La Europa que no conocemos: Liechtenstein

La Europa que no conocemos: Liechtenstein
Juan H. Vigueras

Cuando anuncian que Alemania va a ejercer presiones sobre Liechtenstein y que la canciller Angela Merkel amenaza con impedir que el Principado se incorpore al Acuerdo de Schengen, solo podemos contemplarlo como un ejercicio de puro cinismo político ante la dimensión del escándalo destapado.

Porque desde 1995, por la gracia del Acuerdo del EEE, el Espacio Económico Europeo -junto con Islandia y Noruega- este microestado está asociado a la UE, donde es sabido que Alemania es un miembro muy importante; y ello supone que ningún país de la Unión puede restringir los flujos de dinero con ese rincón alpino. Porque el artículo 40 del Acuerdo del EEE expresa claramente que “no habrá restricciones entre las Partes Contratantes sobre los movimientos de capital perteneciente a personas residentes en los Estados miembros de la UE o en los Estados de la EFTA sin discriminaciones basadas en la nacionalidad o en el lugar de residencia de las partes o en lugar donde tal capital se invierta”.

Y aún más, el articulo 56 del Tratado de Roma que se mantiene tras las reformas del Tratado de Lisboa, prohíbe a los Estados miembros de la Unión cualquier restricción a los movimientos de capitales dentro del la UE y con terceros países. Por tanto, las anunciadas medidas contra Liechtenstein son una nueva manera con la que nos pretenden “vender la moto”.

Porque, para colmo, las escuchas electrónicas del Servicio de inteligencia federal alemán (el BND) emplazadas en la región de la Selva Negra, ya revelaron en 1999 los flujos de dinero sucio entre Alemania y Liechtenstein, relacionados en aquel momento con la financiación ilegal de la CDU de Helmut Khol, el mismo partido demócrata cristiano de la señora Merkel, unos hechos que tuvieron mucho eco mediático en Alemania. Y tanto la negociación de la llamada directiva europea del ahorro particular para el intercambio de información fiscal entre países como el acuerdo bilateral Comisión europea y Liechtenstein de 2004 para su aplicación, se justificó entonces porque se sabía que el dinero alemán se refugiaba allí; e incluso el gobierno socialdemócrata de Gerard Shröeder planteó su proyecto de reformas incluyendo una amnistía fiscal para recuperar el dinero evadido a Liechtenstein y otros centros offshore.

Todo esto suena a nuevo en España porque, ensimismados en nuestras cosas, se presta escasa atención al entorno europeo; y los grandes medios de comunicación no están interesados en explicar los centros financieros offshore, extraterritoriales, ligados a la banca española. Pero Liechtenstein ya apareció ligado a los pagos efectuados a los concejales de Marbella para que votaran la famosa moción de censura que cambió la Alcaldía, según las investigaciones de la operación Malaya. Porque lo que “vende” hoy Liechtenstein, como los demás paraísos fiscales, los centros financieros extraterritoriales u offshore, es la opacidad, las diversas posibilidades para ocultar la titularidad de quien es el dueño del dinero, que en el mundo financiero de hoy es lo que más se cotiza.

“Un país atractivo para los blanqueadores”

Liechtenstein sigue sin ratificar el Convenio de la ONU sobre delincuencia transnacional organizada; y el dinero sucio sigue pasando por el fortín alpino debido a las propias características de un centro de servicios financieros para no residentes muy sofisticado, como señala la CIA en su página en Internet. Y la Oficina estadounidense contra el Narcotráfico del Departamento de Estado afirma que “el sector de los servicios financieros extraterritoriales bien desarrollados del Principado de Liechtenstein, los tipos impositivos relativamente bajos, las reglas laxas sobre la formación de sociedades y gobierno corporativo, y la tradición del estricto secreto bancario han contribuido significativamente a la capacidad de intermediarios financieros en Liechtenstein de atraer fondos del extranjero”. Algo que ya describió en 2002 con documentos la investigación de la Misión parlamentaria francesa que visitó Vaduz e indagó los detalles la inaplicación de su propia legislación en la práctica.

