Cría obispos, que te sacarán los ojos

Cría obispos, que te sacarán los ojos
G. Búster
Fuente: Sin Permiso

Así resumió Gaspar Llamazares las relaciones del Gobierno Zapatero con la Iglesia Católica tras la concentración de 160.000 personas en Madrid, convocadas por la Conferencia Episcopal, “en defensa de la familia cristiana”, a dos meses de las elecciones. Una concentración que, como las dos anteriores en esta legislatura contra los matrimonios homosexuales o en defensa de la enseñanza privada católica, muestra hasta qué punto el nacional-catolicismo es un elemento central de la contraofensiva de la derecha social, no menos que el fracaso de la “política de apaciguamiento” seguida por el Gobierno Zapatero en relación con la Conferencia Episcopal y el Vaticano.

Pero al mismo tiempo, la reacción de alarma que esta corvina contraofensiva ha provocado, no solo en la izquierda, sino en parte de la burguesía liberal española, ha obligado al Gobierno Zapatero a responder, señalando la “líneas rojas” que no puede cruzar la Conferencia Episcopal, sin poner en peligro los acuerdos sobre financiación de la Iglesia Católica.

Movimientos sociales reaccionarios

Lo más impresionante de esta concentración ha sido la movilización directa de los movimientos neocatecumenales y carismáticos –es decir, de las sectas— que articulan hoy las bases del nacional-catolicismo español en las parroquias. Unos movimientos sociales reaccionarios que son la respuesta a la importante crisis de la práctica religiosa católica que, según todos los estudios (Barómetro del CIS de abril del 2007), se sitúa hoy por debajo del 10% de la población. Esta falta de practicantes es paralela a la de nuevos sacerdotes, que deben ser sustituidos por activistas de las comunidades de base. Quizás el dato más significativo es que el número de bebés bautizados es ya solo del 57%, en una cultura en la que el carácter público del reconocimiento social del recién nacido ha estado monopolizada totalmente por la Iglesia.

Es como si a la deslegitimación social del celibato sacerdotal como valor, no tuvieran estos hiperactivistas otra cosa que oponer que la exaltación de la familia numerosa “cristiana”, cuyos tres elementos básicos son la falta de planificación familiar, la opresión de la mujer-cuidadora sin sueldo, y el carácter asistencial dependiente del sueldo del padre de familia, combinado con la red asistencial de la Iglesia en la sanidad y la educación. Que procedan a movilizar en torno a esos ejes, en abierta confrontación con las políticas de igualdad de derechos, no sólo muestra el carácter reaccionario sin paliativos del nuevo nacional-catolicismo, sino también, y acaso sobre todo, su debilidad y falta de sintonía social en general. Según las mismas encuestas citadas, el 61% de los católicos, practicantes o no, no se sienten concernidos con las enseñanzas de la Iglesia católica en este campo.

En los últimos meses, esa confrontación ha derivado en el asalto físico a las clínicas de planificación familiar, en una especie de kale borroca del fundamentalismo católico. Y lo que es aún más grave, en una campaña de los sectores católicos de la judicatura, sobre la base de denuncias del movimiento Pro-Vida, contra las mujeres que abortan –28 de ellas han sido citadas a declarar— y las clínicas de planificación familiar, apoyándose en las ambigüedades de la actual Ley de Aborto.

Pero lo que hace políticamente aún más peligrosa esta contraofensiva de la jerarquía católica es el reticular aparato institucional de parroquias, colegios y universidades concertadas (con 1,5 millones de alumnos de las clases medias y altas), además de instituciones sanitarias y de beneficencia para otro millón de personas pobres, instituciones que, al tiempo que inhiben su ulterior desarrollo, tienen como suelo nutricio precisamente las carencias de desarrollo del estado de bienestar España.

Ese ciclópeo aparato institucional, financiado en una parte muy importante por todos los españoles –católicos o no— a través del presupuesto estatal (136 millones de euros asignados en 2008, un 34% mas que en 2007), constituye una portentosa máquina de presión reaccionaria sobre el conjunto del estado. En los últimos años, disipadas ya las influencias de la Iglesia de base más progresista de la Transición, se ha convertido en un bastión del fundamentalismo religioso que articula a uno de los sectores más militantes de la derecha social.

La “política de apaciguamiento” del Gobierno Zapatero

El Gobierno Zapatero ha intentado combinar el avance en las políticas de derechos para la igualdad, en la que se basa en buena parte su legitimidad, con una “política de apaciguamiento” de la Iglesia Católica. Para compensarla por la Ley de los matrimonios homosexuales, por la Ley de dependencia, por la Ley de divorcio o por la Ley de la Igualdad, ha pactado con la Iglesia Católica mantener intacto durante toda la legislatura el Concordato con el Vaticano de 1979, de carácter claramente preconstitucional, así como un nuevo sistema de financiación de la Iglesia. Pero, además, ha pospuesto a un futuro indefinido la nueva Ley de aborto, basada en el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, o una Ley de la eutanasia, parte irrenunciable de una nueva generación de derechos civiles y democráticos.

Nada de ello ha servido para contener la contraofensiva clerical en defensa de sus intereses y privilegios. Incluso en el terreno de la Memoria Histórica, la beatificación de 484 “mártires por la fe” en la Guerra Civil y la construcción de un mausoleo específico en Valencia eran un desafío abierto a la conciencia democrática de la mayoría de los pueblos del Reino de España. Y por si no bastara la movilización en términos religiosos, las tres grandes manifestaciones en Madrid en defensa del derecho de veto del fundamentalismo religioso sobre la legislación civil, convocadas directamente por la Iglesia Católica, sitúan a ésta en un espacio de confrontación en la sociedad civil con la mayoría de la ciudadanía laica.

