunciado un “posible” nuevo fondo de convergencia interterritorial que sustituya al actual Fondo de Compensación (FCI), que sólo supone el 1% del total de la financiación comunitaria (El País, 15-05-08).

Como todo debate sobre prioridades de utilización de recursos escasos, también éste, al final, ha terminado por convertirse en una riña de legitimidades, que podría, o acabar con el Tripartit en Cataluña –ERC amenaza abiertamente con ello—, o desvertebrar el sistema de alianzas territoriales del PSOE como partido estatal, erosionando su base social. Y todo ello sin descartar los efectos internos del asunto en un PP que asiste también al enfrentamiento enre sí de los gobiernos autonómicos por él controlados, aun a pesar de la disciplina que impone la imperiosa necesidad de recuperar el gobierno central en 2012. Esta contradicción la ha expresado mejor que nadie Solbes, al argumentar, para no cumplir la fecha fijada por el Estatut, que “la Constitución obliga a garantizar la financiación para todas las Comunidades en todas las competencias compartidas y es una norma de rango superior al Estatut” (El País,10-08-08).

A medida que ha ido quedando atrás la fecha del 9 de agosto, las acusaciones han ido subiendo de tono (5), hasta acabar en la solicitud de una comparecencia extraordinaria en agosto de Zapatero en el Congreso. La propuesta inicial del PP –que mantiene su recurso contra el Estatut en el Tribunal Constitucional— no tenía ni la credibilidad ni los apoyos necesarios para ser aceptada. Pero cuando ICV (ecosocialistas), socio de IU en Cataluña, presentó la misma iniciativa, la situación cambio radicalmente. Zapatero solo pudo evitar el debate directo antes de la negociación ofreciendo a la dirección de ICV el compromiso de alcanzar un acuerdo satisfactorio en “tres meses”, antes de los presupuestos, y la comparencia de Solbes. La finta de Zapatero a la imprudente mezcla de bisoñez y zascandileo oportunista de los dirigentes ecosocialistas catalanes ha roto temporalmente el frente de todos los partidos catalanes, ha desplazado hacia fuera la línea de fricción del debate, que atravesaba por la mitad al PSC, y, no menos importante, ha logrado ganar tiempo. No mucho, porque tres meses le obligan ahora a una negociación en la que se juega no solo el consenso del modelo, sino la crisis terminal del Tripartit, el reforzamiento de los partidos nacionalistas catalanes CiU y ERC y un aumento de las exigencias de CiU en el debate presupuestario para aprobarlo con sus votos, lo que sin duda no mejorará ni la salud política del Tripartit ni la del PSC, para no hablar de la de ICV.

La comparecencia de Solbes en la Comisión de Economía del Congreso el pasado 28 de agosto sólo ha servido para reiterar posiciones conocidas, con mayor contundencia, si cabe. Frente a la exigencia de negociación bilateral, Solbes ha reafirmado que “no podemos poner en marcha el modelo catalán, si no hay una nueva LOFCA (Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas). A mí me plantearía dudas constitucionales”. Y “si no es posible el consenso, el Estado puede hacer prevalecer sus criterios” (El País, 29-08-08). Veinticuatro horas después, el propio Montilla señalaba que el tono de Solbes no ayudaba a la negociación, advirtiendo de que ni el PSC ni la Generalitat aceptarían un “mal acuerdo”.