El Principado de Liechtenstein es miembro de la ONU y situado entre Suiza, Alemania y Austria, es sede de una plutocracia donde “el Príncipe y el pueblo gobiernan juntos” según los documentos oficiales. Además, no es solo socio comercial de la Unión Europea como miembro del EEE, sino que dispone del poderoso grupo bancario LGT presente en unos veintiocho países y que es propiedad de la familia real del Príncipe, que tiene la nacionalidad austriaca y es acérrimo defensor del secreto bancario que es allí más riguroso que en Suiza; aunque la asociación de banqueros lo llama “el deber de discreción del banquero con relación al cliente”; y tiene unas 70,000 fundaciones muy peculiares denominada Anstalt que guardan el secreto del titular que depositó los fondos.

Porque el calificativo de paraíso fiscal que ha tenido tanto éxito, pone el acento en el aspecto de los impuestos, pero oculta el asunto de su verdadera significación como plataforma del poder de las finanzas hoy frente al Estado. Y los centros offshore representan todo un poder fáctico en Europa, como explico en el libro que publicará Icaria Editorial en Abril (La Europa Opaca de las finanzas y sus paraísos fiscales offshore) donde se documenta cómo Suiza y los microestados de iure o de facto como Liechtenstein, Mónaco, Andorra o la Isla de Jersey se permiten el lujo de no pertenecer a la UE pero gozan de acuerdos que les permite beneficiarse del gran mercado y del aval internacional que Bruselas les otorga para sus operaciones financieras con corporaciones y potentados de cualquier rincón del mundo.

Esa posición solamente demuestra su poder aunque sean países pequeñitos en medio del descontrol financiero existente. La OCDE catalogó a Liechtenstein como paraíso fiscal no cooperante porque se niega a dar información fiscal o financiera a las autoridades de los demás países. Y el problema es que el proyecto de la OCDE sobre la competición fiscal perjudicial, es decir, contra los paraísos fiscales, se acabó cuando llegó la Administración Bush en 2001 terminando su plazo en 2005 sin resultado alguno.

En la reunión de Noviembre 2007 en Paris del Comité europeo de Tax Justice Network (TJN), en la que realizó una exposición sobre estos centros Jeffrey Owen, la máxima autoridad técnica de la OCDE en materia fiscal, a una pregunta nuestra acerca de cuando publicaría la OCDE los resultados finales de su proyecto iniciado en 2000, contestó sin vacilar “nunca” (never).

Las explicaciones más convincentes sobre lo que ahora está ocurriendo en Alemania -que podría tener gran repercusión si no lo tapan- apuntan a la dinámica del propio gobierno de coalición de los dos partidos mayoritarios que empataron en las últimas elecciones. Tiene mucho que ver con las tensiones internas entre los ministros democristianos y socialdemócratas, porque hemos de anotar que fue el Ministro de Finanzas, el socialdemócrata Peer Steinbrück, quien autorizó al BND para que pagara los más de cuatro millones de euros al delincuente por el DVD con la información sobre Liechtenstein, desencadenando la gigantesca investigación tributaria en Alemania y en demás países incluida España. A lo que habría que añadir como causa coadyuvante, la seria preocupación por la incertidumbre financiera y por los problemas de algunos bancos y entidades importantes alemanas, descubiertos o por descubrir, derivados de la inacabable crisis financiera de las hipotecas subprimes estadounidenses. Si a todo ello, sumamos el reciente triunfo del nuevo partido de la izquierda alemana en las últimas elecciones regionales, el cuadro se completa desde la perspectiva europea.

Dicho de otro modo: o la izquierda institucional europea recupera sus señas de identidad o se desvanecerá. Y esas señas identitarias pasan hoy por asumir la urgencia de una regulación propia europea frente a la globalización financiera y de un combate abierto contra sus consecuencias, como son los paraísos fiscales offshore o para no residentes. Porque el asunto de los paraísos fiscales ejemplifica el dominio de los poderes financieros sobre los Estados, en particular en la Unión Europea. Por encima de un problema de fiscalidad, es un problema político de primer orden.

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