El comunicado de la dirección federal del PSOE, sorprendida por este último acto de hostilidad, es, ciertamente, una reivindicación de la soberanía popular en el proceso legislativo. Pero obvia uno de los problemas de la Constitución de 1978: los privilegios que sigue acordando a la Iglesia Católica en nombre de un “aconfesionalismo” asimétrico. Porque la Iglesia Católica, como uno de los poderes fácticos que dirigieron la mano de los constituyentes, vetó en su momento una Constitución laica, a fin de mantener, separada ahora del estado, el grueso de los privilegios de que gozó, unida a él, bajo el franquismo //1.

El laicismo como componente esencial de la izquierda

“La fe no se legisla”, afirma el comunicado del PSOE. Pero olvida que en la España del 2008 se financia y privilegia a la fe católica de manera exclusiva en relación con otros credos religiosos o frente a los no creyentes laicos.

Quién no lo ha olvidado, sin embargo, es la Conferencia Episcopal, que, a pesar de su primera reacción pasiva frente a las críticas del Gobierno, tocó luego a rebato para cerrar filas ante las tentativas del Gobierno por diferenciar entre los “sectores reaccionarios” (los cardenales Rouco, Cañizares y García-Gascó), los sectores “moderados” (el presidente de la Conferencia Episcopal, el Obispo Blázquez) y la propia actitud del Vaticano.

El intento del Gobierno, por otra parte, no pasaba de ser una táctica muy ingenua. El Papa Benedicto XVI ha comenzado su pontificado con una campaña de “re-evangelización” del mundo occidental desde el fundamentalismo católico. Es su descripción de ese mundo como una “viña devastada por jabalíes” en el Sínodo de Obispos lo que verosímilmente ha estimulado a la Iglesia católica española a hacer méritos para situarse en la vanguardia “re-evangelizadora” frente a la ampliación democrática de derechos del Gobierno //2. Por si hubiera dudas, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Martínez Camino, lo dejó dicho bien explícitamente: “el matrimonio ha dejado de existir legalmente en España” y ello tiene un “carácter epocal”.

Esta vez la respuesta vino del propio Zapatero, y el mismo día: “nadie puede imponer ni fe, ni moral, ni costumbres; sólo respeto a las leyes”. No sin volver a insistir en las diferencias internas de la jerarquía católica. Y esta vez, a quién no pareció ya suficiente eso fue a los editores del diario El País, portavoz de la burguesía liberal española, que a través de uno de sus más altos directivos, Juan Luis Cebrián, reclamó la defensa firme de la laicidad radical, concluyendo que la “política de la zanahoria, no funciona” con los obispos //3.

Las hostilidades no se reducen ya, a estas alturas, a las declaradas entre la derecha social y la Iglesia católica, por un lado, y el Gobierno Zapatero, por otro. En plena precampaña electoral, la Plataforma católica “Hazte Oír” lanzó una campaña de firmas para que el candidato del PP, Mariano Rajoy, se comprometiese, en caso de ganar las elecciones, a reformas de las leyes de matrimonio, divorcio y aborto en un sentido restrictivo. Pero, una vez más –prueba de la correlación de fuerzas social real—, Rajoy ha eludido hasta ahora cualquier compromiso //4.

En la última semana de la legislatura y en plenas vacaciones parlamentarias, la Vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega, responsable de las relaciones del Gobierno con la Iglesia católica, compareció ante la Comisión Constitucional para justificar la “política de apaciguamiento” seguida hasta ahora. La justicia de las criticas por la izquierda, exigiendo la llamada a consultas del Embajador ante la Santa Sede y la revisión del Concordato, se vio en parte confirmada por la actitud de la portavoz del PP, Maria Salom, quien se hizo eco de las posiciones mas reaccionarias de la jerarquía católica, incluido el cuestionamiento del carácter constitucional de las leyes de derechos aprobadas, y aun el de la misma vida familiar de la Vicepresidenta.

Si algo ha demostrado la última contraofensiva de la derecha social y del nacional-catolicismo en los umbrales de la campaña para las elecciones generales de marzo de este año, es que, a falta de una contundente respuesta en el terreno institucional que revise el Concordato de 1979 y exija la autofinanciación de la Iglesia y el fin de los privilegios de que gozan sus instituciones de enseñanza y beneficencia, se está aceptando el derecho de veto –la “asonada clerical”, en palabras de Llamazares— por parte de la Iglesia Católica sobre aspectos centrales de la modernización y la democratización del estado, y muy señaladamente, sobre el desarrollo pleno del estado del bienestar en España.

Los intereses y derechos de la mayoría de la población deben de ser defendidos de los privilegios heredados de la dictadura franquista por una minoría más o menos bien representada hoy por las instituciones clericales dirigidas por la Conferencia Episcopal. Un programa electoral democrático y de izquierda está obligado a incluir entre sus elementos centrales esa tarea pendiente en España desde hace más de 75 años, sin olvidarse, claro está, de que el objetivo final de la Conferencia Episcopal es que vuelva a gobernar una derecha pronta al blindaje de esos reaccionarios privilegios ampliamente cuestionados socialmente.

Notas:

1/ ver Javier Pérez Royo, “Acuerdos leoninos“, El Pais, 5-01-2008,
2/ Véase Juan G. Bedoya, “Roma teme el contagio del modelo Zapatero“, El Pais, 6-01-2008,
3/ Véase Juan Luis Cebrián, “El honor de Dios“, El Pais, 9-01-2008,
4/ ver Fernando Garea, “Los no practicantes y ateos votan mayoritariamente al PSOE“, Público, 10-01-2008,

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