La cuestión vasca

La respuesta política del Gobierno Zapatero al fin de la tregua de ETA ha buscado responder a tres desafíos. En primer lugar, al de la propia ETA y su campaña de atentados, reforzando la acción policial en colaboración con Francia y la policía autonómica vasca, deteniendo a sus comandos y cuadros, aislando social y políticamente al conjunto de la izquierda abertzale, ilegalizada. En segundo lugar, al de la rentabilización por parte del PP, antes y después de las elecciones de marzo, del fracaso de la política de diálogo del Gobierno Zapatero, reformulando el viejo Pacto antiterrorista PP-PSOE en un marco de colaboración con todos los partidos del arco parlamentario, en lo que cuenta con un amplio apoyo, de acuerdo con las encuestas (75,2%, según el CIS de abril). En tercer lugar, lo que es más complicado, al desafío de ofrecer un nuevo contexto político en Euskadi hegemonizado por el PSE, y no por el PNV, lo que sólo puede pasar por un gobierno vasco PSE-PNV sólo constituible, si se consigue hacer naufragar el Plan Ibarretxe y su proyecto de articular en la sociedad vasca un espacio político totalmente separado de ETA que defienda el “derecho a decidir” (la autodeterminación vasca).

En el primer caso, los logros del Gobierno tras las elecciones, en especial del ministro del interior, Rubalcaba (6), parecen significativos. ETA ha conseguido atentar contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Legutiano, causando un muerto y cuatro heridos, contra el Club Marítimo de Getxo, contra edificios públicos el 1º de Mayo, contra Construcciones Amenábar –que participa en la construcción del AVE vasco— y, en la Costa del Sol, contra la campaña turística. Pero ha perdido a la dirección responsable de la ruptura de la tregua, con la captura de Francisco Lopez Peña, “Thierry”, y de otros tres liberados en Burdeos (EP 21-05-08), así como al nuevo comando Vizcaya (El País, 22-07-08). La presión judicial sobre los cargos electos de ANV y la izquierda abertzale en general se ha acentuado, pero ha fracasado en buena medida la iniciativa de mociones municipales del PSOE y del PNV contra los cargos electos de ANV que no condenaban explícitamente los atentados de ETA. Varios miles de simpatizantes de la izquierda abertzale han podido manifestarse en Bilbao al comienzo de la Semana Grande, tras identificarse sus convocantes ante el juez Grande-Marlaska (El País, 23-08-08). Pero sus consignas y denuncias estaban más encaminadas contra el Plan Ibarretxe que a ofrecer una salida política propia más allá del resistencialismo.

Más notable, si cabe, ha sido el éxito del Gobierno Zapatero en cerrar su flanco antiterrorista a las críticas del PP. Ni antes ni después de las elecciones, a pesar de las feroces intervenciones de Aznar y de Acebes, ha habido un desplazamiento de la opinión pública en contra del PSOE. Según los resultados del CIS de abril, el 15,3% de los encuestados defendían una reedición del Pacto Antiterrorista PP-PSOE frente a un 75,2% que quería una nueva formulación de la política antiterrorista que incluyese al conjunto de los partidos parlamentarios, también del PNV. La ruptura de cualquier perspectiva de diálogo con ETA y la represión contra la izquierda abertzale han dejado sin espacio a las posiciones más duras del PP, como se ha puesto de manifiesto en su Congreso. María San Gil, referencia indiscutible de esas posiciones, no ha conseguido hacer de ellas un elemento central de ruptura con la mayoría que apoyaba a Mariano Rajoy, ni siquiera dentro del PP en Euskadi, a pesar de contar con el apoyo de Mayor Oreja. Las tensiones alimentadas desde la derecha por la excarcelación, tras cumplir sus condenas, del militante de ETA Iñaki de Juana Chaos, han sido absorbidas desde el Gobierno con la promesa de convertir en ley la llamada “doctrina Parot” de cumplimiento sucesivo de las condenas por terrorismo.

El tercer aspecto es el esencial, y el más complejo. Zapatero ha intentado dividir al PNV y aislar así al Gobierno vasco, sobre la base de un consenso que partiese de la prioridad de reprimir a ETA y preparar el terreno para un gobierno conjunto entre el PSE y el sector autonomista o moderado del PNV –representado por Imaz—, creando las condiciones políticas de una amplia reforma estatutaria como alternativa al Plan Ibarretxe. Los márgenes de esta operación estaban dictados por la necesidad de mantener implicado al Gobierno vasco en la represión de ETA y de la izquierda abertzale y de sostener, al mismo tiempo, una larga campaña electoral con el horizonte de una victoria electoral del PSE y de Patxi López en las próximas elecciones vascas. La derrota de Imaz y su sustitución al frente del PNV por Urkullu –alineado finalmente con la opción política del lehendakari Ibarretxe—, han terminado por priorizar la candidatura de Patxi López como nuevo presidente del Gobierno vasco en la estrategia de Zapatero, según se puso de manifiesto en el mitin de Baracaldo (El País, 12-05-08). Como ha señalado Urkullu: “tenemos ganas y fuerza suficiente para echar el pulso que nos quieren echar y ganarlo (…) si no muestra voluntad de acuerdo, es que quiere confrontación. Y el PNV recogerá el guante”.

En el encuentro entre Zapatero e Ibarretxe del pasado 20 de mayo, el primero puso sobre la mesa su propia hoja de ruta: reforma estatutaria a través del art. 17 del Estatuto de Gernika; negociación con la administración central; refrendo de las Cortes; y ratificación posterior por referéndum en Euskadi. La del Gobierno vasco no podía ser más distinta: mantenimiento del objetivo del final dialogado de la violencia, ejercicio del derecho a decidir y la creación de un órgano institucional de coordinación entre las comunidades autónomas de Euskadi y Navarra (El País, 21-05-08).

En definitiva, la cuestión política tras el fin de la tregua de ETA es si se iba a retroceder a la situación política anterior a ella, o si se mantenía la perspectiva política puesta sobre la mesa en las conversaciones de Loyola entre el PSE, PNV y Batasuna. Y si sobre esos acuerdos se podía construir un nuevo espacio político, radicalmente separado de la violencia de ETA, en el que sea posible defender el derecho a decidir (7). No es de extrañar que la actividad central política de la izquierda abertzale haya sido denunciar el Plan Ibarretxe como una “maniobra electoralista” del PNV, porque la aislaba en su ilegalización, pero que, al mismo tiempo, se viera obligada a prestar un voto de EHAK para facilitar su aprobación en el Parlamento vasco (El País, 27-06-08).

La adopción del Plan Ibarretxe por el Parlamento vasco tropezó inmediatamente con la decisión del Gobierno Zapatero de impedir, por ilegal ,su primera consulta. Inevitablemente, ello implicará la convocatoria de las elecciones vascas, probablemente en febrero o marzo del 2009, en un marco de completa polarización entre el PSE y el PNV, y con la izquierda abertzale ilegalizada (8).

La búsqueda de consensos con el PP

La oferta de alcanzar un Pacto de la Justicia con el PP que permita la renovación del Consejo General del Poder Judicial –después de año y medio de bloqueo— y del Tribunal Constitucional responde al reconocimiento, por parte del Gobierno Zapatero, de los límites de la actual correlación de fuerzas, de la presión continua de la derecha –y de su reflejo en el interior del PSOE— a favor de un “consenso constitucional” que establezca una “líneas rojas” a cualquier proyecto de cambio desde la izquierda. En definitiva, es difícil imaginar institucionalmente cómo puede el PSOE abordar temas como la reforma de la ley electoral, la reforma limitada de la Constitución o la ley orgánica de libertad religiosa sin el consenso o, cuando menos, la abstención del PP.

Pero el motivo táctico más inmediato es romper con la dinámica de movilización extraparlamentaria del PP, de la Iglesia Católica y de la derecha social frente a una izquierda prácticamente desmovilizada. El “giro al centro” pre-electoral se ve reforzado por la gestión socio-liberal de la crisis económica, y las presiones de las grandes empresas se suman a las de la derecha más moderada a favor de un ambiente político menos tenso, que evite alimentar una hipotética removilización de la izquierda social disparada por la perspectiva de una victoria electoral del PP en las elecciones municipales de 2011 y en las generales de 2012.

De aquí que la propuesta inicial del PP en la negociación para el Pacto de la Justicia fuera exigir un derecho de veto sobre la aplicación del programa electoral del PSOE, como la investigación de los asuntos penales por la fiscalía. El siguiente paso ha sido una política de vetos contra el sector progresista de la justicia, vetando al fiscal general Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional, con la excusa del veto socialista al actual presidente Francisco Hernando para el CGPJ. En esos tiras y aflojas es esencial para el Gobierno Zapatero asegurar una mayoría capaz de rechazar el recurso del PP al Estatut de Catalunya. Pero, por el momento, los acuerdos alcanzados se limitan al reparto de los 21 puestos del CGPJ entre PSOE y PP, reservando dos para PNV y CiU. El PSOE ha condicionado hasta ahora cualquier acuerdo sobre otros temas a la renovación previa de los dos órganos superiores del sistema judicial.

La presión de la derecha tuvo una cierta respuesta, por muy limitada que pueda parecer, en el 37 Congreso del PSOE, celebrado en junio en Madrid. La ponencia marco, con una orientación claramente socio-liberal, se encontró con una avalancha de enmiendas por la izquierda desde los congresos regionales en temas claves como la laicidad, el aborto o la “flexiseguridad”. Caldera, coordinador de la ponencia, tuvo que recordar en su estrategia de contención que no se podía cambiar el programa cuatro meses después de haber ganado unas elecciones. El Congreso puso las bases de un cambio generacional en el partido y el Gobierno, expresado en la designación como secretaria de organización de Leire Patín. Un cambio que también influirá en la presión por removilizar un proyecto de izquierda frente a la alternativa de un nuevo gobierno del PP en el 2012, empezando por los feudos de la derecha de Madrid y Valencia. La probable victoria del PSG y del BNG en las elecciones gallegas, ampliando su mandato anterior frente al PP, debe ser un acicate para ello.

Con todo, la dificultad de cualquier lectura de la actual situación, dominada por las contradicciones descritas y la desmovilización de la izquierda social, se pone de manifiesto, por ejemplo, en el tratamiento de la política migratoria. El nuevo Plan Corbacho para el retorno de los emigrantes legales que se queden sin empleo como consecuencia de la crisis –ofreciéndoles cobrar en dos pagos la subvención completa de paro a cambio de no poder volver a España en tres años— ha demostrado hasta el momento no encontrar eco entre la población emigrante. Pero tampoco entre el resto de la población, que lo rechaza en un 67%, exigiendo una política más dura y restrictiva.

El contexto europeo, en donde el Gobierno Zapatero se ha convertido en una rareza de izquierdas y se han aprobado aberraciones como la Directiva de Retorno o la de 65 horas de trabajo, amplifica la presión de la derecha con el multiplicador de la búsqueda de consensos para la Presidencia española de la UE en el primer semestre del 2010 (9). Todo ello hace más urgente que nunca reconstruir las condiciones de una removilización autónoma y unitaria de la izquierda, por más difícil que pueda parecer, para plantear a partir de ella una alternativa coherente a los cinco retos descritos. Solo en el desarrollo de esa tarea sería posible una refundación de la izquierda alternativa, ly la superación de su actual ensimismamiento identitario.

NOTAS: (1) Véase: G. Búster, “Zapatero II: peor de los mismo” (www.sinpermiso.info/?id=1806). (2) Según los datos proporcionados en febrero del 2008, las cinco principales compañías del IBEX 35 habían visto crecer sus beneficios en un 27% en 2007. Telefónica había aumentado los mismos en un 43%, con un volumen neto de 8.906 millones de euros superior al de cualquier otro operador mundial, incluida la AT&T. Los beneficios del sector financiero en el 2007 fueron del 30,5%, equivalente a 25.707 millones de euros. Y a pesar de la crisis, en julio del 2008 sus beneficios solo habían disminuido frente a los obtenidos en la misma fecha en el 2007 en un 1,25%, atribuible a la reducción de beneficios extraordinarios en ventas patrimoniales. Los beneficios del Grupos Santander han sido de 4.730 millones de euros (un 6% más que el año anterior). El BBVA, a pesar de ver sus beneficios reducidos en un 7,8%, llega a la cifra de 3.108 millones de euros. El 60% de los beneficios del BBVA vienen ya de sus inversiones exteriores. El sector energético, donde se ha refugiado buena parte de los beneficios acumulados del sector constructor e inmobiliario, obtuvo también importantes beneficios, como Iberdrola (41%). La única excepción notable fue la de Repsol-YPF, que como consecuencia de la devaluación del dólar frente al euro, vio el crecimiento de sus beneficios situarse en un 2% (3.188 millones de euros) y no en el 14% que hubiera obtenido de otra manera. (3) El porcentaje de los créditos de la banca a los tres sectores mencionados es del 60% y el de las cajas de ahorro del 70%. Ver El País, “El BCE bate otro record de financiación de la banca española”, 15-08-08; y el informe de la Deutsche Bank “Daily Economic Notes” de 19-08-08, “The Trials and Tribulations of the Spanish Banking Sector”, elaborado por Susana García Cervero. (4) Es evidente que las especificidades históricas en la formación del estado, como la cuestión nacional, marcan de manera muy directa el debate. Pero los aspectos de modernización ligados a las funciones de unas administraciones estatales y regionales que gestionan cerca del 50% del PIB tienen un enorme impacto social. Mas cuando una parte muy importante de ese presupuesto y de sus competencias están también transferidas a la UE. La historia del fracaso de la “constitucionalización” neoliberal de la UE, que ha terminado en el Tratado de Lisboa, es una parte central de este debate. La necesidad de un nuevo modelo de estado federal y más democrático, vertebrado en un nuevo sistema de subsidiaridades esta presente en el Reino Unido (Escocia y Ulster), Italia, Alemania o Bélgica de manera no menos acuciante que en el Estado español. (5) De todas las declaraciones contra la posición del Tripartit, hay que destacar las de Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, actuando de portavoz de los sectores mas “españolistas” del PSOE: “La teoría de las balanzas fiscales es algo predemocrático, de antes de la Revolución francesa (…) eso que lo defiendan los grupos conservadores (…) no son posiciones progresistas, tienen solo la etiqueta” (EP 19-08-08). (6) Tras el asesinato del ex concejal del PSE en Mondragón Isaías Carrasco antes de la elecciones del 9 de marzo, Rubalcaba advirtió que “vamos a un ciclo largo de violencia” porque ETA “tiene capacidad para hacer cosas” (EP 24-03-08). Con posterioridad a la captura del Comando Vizcaya, Rubalcaba subrayaba como señal de la eficacia represiva contra ETA que tras la ruptura de la tregua del 2000, ETA había causado 23 muertos, mientras que tras el fin de la tregua en junio del 2007 había asesinado a 4 personas (EP 22-07-08). (7) Ver la intervención de Ramón Zallo en la presentación de la plataforma ERABAKI de apoyo al Plan Ibarretxe en Rebelión, 21-05-08. Según Urkullu, el portavoz del PSE Eguiguren ya le anunció el 11 de febrero que: “no retomaremos Loyola ni aunque Batasuna se rebele contra ETA” (EP 9-06-08). (8) Una polarización y choque de legitimidades que no impide que ambas partes mantengan una perspectiva de negociación posterior. Y, lo que no deja de ser casi más sorprendente, de separar la situación política en Euskadi del debate presupuestario. El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, se ha ofrecido ya a negociar el apoyo a los presupuestos del 2009 si se llega a un acuerdo sobre el Concierto vasco (EP 27-08-08). (9) Ver G. Búster, “Reflexiones sobre la UE y la próxima presidencia española en 2010” (www.sinpermiso.info/?id=1924).

Anuncios

Una respuesta a Zapatero II: 100 dias y un verano de contradicciones

  1. […] se puede hacer desde los estados nación, erró gobierno en intentar minimizar datos económicos (I y […]

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: