Una única propuesta de Gestha ya compensaría por si solo el hachazo. Según un estudio de la organización, reducir diez puntos el fraude fiscal que varios trabajos académicos sitúan en el 23% del PIB supondría recaudar 38.500 millones. Pero pese a la contundencia de la cifra, Público no la ha incluido en su catálogo alternativo porque la reforma exigida para conseguirlo probablemente llevaría años.

Tampoco se incluye subir los impuestos que pagan las SICAV, según los expertos, aunque tendría un alto valor simbólico su impacto recaudatorio, sería muy modesto.

Medidas sugeridas:

IRPF y capital – 5.300 millones

Está incluido en el paquete ya aprobado por el Gobierno: la subida en el IRPF de hasta siete puntos en el tipo máximo suma 4.100 millones y la subida de la fiscalidad de las rentas de capital hasta seis puntos en las de mayor cuantía aporta otros 1.200.

Pese al escándalo que la decisión ha provocado en los sectores más liberales, los economistas progresistas consideran que se podría avanzar todavía más: tras la reforma, el tipo máximo del IRPF llega en algunas autonomías al 56%, pero Etxezarreta recuerda que la reforma fiscal de la Transición, también en plena crisis económica, lo colocó en el 66%. Y el tope en las rentas de capital generados en los depósitos de ahorro, por ejemplo se sitúa en el 27%. “Hay todavía mucho margen hasta igualar las rentas del trabajo y del capital, porque no tiene demasiado sentido que los ingresos nacidos del trabajo se graven por encima del 50% y los generados sin esfuerzo en un banco estén por debajo del 30%”, sostiene Etxezarreta.

Inversión militar – 1.000 millones

Los pacifistas como Arcadi Oliveres, economista de la Universitat de Barcelona, lo tienen claro: eliminando el Ministerio de Defensa se obtendría un ahorro automático para el erario público de 16.000 millones, al sumar el presupuesto del departamento (8.000) y otros gastos con huella militar repartidos por otros ministerios y que año tras año rastrean organizaciones como Justícia i Pau, que preside el propio Oliveres.

Pero, sin llegar a este extre-mo, hay margen para ahorrar mil millones sin abandonar ninguna misión en el exterior ya comprometida. Bastaría con reducir a la mitad la inver-sión anual en armamento que se reparte entre Defensa e Industria. Problema: el nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés, procede directamente del sector privado de la defensa y seguridad.

‘Tasa Tobin’ – 4.000 millones

Durante años, la tasa a las transacciones financieras promovida por organizaciones como Attac era vista con desdén por el mundo oficial. Pero, en 2011,la propia Comisión Europea, de abrumadora mayoría neoliberal y presidida por el conservador José Manuel Durão Barroso, anunció su intención de implantarla. Y, ahora, el presidente francés, Nicolas Sarkozy también conservador y, como Barroso, socio euro-peo del PPquiere aplicarla ya, unilateralmente, lo que hace añicos el mito de que sólo sería posible a escala global.

La fórmula sugerida por Bruselas es un impuesto de entre el 0,01% y el 0,1% de la transacción en función del tipo de movimiento y, según los cálculos oficiales, permitiría recaudar 55.000 millones al año. Ello ha permitido a expertos como Ricardo García Zaldívar, economista de Attac y de la Universidad Carlos III, apuntar el impacto recaudatorio en España en función de su peso en el PIB europeo: al menos 4.000 millones al año.

Pero el potencial recaudatorio es incluso más alto, porque la propuesta europea es conservadora al dejar fuera a los productos Over the counter(OTC). La elaborada por el Partido Socialista Europeo al que pertenece el PSOE prevé una tasa del 0,05% a todas las transacciones (incluidas las OTC), con lo que los cálculos recaudatorios para toda la UE sube a 200.000 millones.

Impuesto sociedades – 10.500 millones

El tipo nominal máximo del Impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas, es del 30%, que, sin ser de los más altos de la UE, es formalmente más del doble del que aplican países como Irlanda. Sin embargo, la posibilidad de exenciones y deducciones hace que, en la práctica, lo que realmente pagan las empresas sobre sus beneficios no supere el 10% de media, según la Agencia Tributaria. Cualquier sugerencia de aumentar este impuesto es automáticamente descartada por el temor a perjudicar a las empresas en un momento de crisis, pero el sindicato Gestha ha presentado una propuesta dirigida sólo a las grandes empresas con beneficios, que en la práctica disfrutan de una fiscalidad mucho más favorable que las pymes.

La medida afectaría exclusivamente a las grandes compañías, que facturan más de 45 millones al año (en España hay 5.700), y se aplicaría sólo a las que superen el millón de euros de beneficios anuales. Según una estimación de la propuesta del sindicato, elevando a estas compañías el tipo nominal del 30% al 34%, el erario público obtendría al menos 10.500 millones al año.

La Iglesia católica – 1.200 millones

La organización Europa Laica calculó en 2011 que la Iglesia católica recibe del Estado en torno a 10.000 millones de euros cada año, como consecuencia de las condiciones del concordato que rige las relaciones entre la Iglesia y el Estado desde 1979.

La cifra incluye la asignación vía IPRF (en 2010 fueron 249 millones), el salario de los profesores de religión en las escuelas (650 millones) y sus indemnizaciones por despido improcedente o el pago de los sacerdotes en las cárceles y los cuarteles, pero también los conciertos por servicios educativos y sanitarios que reciben decenas de miles de personas, entre muchos otras capítulos.

Para este catálogo de ajuste alternativo se ha contabilizado sólo la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Según Alejandro Inurrieta, alto cargo del Ministerio de Vivienda con Carme Chacón, si la Iglesia abonara el IBI, el erario público contaría con 1.200 millones de euros adicionales al año.

Impuesto sucesiones – 8.000 millones

El impuesto de Sucesiones y Donaciones lo gestionan las comunidades autónomas, cuyas necesidades financieras se han vuelto en algunos casos desesperadas. Y, pese a ello, en 2010 recaudaron por esta vía apenas 1.900 millones en total, porque todas cuentan con bonificaciones que oscilan entre el 90% y el 99%.

Según varios expertos, eliminar por completo las bonificaciones de forma simultánea en todas las comunidadespara evitar así la competencia a la baja supondría una recaudación adicional de entre 17.000 y 19.000 millones.

Público ha optado por contabilizar una propuesta intermedia, que mantenga una bonificación media del 50%, con lo que las comunidades podrían gestionar 8.000 millones de euros más al año. “El único problema de los impuestos es de voluntad política, aunque se aleguen cuestiones técnicas”, opina José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

Patrimonio – 3.500 millones

Otro impuesto desa-parecido en los años del boom, en los que la izquierda mayoritaria asumió el principio de “bajar los impuestos es de izquierdas”, es el de Patrimonio, que en 2007 aún recaudó 2.100 millones.

El Gobierno del PSOE lo recuperó antes de dejar el poder, pero en un formato restrictivo. Además, Madrid, Murcia y el País Valencià las dos últimas, pese a una situación financiera desesperada lo mantienen fuera de juego por la vía de la bonificación, por lo que la nueva versión apenas puede recaudar, según Gestha, unos 500 millones al año.

Según cálculos de los expertos de la organización, recuperar la base sobre la que se aplicó el Impuesto de Patrimonio hasta 2007, elevando el tipo efectivo del 0,6% al 1%, permitiría sumar otros 3.500 millones de euros cada año.

Medicamentos – 2.000 millones

El Ejecutivo socialista logró implantar el pasado verano la prescripción por principio activo en toda España, de forma que los médicos deben ya priorizar la receta de medicamentos genéricos, con su consiguiente ahorro para el erario público.

Pero el margen de ahorro en el gasto farmacéutico es aún importante en España, según subraya Joan Ramon Laporte, catedrático de Farmacología de la Universitat Autònoma de Barcelona y jefe de este departamento del hospital del Vall d’Hebron: “Aquí se gasta muchísimo dinero de más en medicamentos, lo que en el fondo refleja el poder político clarísimo del sector”.

Laporte recalca que los datos de la OCDE muestran que “hay espacio para recortar” en gasto farmacéutico público: España destina a medicamentos el equivalente al 1,27% del PIB cuando la media de la UE a 15 la de antes de la ampliación al Este es apenas del 0,87%.

El 80% de este gasto es público, con lo que reducir este diferencial a la mitad supondría un ahorro mínimo de 2.000 millones para la Administración pública.

Vivienda – 2.500 millones

Pese a la necesidad del ajuste drástico en las cuentas públicas, el Gobierno ha anunciado que recuperará las deducciones fiscales universales para la compra de la vivienda, con independencia de la renta del comprador, en los términos que alimentaron la burbuja, y que reducirá el IVA al respecto del 8% al 4%.

Inurrieta calcula que el impacto para el erario público será de 2.500 millones al año: 1.500 por la recuperación de la desgravación universal y otros mil por la rebaja del IVA sin limitaciones.

En realidad, el coste total de la desgravación para la compra de vivienda supera los 5.000 millones, porque el 70% de los demandantes cumplían los requisitos más restrictivos que aprobó el Gobierno de Zapatero en 2009 y, por tanto, siguieron aplicándolos.

“Lo más escandaloso ni siquiera es la cantidad que el Gobierno dejará de ingresar, sino que vuelva a alentarse el modelo que generó la burbuja y nos llevó al desastre”, advierte Agustí Colom, economista de la Universitat de Barcelona.

Pensiones privadas – 2.000 millones

Desde 1996, España ha dejado de ingresar más de 20.000 millones como consecuencia de los incentivos fiscales de que gozan los planes privados de pensiones. Al principio, la cifra era testimonial, pero en los últimos años se mueve entre los 2.000 y los 3.000 millones anuales.

Las desgravaciones se han mantenido intactas a pesar de que varios estudios han puesto en cuestión la rentabilidad conseguida por los planes de pensiones, sobre todo como consecuencia de las altísimas comisiones del sector financiero. Pablo Fernández, profesor de Finanzas de la escuela de negocios IESE, elabora cada año un ranking de más de 3.000 fondos de pensiones en España y son muy escasos los que consiguen rentabilidades sostenidas mejores a las del bono español, pese a que los gestores perciben comisiones generalmente superiores al 2%.

En 2009, Fernández cuantificó las comisiones de las gestoras por estas magras rentabilidades en más de mil millones de euros.

“Es hora de repensar estas desgravaciones, que son muy regresivas, porque favorecen a las rentas altas con capacidad de ahorro y que en la práctica se han convertido en una transmisión de renta directa hacia las gestoras”, sostiene Inurrieta.

Uno de los mayores problemas que tiene la democracia española es la muy limitada diversidad ideológica existente en los mayores medios de información existentes en nuestro país. A lo largo de mi vida, he tenido que vivir en varios países: Suecia, Reino Unido y EEUU, además de España. En Suecia hay medios de información de todo signo. Y no hay temas tabúes. A la monarquía y al monarca, por ejemplo, se les critica constantemente en tales medios. Un tanto semejante ocurre en Reino Unido, donde la familia real (liderada por la reina) es sujeto de crítica continua. Y en EEUU, donde la diversidad ideológica en los medios es más limitada que en Reino Unido o Suecia, existen, sin embargo, cadenas de televisión de izquierdas, como Democracy Now! o MSNBC, entre otras. Y los medios, tanto los de derechas como los de izquierdas, no tienen ningún reparo en criticar duramente al presidente de EEUU. Estuve trabajando en la Casa Blanca (a propuesta de los sindicatos y del Rainbow Coalition –la izquierda dentro del Partido Demócrata–) durante la Administración Clinton, en el grupo de trabajo responsable de realizar la reforma sanitaria, y pude ver la cantidad de críticas durísimas que se hicieron (con razón) en los medios al presidente Clinton durante el famoso caso Lewinsky.

En España, sin embargo, hay una larga lista de tabúes, y la monarquía es uno de ellos. Sólo hace un par de años comenzaron tímidamente a aparecer críticas de personajes de la familia real, aunque la monarquía como institución continúa siendo un tabú. Los medios televisivos todavía hoy vetan las críticas a la monarquía, habiéndose dado recientemente varios casos de censuras de programas televisivos críticos con el sistema monárquico vetando voces a favor del sistema republicano.

Otro ejemplo de esta falta de diversidad en los medios de mayor difusión en España es la cobertura de la crisis actual y sus posibles soluciones. Durante mucho tiempo, la respuesta prácticamente unánime transmitida en los mayores medios de difusión frente a la crisis era que tenían que hacerse recortes de gasto público para reducir el déficit y salir así de la crisis. Ninguno (repito, ninguno) de los medios de mayor difusión del país apoyó editorialmente alternativas como aumentar los ingresos al Estado, implementando una muy necesaria reforma fiscal que permitiera el aumento del gasto público, estimulando el crecimiento económico. Sólo más tarde se comenzó a discutir esta posibilidad, cuando (como era predecible y como indicamos varios autores) se vio que tales políticas de “austeridad” llevaban y continúan llevando al desastre económico (sin excluir la posibilidad de llegar a una Gran Depresión). Y hoy, ningún medio de gran difusión ha facilitado o planteado un debate sobre la permanencia o salida de España del euro como posible salida de la crisis (Suecia, sin euro, es el país que está creciendo más en la UE-15). El silencio sobre estos temas es también ensordecedor.

Naturalmente que España no es una dictadura. Voces de izquierda aparecen y se permiten, pero siempre en situación muy minoritaria, casi marginal. Dentro de este panorama hay poquísimas excepciones. Y una de ellas es Público, al que, maliciosa y erróneamente se le ha presentado como “el diario del Gobierno de Zapatero”, cuando, en realidad, ha sido el rotativo que ha incluido más voces críticas a tal Gobierno desde la izquierda, y cuando el apoyo financiero desde instancias gubernamentales ha sido más bajo de lo que incluso le corresponde. Pero Público hoy está en peligro de desaparecer. Y, por desgracia, no es la primera vez que ello ocurre. La prensa de izquierdas no arranca en España, y ello a pesar de que todas las encuestas señalan que la mayoría de la población se ubica desde el centro izquierda a la izquierda. ¿Por qué no cuaja? Y aquí también hay que hablar claro. Tenemos un problema en España con las izquierdas, puesto que su comportamiento contribuye a que no surjan rotativos de todas las izquierdas. Ni que decir tiene que las derechas tienen los medios financieros que las izquierdas no tienen. Y los anuncios que aguantan un rotativo escasean en medios que, por definición, son críticos de las estructuras de poder, incluyendo las económicas, financieras y comerciales. Pero, por muy poderosos que sean estos factores (y lo son), el hecho es que hay otros factores que también explican esta situación. Y entre ellos está la falta de movilización de las propias izquierdas, incluyendo partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales que, a no ser que sean sus propios medios (convirtiéndose en sus portavoces), no se movilizan para crear una cultura y una prensa de todas las izquierdas. ¿Cómo puede ser que de más de diez millones de españoles que votan a partidos de izquierda, o de casi tres millones de sindicalistas, y de más de dos millones de asociaciones sociales progresistas, sólo 87.000 se suscriban a Público? ¿Cómo es que la mayoría de personas que votan y/o se consideran de izquierdas leen primordialmente prensa que no es de izquierdas? Hay una falta de movilización de las izquierdas (y de sus instrumentos) en promover la suscripción a Público, permitiendo un dominio casi absoluto de las derechas y de lo que se llama centro (que es derecha moderada) en los medios de mayor difusión de España. Si cada lector que encuentra Público de interés y simpatiza con sus contenidos se suscribiera, tendríamos Público para años. Que esto no ocurra es un síntoma de un problema mayor que la posible pérdida de tal rotativo (que es en sí una enorme pérdida). Es un indicador más de esta falta de movilización de las izquierdas para crear foros de expresión de todas las izquierdas, como es, y esperemos que continúe siéndolo, Público por muchos años

El concurso de acreedores de Público amerita una reflexión en la débil izquierda española. El riesgo de que desaparezca dejaría informativa y culturalmente huérfano un campo progresista que en los últimos años empezó a tener perspectiva para cuestionar algunos de los “bien atados” que dejaron Franco y la élite política de la Transición.

El sugerente libro Sistemas Mediáticos Comparados, de Hallin y Mancini, caracteriza el modelo de pluralismo polarizado de los países mediterráneos, donde el alto grado de compenetración entre partidos políticos y grupos mediáticos instrumenta los discursos con especial estridencia ideológica en las disputas políticas, lo que dificulta el distanciamiento y la neutralidad deontológica que deberían orientar a los periodistas al valorar el interés común y la justicia en la esfera pública de una democracia. En el caso español, la información académica utilizada por estos autores les hace valorar escasamente el peso que el largo franquismo tuvo en la conformación de la esfera pública moderna, modelando cuestiones tan centrales para la reproducción cultural como las escuelas de periodismo y la fase electrónica de la comunicación (radio, cine, tv). Su interpretación asume la perspectiva acrítica de la “transición” comunicacional haciendo evidente que conocen superficialmente la historia de El País (PRISA). A este diario adjudican el lugar del periódico progresista que confronta con la derecha, equiparándolo en su esquema comparativo con cabeceras italianas como L’Unitá o La Repubblica, o las francesas Libération o L’Humanité, cuando en un mercado mucho menos plural su línea editorial en ningún momento ha defendido el control público de la economía, el gasto social y los derechos de las personas trabajadoras. Y sí, en cambio, ha demandado y saludado de manera sistemática privatizaciones, flexibilización laboral, desregulaciones y recortes, cuestiones de las que no fuimos muy conscientes hasta que en 2007 apareció Público.

El intenso accionar de esta nueva cabecera en su escaso quinquenio de existencia no está siendo del todo evaluado. No existe una clara conciencia del sutil papel que juega sobre el difuso campo progresista ni sobre públicos activos socioculturalmente que, aunque minoritarios, son clave en la promoción de causas y movimientos democráticos emancipadores. Desde que Público está todos los días en los kioscos, los planteamientos empujados por estos tejidos sociales han ganado profundidad argumentativa para el debate cotidiano (el de la barra del bar) y su reverberación informativa en televisión ha vigorizado un alicaído discurso progresista impotente ante la brunete mediática de nuestros neocons nacionales.

En sus páginas se están tratando temas hasta ahora tabú, como la República (con desafío informativo a la monarquía desconocido en Madrid en las tres décadas de democracia) y la memoria de las víctimas del franquismo (desplegada sobre los derechos humanos y la justicia aún no asumidos por una sociedad todavía traumatizada). Por primera vez un medio de tirada nacional se ha atrevido a modular información que cuestiona los costrosos prejuicios identitarios, abordando cuestiones informativamente asfixiadas por una perspectiva españolista inconsciente de su prepotencia. La inevitable interculturalidad que requiere la deseada España plural necesita voces claras para explicar desencuentros lingüísticos, la necesidad de una salida dialogada a ETA, los datos y razones que están detrás de un modelo territorial fallido y necesitado de revisión.

La dirección editorial de Público promueve una pluralidad de voces en sus columnas y espacios de opinión que sin duda está ampliando el espacio de reflexión común de izquierdas sociales y políticas. La clara consigna de Vicenç Navarro de “bienestar insuficiente” y “democracia incompleta”, vinculadas a las ventajas obtenidas por el campo conservador durante el franquismo y la “transición inmódelica”, pone de manifiesto semanalmente las tareas pendientes de la autocomplaciente socialdemocracia española. Las iniciativas de movimientos mediáticamente marginados como el laicista, estudiantil o el de conocimiento abierto en la red han ganado un generoso espacio en reportajes y artículos de opinión. Las intocadas industrias culturales y la SGAE son criticadas por su mal gobierno en una coyuntura de cambio tecnológico, lo que gana contraste con informaciones sobre otras realidades de creatividad colaborativa independiente de insoslayable valor para la cultura democrática y sostenible. Entre ellas, se podría incluir las colecciones de clásicos de la narrativa española del exilio y de la literatura política universal incluidas los fines de semana a bajo coste, que al tiempo que ponían en las manos de los lectores importantes autores para pensar nuestro tiempo pasado y presente, dejaban en evidencia el afán meramente lucrativo de los coleccionables promovidos por otros periódicos. El comunicado del colectivo editorial de Diagonal en apoyo al periódico puede que sea la primera muestra de reconocimiento de la izquierda social radical a un medio de prensa convencional.

A fines de los noventa, un libro de exitosa circulación interrogaba a las ciencias sociales latinoamericanas jugando con los términos Cultura Política y Políticas Culturales donde Álvarez, Dagnino y Escobar hacían una reflexión crítica de la noción de cultura política exportada desde Estados Unidos al mundo, normalizando como públicos democráticos al norteamericano medio, apático y centrado en el consumo y la vida privada. Por el contrario, estos autores daban claras pruebas de que las mayores aportaciones a las transformaciones democráticas las habían potenciado las prácticas culturales de los movimientos sociales y su capacidad de promover políticas culturales de nuevo cuño con los nodos más avanzados de la sociedad civil. Público juega generosamente un papel de centrocampista repartiendo juego al primer toque en la disputa ideológico-discursiva de los últimos años. Sin duda está colaborando con la esperanza del 15-M, removiendo la indignación surgida en nuestro país para el mundo. Por eso los tejidos sociales activos debemos tener el claro compromiso de apoyar las iniciativas de sus trabajadores para dar viabilidad a un diario fundamental en los años venideros

Cuando en marzo de 1985 terminó la corta vida, apenas seis meses, del diario Liberación, uno de sus redactores escribió este epitafio: “Desconocían el lenguaje de la piratería y, navegando en sus aguas, era preciso dominarlo para sobrevivir. Así son las arenas movedizas del negocio editorial periodístico”.

Liberación fue un buen periódico, con una redacción muy politizada, claramente a la izquierda del PSOE, entonces en plena congregación bajo la autoridad de Felipe González. Hubo discusiones fuertes y conflictos entre diferentes grupos, personalidades y afinidades de la redacción, pero la opinión general es que su fracaso estuvo determinado por sus carencias y debilidades como empresa editora. El capital inicial se constituyó con aportaciones individuales y en un régimen de tipo cooperativo; tropezó inmediatamente con un boicot de créditos de bancos y cajas de ahorro y su equipo gerencial se hundió en las “arenas movedizas del negocio editorial periodístico”. Aquella experiencia traumática ratificó el dominio del Grupo Prisa en la información “progresista”, pese a que unos meses después, al grupo se le cayera hasta el último resto de barniz “de izquierdas”, con su apoyo editorial al Sí en el referéndum sobre la OTAN. En las condiciones de desmoralización producto de la derrota del No en ese referéndum, la conclusión más razonable fue considerar un diario de izquierdas tan necesario como prácticamente imposible: era muy dudoso que pudiera contar con suficiente difusión y era inverosímil que pudiera contar con una sólida base empresarial, capaz de competir con el Grupo Prisa. La excepción era Egin, pero no servía como modelo: en el Estado español no existía nada comparable a la base social y el sentido comunitario del mundo abertzale, que necesitaba y podía sostener un medio autónomo de los poderes establecidos, incluyendo a los poderes mediáticos. Así transcurrieron los años oscuros de la izquierda española, con algunos momentos de esperanza, como la huelga general de 1988, los movimientos de insumisos o la lucha contra la guerra de Irak, de los que sólo se comienza a atisbar una salida política desde el 15-M.

Por eso el nacimiento de Público fue una noticia tan buena como inesperada y la amenaza de su desaparición tiene un aire de derrota política, que se siente en muchos de los testimonios de lectores y colaboradores.
“Un aire”, digo. No comparto la línea editorial de Público y raras veces he estado de acuerdo con ella, especialmente en temas de política “nacional”. Público no es un periódico de la “izquierda alternativa”. Un proyecto de este tipo es hoy inviable, como ha mostrado, en cierto modo, la frustrada experiencia de La voz de la calle, que se presentó expresamente como un periódico “a la izquierda” de Público.

Lo que hacía potencialmente viable a Público, y aún quedan posibilidades para que lo sea, es desde el punto de vista de su orientación política, combinar la línea editorial de “apoyo crítico” al PSOE con un pluralismo de opinión y de información muy alto, en el que tienen cabida habitualmente opiniones y organizaciones claramente a la izquierda del PSOE y temas excluidos o condenados por la prensa convencional. Por cierto, llama la atención el tratamiento despectivo que el colectivo editor de Diagonal ha dedicado a un sector de los que se expresan en el diario. Así, en el texto “Sin nostalgia y sin miedo: por otra comunicación para otros públicos”, http://www.diagonalperiodico.net/Sin-nostalgia-y-sin-miedo-por-otra.html, se incluye la siguiente valoración sobre el “hueco informativo” que ocupa Público: “Tanto en sus planteamientos más clásicamente izquierdistas (quizá lo menos interesante del periódico, y en los que se reconoce la herencia del republicanismo y del antifranquismo)”. Imagino que al colectivo editor de Diagonal sí encontrará interesantes a sus suscriptores “clásicamente izquierdistas”. Que un periódico como Diagonal aluda así, probablemente de forma inconsciente, a una parte de sus lectores da una idea de cómo está el panorama de la prensa de izquierdas en España y de las dificultades para que los buenos medios que existen, Diagonal entre ellos, alcancen un impacto social y político amplio.

Volviendo a Público. Su director Jesús Maraña escribe: “Si Público estuviera vendiendo el doble de ejemplares de los que vende o hubiera cumplido el objetivo previsto en ingresos publicitarios, no se hallaría en la gravísima tesitura de suspender pagos temporalmente para intentar sobrevivir”. Ahí está el problema. Los efectos de la caída de la publicidad sólo pueden paliarse con un fuerte incremento de las ventas. Si Público vendiera, pongamos por caso, 150.000 ejemplares, posiblemente no sería un gran negocio, pero no estaría amenazado de cierre.

Echemos cuentas. En las últimas elecciones generales, las candidaturas a la izquierda del PSOE, que sólo han tenido un tratamiento amplio, e incluso generoso, en Público, han obtenido cerca de dos millones de votos. La afiliación de las diferentes organizaciones sindicales, políticas, sociales… que han podido expresarse en Público mejor que en cualquier otro medio, suma centenares de miles de personas. El movimiento 15-M, que ha tenido en Público el mejor tratamiento de la prensa diaria, ha significado una activación social masiva. ¿Cómo es posible que en estas condiciones Público no consiga llegar, después de cinco años, ni a los 90.000 ejemplares de venta?
El problema no está en el periódico, ni en su línea editorial, ni tampoco en su empresa editora: el problema está en la demanda. La gente de izquierdas apenas compra prensa, y la que compra no es de izquierdas. La gente más joven pasa de los medios impresos y se conforma con la información gratuita a la que accede por internet. Fuera de Euskadi, no existe conciencia de la necesidad de contar con una autonomía de información respecto a los grandes medios, en particular respecto a Prisa. Y esa autonomía no tiene hoy en la prensa diaria de difusión estatal mejor instrumento que Público. ¿Sería preferible otro diario de base cooperativa y más a la izquierda? Pues, en mi opinión, sí. Pero ahora esto es lo que hay y no es nada despreciable. No existe en ningún país europeo ningún diario con el pluralismo político y la difusión de Público.

Quizás dentro de unas semanas o meses lo echemos de menos. La única alternativa peor que su desaparición sería una supervivencia agónica, de ERE en ERE.
Un llamamiento permanente en la portada del periódico recuerda que: “la mejor forma de apoyar a Público es comprarlo todos los días”. Yo creo que, ahora,  más que la mejor, es la única forma de apoyar al periódico y, sobre todo, a sus trabajadores. Aún estamos a tiempo.

Estos hechos ocurrieron supuestamente en 2003 y supuestamente se han repetido en el tiempo hasta fechas relativamente recientes. Las vistas se celebraron en Mayo del 2011. y el juez, considera los hechos suficientemente verosímiles como para imponer una fianza de 100.000 euros al imputado, que no es precisamente simbólica

El sábado 21 Reneses presento en la presidencia ejecutiva federal su renuncia como secretario de organización, manteniendo su cargo como diputado autonómico, renuncia que se había pactado en las reunión estratégica que hacen los algunos miembros de PCE los viernes por la tarde noche para preparar el PEF

Este blog, no tiene por que juzgar ni la culpabilidad/inocencia del imputado, ni creer o dejar de creer a la victima, pero el articulo 8 del código ético de aprobado por el consejo político federal de IU el día 16 de diciembre de 2006 sostiene que: “ Los militantes y/o cargos públicos de IU imputados por un juez o magistrado, procesados o condenados por delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con fines de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos público o privados, malversación y apropiación de caudales públicos, cohecho, racismo, xenofobia, homofobia o violencia de género, cesarán de forma inmediata de sus cargos públicos así como de los órganos de dirección de IU a nivel estatal, autonómico o local si los tuvieren. También serán apartados de forma cautelar de la militancia hasta que cese la imputación, el procesamiento o exista sentencia absolutoria.”

la imputación de un dirigente en un delito de acoso sexual (que es violencia de genero) independientemente de su inocencia o culpabilidad, obliga por coherencia a aplicar el código ético de IU, que para eso esta, lo que implica la dimisión de los cargos institucionales y dentro de la organización que tuviera el imputado

Miguel Reneses, al no dimitir de todos sus cargos, tanto internos, como éticos esta violando el código ético de IU.

El PCE de Madrid le ha suspendido cautelarmente de militancia e IU-Madrid le ha pedido su renuncia como diputado autonómico. Sin embargo, Cayo Lara ha optado por que su renuncia sea “temporal” y no nombrar ningún sustituto.

Para colmo, Cayo Lara considera que la decisión de dimitir de Reneses es “noble y valiente” y proclamar la inocencia de Reneses a los cuatro vientos, se posiciona y llama mentirosa a la presunta victima, hace que me vuelva ha avergonzar, una vez mas de este coordinador que nos ha impuesto el PCE.

La dirección de IU esta fallando en uno de los principios de acción política y organizativa de IU es la igualdad de género, en las ultimas elecciones la practica totalidad de candidaturas con opciones de “La Izquierda Plural” estaban en manos de hombres, Las solo tres diputadas de los 11 escaños conseguidas por “La izquierda Plural”, tienen un papel marginal.

En el año 2004 Reneses fue obligado a renunciar de su escaño autonómico por colar en un viaje oficial de la Comunidad de Madrid a una amiga como asesora de prensa, quizás estos hechos, como otras historias opacas de algunas Fundaciones deberían no haberle permitido llegar hasta el puesto de secretario de Organización, puesto que accedió como recompensa por parte del PCE, al papel de la Nacional II madrileña en la elección de Cayo Lara.

Finalmente, lamentar la actitud de algunos militantes/votantes de IU, muchos de ellos ligados emocionalmente al PCE, viendo conspiraciones, matando mensajeros o acusando a la victima.

Artículos relacionados:

El Codigo ético de IU (Tania Sanchez y Maria Espinosa)
IU-Reneses: Acoso tolerancia por debajo de cero (Luis Maria Gonzalez)
Reneses (A sueldo de Moscu)

Manifiesto a favor del diario ‘Público’ y su continuidad

“El pensamiento económico de las élites catalanas lo está marcando escuelas de negocio como ESADE e IESE. La escuela de negocios, con un claro sesgo hacia el estado mínimo, la reducción de impuestos y un modelo de gestión pública “business friendly”. Este pensamiento está imbricado directamente en el actual gobierno de la Generalitat y el partido que lo forma, CiU, pero no solo eso, también ha impactado en el pensamiento económico de algunos dirigentes de otros partidos y lo más importante influye directamente en la concepción moral, política y económica de las élites económicas de Catalunya”

(Jose Rodriguez en Observatori de Ciberpolitica)

Jaume Asens, advocat de l’acusació contre les agències de Rating a Espanya
     Albert Recio, economista i professor de la UAB.

En julio de 2007, Valencia era una fiesta. A la sombra del edificio Veles e Vents, diseñado por el arquitecto británico David Chipperfield, y bajo una lluvia de confeti, banderas al viento y fanfarrias musicales, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, eufóricos, daban la bienvenida a Ernesto Bertarelli, patrón del Alinghi, y flamante vencedor de la 32ª Copa del América. Tiempo de vino y rosas, de entusiasmo desbordado. Valencia en el mapa de los grandes acontecimientos deportivos mundiales y dos políticos en estado de gracia, envidiados por sus adversarios y reverenciados por sus compañeros. Mariano Rajoy, meses antes de las elecciones generales de 2008, ponía como ejemplo de buena gestión económica al Consell de Francisco Camps y remataba: “Ese es el modelo que yo quiero aplicar para el Gobierno de España”. Más recientemente, en enero del año pasado, cuando ya había estallado el caso de los trajes, Javier Arenas, candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, todavía aseguraba: “Gobernar no es gastar más, sino gastar mejor. Gobernar es imitar a Camps”. El político valenciano era tenido por los dirigentes de su partido como espejo en que mirarse y modelo a seguir.

Cuatro años y medio después de tocar el cielo con la Copa del América, Camps ya no es presidente de la Generalitat y se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto delito de cohecho impropio. Y ya nadie quiere imitarle. La Comunidad Valenciana, antes envidia de las autonomías, da la sensación de ser la Grecia española, endeudada hasta las cejas, incapaz de cumplir sus compromisos financieros, empobrecida y sumida en una crisis institucional, financiera y económica. “Si fuéramos una caja de ahorros ya nos habría intervenido el Banco de España”, asegura un dirigente del PP valenciano, “pero por fortuna no lo somos”.

Las arcas vacías no son el único problema. Los escándalos por corrupción se suceden ininterrumpidamente desde hace años infectando todo el territorio. El caso Fabra, en Castellón; Emarsa, en Valencia; el caso Brugal, en Alicante, y, sobrevolándolo todo, el caso Gürtel, en el que se investiga la supuesta financiación irregular del PP, más su derivada del caso de los trajes de Camps. Faltaba Iñaki Urdangarin para que el deterioro fuera aún mayor. Y todavía hay escándalos que no han salido a la luz. Un empresario local se lamenta: “Es lo peor de lo peor; la imagen que tenemos en el resto de España. No nos beneficia nada”.

La Comunidad se ha convertido en una zona apestada para Mariano Rajoy, que no ha colocado a ningún valenciano ni en su Gobierno ni en ninguna de las 32 secretarías de Estado. Un veterano militante del PP está convencido de que el nuevo presidente “ha establecido un cordón sanitario para evitar que le estalle en las manos alguna bomba de relojería que todavía no se ha detectado”.

La trama Gürtel, a través de Álvaro Pérez, El Bigotes, entró a sacó en las arcas de la Generalitat y la otelevisión valenciana para enriquecerse sin que Camps hiciera nada por evitarlo. No fue el único método utilizado para obtener importantes ganancias a la sombra del poder. Prácticas destinadas a convertir los beneficios en privados y las deudas en públicas. Todo empezó en Terra Mítica, el parque de atracciones que levantó Eduardo Zaplana en Benidorm con el dinero de Bancaja, la CAM, algunos empresarios privados y la Generalitat. El complejo, que costó 377 millones, ha sido un auténtico fracaso. De hecho, ahora es propiedad del grupo Aqualandia, que se lo ha quedado a cambio de asumir deudas valoradas en 65 millones. Para construir el parque, el Gobierno valenciano expropió 10 millones de metros cuadrados. Sobre ese inmenso solar se edificaron Terra Mítica, un hotel de cuatro estrellas, cinco de dos y dos campos de golf. Nada fue como estaba previsto y el parque entró en suspensión de pagos, que la empresa levantó cambiando el uso de 217.000 metros cuadrados, vendidos por 85 millones al promotor Enrique Ortiz -imputado en los casos Gürtel y Brugal. El pelotazo urbanístico que se buscaba fracasó al estallar la burbuja inmobiliaria.

Muchos de los grandes proyectos financiados con dinero público siguieron el mismo patrón de Terra Mítica. Se presentaron como de interés social, pero en su entorno se han venido produciendo movimientos especulativos vinculados al urbanismo. La Ciudad de la Luz, los estudios cinematográficos situados en Alicante, otro fiasco económico con un coste de 300 millones y una deuda de otros 190, ha visto como a su alrededor se han realizado dos operaciones importantes: la compra de 700.000 metros cuadrados por una firma participada por Bancaja y Enrique Ortiz, y otra adquisición de 200.000 metros cuadrados por parte de este promotor. Ambas operaciones están siendo investigadas por la policía.

El aeropuerto de Castellón no es solo una instalación sin aviones, fruto de la quimera y de la megalomanía del cacique provincial Carlos Fabra. Desde el principio fue una operación especulativa de gran calado en la que el aeropuerto justificaba un gran proyecto urbanístico con garantía institucional que cubría las posibles pérdidas de la concesionaria. El Gobierno de Camps siempre veló por los intereses de los empresarios. Al concesionario de la línea 2 del tranvía de Alicante también se le garantizaba el 10% de los beneficios sobre la inversión realizada, con independencia de los pasajeros que la utilizaran. El actual Gobierno de Alberto Fabra ha roto el contrato con la empresa del aeropuerto y retirado el concurso del tranvía, por considerarlos lesivos para los intereses del Consell.

El saqueo de las arcas públicas, en la práctica, estaba institucionalizado. Los empresarios no corrían con ningún riesgo. Aunque en algunos casos, como el de Emarsa, la empresa encargada de depurar las aguas residuales de la ciudad de Valencia y otros 16 municipios, más que un saqueo ha sido un auténtico latrocinio. Hay 28 personas imputadas, entre ellas todos los exresponsables de la firma, militantes del PP y numerosos proveedores. Uno de ellos, Juan Carlos Gimeno, exconcejal del Ayuntamiento de la ciudad, explicó que el agujero de 17 millones de Emarsa -que algunas fuentes elevan a 40-, se produjo porque “alguien decía que se hiciera así”. Gimeno evitó dar nombres, pero dejó pistas. “Hay bolsos y carteras que todos sabían que recibía un cargo público”. En una conversación interceptada a El Bigotes, este afirma: “Estoy en Louis Vuitton, porque hay una cosa que no hemos pensado, que es que llevamos cuatro años regalando una cosa a la alcaldesa [de Valencia] todos los años no voy a dejar de regalarle algo (…) Le voy a comprar un bolso de la colección nueva”.

La Comunidad Valenciana es vista desde el exterior como un territorio en el que menudean los escándalos políticos y la corrupción. Y donde el despilfarro del dinero público ha sido la norma en los últimos años. En noviembre de 2009, en una situación de grave crisis económica y con una deuda autonómica que ya era la primera de España en relación al PIB regional, la Consejería de Cultura y Deporte se gastó 52.800 euros en la organización de unos actos previos de la Ferrari World Finals en el circuito de Cheste. Camps y Barberá aprovecharon el evento para montarse en un Ferrari azul y dar una vuelta al circuito acompañados por Fernando Alonso, Felipe Massa y Luca di Montemezolo, patrón de la escudería italiana.

Francisco Camps nunca dejó de comportarse como un nuevo rico. En 2007, un año antes de que las primeras señales de la crisis se hicieran evidentes, Bernie Ecclestone anunciaba en Valencia la celebración de un gran premio de Fórmula 1, condicionándolo a la victoria de Camps en las elecciones autonómicas. Lo que no contaron ni él ni Camps fue el coste del evento, ni las condiciones leoninas del contrato. De entrada el Gobierno valenciano mintió a la opinión pública. Aseguró que el circuito urbano no iba a costar ni un euro porque lo iban a pagar los promotores que construirían el plan urbanístico del Grau; pero el Consell tuvo que desembolsar 80 millones. La celebración de los siete grandes premios programados le van a suponer a las arcas públicas valencianas más de 244 millones, entre los pagos a Ecclestone, las infraestructuras para la carrera y el canon que paga la televisión valenciana por retransmitir los grandes premios.

El actual ejecutivo de Alberto Fabra ha intentado anular los contratos con el patrón de la F1, pero se ha encontrado con que la penalización es casi tan cara como pagar la celebración de la carrera. Ahora negocian con la Generalitat catalana para que Barcelona y Valencia se alternen en la celebración de grandes premios. Una sugerencia que se le hizo a Camps desde Cataluña, rechazada por este en su día.

Los escándalos, singularmente el caso de los trajes, acabaron por forzar la dimisión de Camps de la presidencia de la Generalitat, pese a los esfuerzos de la alcaldesa de Valencia para que siguiera en su puesto. Fue a las 4 de la madrugada cuando Isabel Bas, esposa del expresidente, dijo: “Paco, déjalo estar”, poniendo así punto final a una maratoniana reunión en la que también estaban presentes Federico Trillo y Juan Cotino, este último el presidente de las Cortes Valencianas.

La crisis institucional se solucionó con el paso del alcalde de Castellón, Alberto Fabra, a la presidencia de la Generalitat, quien hubo de asumir una pesada herencia que, a diferencia de otros colegas autonómicos, no puede atribuir a otro partido político, aunque sea la peor de las peores herencias recibidas. “Sabíamos que las cosas estaban mal; pero nunca supusimos que estuvieran tan mal”, señalan desde el entorno del actual presidente de la Generalitat.

¿Cómo de mal? Para empezar, los sucesivos modelos de financiación autonómica han sido lesivos para los intereses de los valencianos. No se contempla la totalidad de la población de la Comunidad y los ingresos por habitante permanecen por debajo de la media española. Era peor con José María Aznar en el Gobierno y siguió siendo mala con la reforma de Rodríguez Zapatero. Además, el sistema financiero valenciano ha desaparecido: Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), la tercera y cuarta caja españolas, han sido fusionadas o intervenidas por el Banco de España. El Banco de Valencia se encuentra en idéntica situación. ¿Cómo se había llegado hasta ahí?

Algunos hechos ayudan a explicar lo ocurrido. Los gobiernos del PP fiaron el crecimiento económico al ladrillo y a una política de grandes eventos y actividades de ocio. Dos decisiones estratégicas para las que no dudaron en utilizar a las cajas de ahorro, auténticas terminales de las decisiones políticas adoptadas en el Palau de la Generalitat. Bancaja y CAM financiaron proyectos como Terra Mítica, el circuito de Fórmula 1 en Valencia o el aeropuerto de Castellón. El apalancamiento de las tres entidades financieras a proyectos que se hundieron con el estallido de la burbuja inmobiliaria, las dejó en la ruina. La crisis global fue la puntilla de una política basada en la especulación inmobiliaria y en el crédito barato.

La pésima gestión arruinó a todo el sistema financiero valenciano, con las consiguientes repercusiones para el mundo empresarial autonómico; mientras que el intervencionismo político en las cajas se volvió como un bumerán contra la propia Generalitat. Desaparecidas Bancaja y CAM, el Gobierno valenciano no encuentra quien le financie sus propias emisiones de crédito. La puesta en circulación de 1.800 millones de euros en bonos patrióticos fue un auténtico fracaso, apenas si lograron colocar 1.055 y las agencias de calificación Moody’s y Fitch los clasificaron como “bonos basura”.

La peor herencia, de la que Fabra no se queja nunca en público pero a la que tiene que hacer frente, es la económica. Los compromisos de pago para las próximas décadas de la Administración Valenciana superan los 62.000 millones. De esta cifra total, 47.933 millones corresponden, en parte, a la deuda financiera asumida por el Consell más sus empresas públicas -que en septiembre de 2011 alcanzaba los 22.163 millones-; y el resto, al débito a proveedores, pago de los peajes en sombra o el canon que se abona anualmente a las empresas que, como Ribera Salud, gestionan con criterios privados los hospitales que se rigen por el modelo del que funciona en Alzira. Además, durante el primer semestre del año pasado, la deuda financiera aumentó en 1.498 millones, las obligaciones de pago en 131 millones y los compromisos de gasto no reconocidos y con cargo a futuros presupuestos alcanzaron los 2.043 millones.

En resumen: la suma de deuda financiera y pagos pendientes de la Comunidad Valenciana -a largo plazo- alcanza los 51.605 millones. Pero eso no es todo. A esa cantidad hay que añadirle 10.489 millones de euros que corresponden a deudas de las empresas públicas, entidades autónomas y fundaciones dependientes de la Generalitat, de acuerdo con el informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente a 2010. Por eso, el conjunto de los compromisos adquiridos por la Comunidad y por el sector público que esta controla se eleva a 62.000 millones.

De momento, en este año de 2012, la Generalitat tiene que devolver créditos valorados entre 4.000 y 5.000 millones, según las fuentes consultadas. Y no tiene con qué hacer frente a estos compromisos.

Durante años, Camps presumió de bajar los impuestos y aumentar el gasto social. Fabra ha tenido que desandar ese camino. Ha subido impuestos, recortado sueldos de los funcionarios, reestructurado servicios públicos. Y ha anunciado una reducción del número de empresas y fundaciones. Un esfuerzo gigantesco, con notables costes sociales, que es insuficiente para cumplir con los vencimientos de los créditos. Ni siquiera los hispanobonos, si algún día se ponen en circulación, bastarían para salvar las arcas valencianas.

A finales del año pasado, el Gobierno de España tuvo que salir al rescate de la Comunidad Valenciana para que pudiera hacer frente al pago de una póliza de crédito del Deutsche Bank. A cambio, Rajoy exigió a Fabra que tomara serias medidas de austeridad. Pero ser austero no basta. No alcanza para pagar a los proveedores que hacen cola ante las ventanillas de la Generalitat para que se les abone lo que se les debe. Solo a 450 colegios concertados les adeuda 50 millones de euros. Contratistas de la Administración, grandes y pequeños, van a tener difícil recuperar su dinero, por más que sean una prioridad para el actual Consell.

La enmienda a la totalidad que, por la vía de los hechos, está haciendo Fabra a la política de Camps encuentra serias resistencias entre los seguidores del anterior presidente. Las relaciones con Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, no pasan de la cortesía. En el grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas, con sordina, han empezado a escucharse las primeras críticas a la gestión del neófito presidente. Un dirigente popular afirma convencido que “Fabra tiene a todo el PP enfrente”. Nadie debería extrañarse de esta afirmación. Limpiar el PP valenciano no va a ser tarea fácil y “el cordón sanitario” establecido por Rajoy para la Comunidad Valenciana tampoco ayuda demasiado. “Génova tiene que intervenir”, reclaman desde Valencia. Pero Génova está en La Moncloa.

PS.- Tal vez sea una casualidad. O tal vez no. Pero no deja de ser una amarga ironía que Camps nombrara a Jaume Matas, expresidente de las Baleares y procesado por el caso Palma Arena, “embajador de la Comunidad Valenciana”. -

El Partit dels Socialistes de Catalunya en la encrucijada
David Companyon
Fuente: Sin Permiso

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha vivido su 12 º Congreso en un estado de depresión, producido por la pérdida continuada de elecciones y de poder, que lo han situado fuera de la centralidad política catalana.

El Congreso ha visualizado las derrotas, cuyos efectos aun están por cicatrizar, pero su objetivo prioritario era recomponer una dirección desacreditada y perdida en un rumbo errático. Acostumbrado a gobernar,  tras ostentar durante 7 años la presidencia de la Generalitat, se encontró (casi) de repente abandonado por la mitad de su electorado (del 45,3% al 26,6%), con un retroceso muy significativo en las áreas urbanas y metropolitanas.

El PSC se ha distanciado de su base social y ésta lo ha hecho del PSC. Pero esta no ha sido la discusión ni tampoco se han analizado las razones de porque una buena parte de las clases populares y medias le han dado la espalda para abstenerse o para transferir su voto a CiU y el PP, por un lado, y hacia ICV-EUiA los que han optado por una opción más a la izquierda.
El Congreso ha pasado de puntillas sobre cuál sería el diagnóstico de su situación y la elaboración de propuestas que permitan mantener la confianza de los cientos de miles que le han votado y recuperar la de quienes han dejado de votarle. No en vano el movimiento 15 M, con su crítica radical del papel de los partidos socialdemócratas (también del resto de las izquierdas) como correa de transmisión de los intereses del capital, o la huelga general de CCOO y UGT contra las medidas del gobierno ZP, le han pasado factura al PSC.

La principal consecuencia, a tener muy en cuenta en el análisis, del último ciclo electoral ha sido el gran descenso socialdemócrata (que continúa, sin embargo, siendo la primera fuerza de la izquierda). Descenso que nos lleva hacia un ciclo dominado por las derechas de CiU y el PP, que ocupan todo el poder de forma casi absoluta en Catalunya y España para aplicar un programa radical de recortes de derechos sociales y laborales, los servicios públicos, privatizaciones y achicamiento del Estado a favor de los mercados y los beneficios privados.

Las clases medias en el centro del discurso

El alcalde de Terrassa, Pere Navarro, ha sido elegido primer secretario por el 75% de los delegados, frente al 25% que se ha decantado por el dúo Elena-Ros (representantes de “Nou Cicle” de Raimon Obiols y del sector “catalanista” de E. Maragall, Tura, Geli…). El sector de Navarro ha aglutinado a su alrededor el núcleo de alcaldes metropolitanos que conservan una exigua parte del poder que el PSC tenía hasta el 2010. Estos alcaldes (Bustos, Balmón, Marin, Parlón, el propio Navarro…) son las “caras nuevas” sobre las que el PSC quiere  articular su renovación.
El peso más relevante en el nuevo equipo lo constituye lo que se conoce como “la federación catalana”, el sector del PSC más cercano al PSOE en su tradición y cultura política. Su principal preocupación es articular un discurso dirigido a las clases medias, que sufren la agudización de la crisis económica bajo los efectos del aumento de las tasas e impuestos indirectos. Son capas liberal-progresistas, votantes tanto de CiU como del PSC, preocupadas por el mantenimiento de los derechos y libertades personales frente al retroceso previsible en el ámbito  del ejercicio de la ciudadanía con que amenazan  CiU y el PP. Unas clases medias atraídas también por el discurso ecologista, que el PSC quiere incorporar para detener el trasvase de votos a ICV-EUiA.
Esta visión ha triunfado ampliamente sobre las tesis de “Nou Cicle” de construir nuevas alianzas con las fuerzas de izquierdas (en un balance crítico, aunque positivo del Govern tripartito) y también sobre las del sector “catalanista”, que   defiende profundizar las señas de identidad diferenciadas del PSC frente al PSOE y organizar un grupo propio parlamentario en el Congreso de los Diputados que rivalice con CiU y ERC con un proyecto catalán propio. Aunque no se puede olvidar que el sector “catalanista” tiene puntos en común en su propuesta estratégica con el discurso mayoritario de la “federación catalana” de buscar alianzas con el nacionalismo convergente frente al Gobierno central del PP.
El nuevo primer secretario del PSC, Navarro, construyó el eje de su discurso en una propuesta de “mano tendida a CiU” para acordar una hoja de ruta que, en un nuevo ejercicio de “equilibrismo” zapaterista, proteja a los sectores sociales más desfavorecidos, pero mantenga la política económica neoliberal de ajuste y austeridad iniciada por ZP y que ha profundizado CiU. Esta política neoliberal de “consenso  para salir de la crisis” debería permitir al PSC reocupar un espacio central en la política catalana como principal partido de una oposición “responsable” y, al mismo tiempo, restar protagonismo al PP como aliado de CiU en Cataluña, utilizando a su favor -como hizo CiU en la oposición- las inevitables fricciones y choques con el Gobierno Rajoy.

Por ello, si el discurso político del Congreso situó a las clases medias en el centro de sus preocupaciones, el perfil del PSC como partido catalán y los vínculos con el PSOE fueron el otro eje sobre el que pilotaron las propuestas. Las conclusiones son claras: se descarta tener grupo propio y un proyecto de construcción nacional para Cataluña autónomo del PSOE y de CiU. Lo que es especialmente significativo en un momento en el que el federalismo es un concepto vacio de contenido en el PSOE, incapaz de resistir las presiones neocentralistas del PP y de UPyD.
Desgraciadamente, el PSC seguirá a remolque de la burguesía catalana sin un proyecto propio de construcción nacional, tras la enorme frustración política de la reforma del Estatut y frente al desafío político del pacto fiscal propuesto por CiU. Un pacto fiscal que pretende ofrecer como salida de la crisis económica un mayor autogobierno de Cataluña  y subordinar lo  social a  lo nacional, entendido como una negociación de intereses fiscales entre la burguesía catalana y la española. Nada refleja mejor la actual hegemonía de CiU  que el “mantra” del pacto fiscal: CiU exige a todos los partidos que apoyen al gobierno Mas, bajo acusación en contrario de  “traicionar Catalunya”. Se llega incluso a plantear un desafío teórico al gobierno Rajoy con la convocatoria de referéndum, se agita el independentismo con el “España nos roba”…Pero la realidad hasta ahora es que CiU pacta con el PP a todos los niveles, pese a que Rajoy no para de darles calabazas con el pacto fiscal.

El PSC tendrá en su oposición el legado negativo de no haber sabido poner fin al injusto desequilibrio fiscal por el que Catalunya recibe menos por habitante que el resto de la mayor parte de las autonomías. La socialdemocracia catalana finalmente siempre se ha supeditado a los intereses del PSOE, temerosa de la reacción del resto de las autonomías y del PP.

La nueva ejecutiva

La relación orgánica con el aparato del PSOE ha quedado también reforzada por la designación de Daniel Fernández como secretario de organización en sustitución de José Zaragoza, nuevo hombre fuerte del PSC en Madrid… en sustitución del mismo Fernández.

En realidad la nueva ejecutiva es una combinación de estas “caras nuevas” y del viejo equipo de Montilla (nombrado senador autonómico pese a que la mayoría de dirigentes era contrario a su designación) con Corbacho, Chacón, Zaragoza, Rangel, Collboni, Nadal e Iceta (ratificados como responsables del grupo parlamentario, en detrimento de figuras emergentes como Martínez-Sempere, Laia Bonet o Eva Granados, que es el vínculo con la UGT). El resto de la ejecutiva es una combinación de los equilibrios con el sector de Joan Ignasi Elena-Àngel Ros, las JSC y las federaciones. Destaca la incorporación de Ferran Pedret del colectivo Inflexión, que reclama una política nítidamente de izquierdas.
En el Congreso, el debate político sobre las alternativas sociales a la crisis ha sido lo que ha ocupado menos tiempo. En todo caso, el centro del debate no ha girado sobre la política, sino sobre las personas y los equipos. Pocos han dicho las cosas por su nombre y el guión es esperar que sea la crisis y la gestión de CiU, cada vez más contestada socialmente, la que devuelva los votos al PSC. Ahora será en los congresos locales, como el de Barcelona, donde pueda surgir una oportunidad para un debate de fondo real .

El fracaso del proyecto de Pascual Maragall

La crisis económica lo inunda todo, también a todos los partidos. ¿Por qué a afectado tanto al PSC? ¿Además de la crisis, que otras causas han traído tantas derrotas?
El proyecto del PSC era liderar Cataluña desde una visión social acoplada a un proyecto federal vinculado a un entendimiento con España, en el que Cataluña vería reconocida su condición de nación con derechos históricos y un acuerdo fiscal justo. Maragall lo visualizó en un nuevo Estatuto. Para ello buscó construir un bloque político hegemónico con el acompañamiento de ERC (que buscaba desde la izquierda inter-clasista desbancar a CiU como eje central del nacionalismo) y de ICV-EUiA.
El proyecto nacional del PSC hizo aguas por la tensión con el PSOE -bajo presión del PP- y el miedo de verse acusado de “nacionalismo excluyente”, el dictamen del Tribunal Constitucional recortando un Estatut negociado por Zapatero con Mas, aprobado por el Parlement de Catalunya y votado en referendum, y la movilización de CiU y los poderes mediáticos de la burguesía catalana y la prensa madrileña (que han empleado todas las descalificaciones posibles contra el Govern tripartito en el terreno nacional y social).
Ante la sordera de la España oficial, surge de nuevo el relato victimista de CiU, que rentabilizó, mucho mas que las opciones soberanistas, los frutos de la enorme manifestación del 10J contra la sentencia del Estatut. La crisis ya era la principal preocupación de los catalanes y CiU se presentaba como la garantía nacional para hacerle frente.

Pero CiU ha utilizado el crédito así acumulado no para avanzar en el derecho a decidir, sino para lanzar un anatema descalificador contra un PSC agotado por las contradicciones internas, por los conflictos dentro del gobierno de izquierdas, por la incompetencia de Zapatero ante la crisis y las relaciones con Cataluña.
El PSC no ha sido capaz de responder a los grandes desafíos de la sociedad catalana, ni emanciparse tanto de la visión de CiU de Cataluña, como del  PP de España. CiU siguen siendo “los de aquí” y el PSC aparece continuamente como subsidiario del PSOE (y por extensión de España), mientras que en el resto del estado es presentado como un partido casi “separatista” por el PP (y una parte del PSOE).
Como al resto de partidos socialdemócratas en el gobierno, al PSC de fue mas fácil adaptarse a un modelo heredado de crecimiento y al discurso neoliberal, endeudarse que hacer una política fiscal progresiva. Durante años, la ampliación del pequeño estado del bienestar en Cataluña se ha financiado en el mercado de la deuda, no mediante la recaudación impositiva (incluso empleando el margen de una administración autonómica con poca autonomía fiscal y financiera como Cataluña).

Es más, se sumó acríticamente a la estupidez de ZP de que “bajar impuestos era de izquierdas” y la practicó suprimiendo los impuestos de patrimonio, de sucesiones… cediendo a las presiones del poder económico y de CiU y del PP,  con gran satisfacción  de una ERC en pleno giro socio-liberal.

El estrecho camino por donde transitar

El PSC tiene pues un difícil y angosto camino para reponerse y recuperar la confianza de su electorado.
A su izquierda tiene ICV-EUiA, con una oposición nítida al gobierno de CiU apoyado por el PP. Oposición tanto a las formas autoritarias de Mas, como al contenido de sus políticas, que va más allá del Parlament para situarse en las luchas de los movimientos sociales contra los recorte. Una oposición que denuncia asimismo la regresión social que Mas supone en Cataluña desde la vertiente ideológica, porque la batalla también está en el terreno de las ideas.

No en vano una reciente encuesta de La Vanguardia otorga a ICV-EUiA la mejor valoración en la tarea de oposición al gobierno CiU, por delante del PSC y ERC. Esta valoración queda reforzada por el hecho de que Joan Herrera es el segundo político mejor valorado (por detrás de Mas), pero por delante de Joaquim Nadal y Pere Navarro del PSC y Oriol Junqueras de ERC.

La encuesta proyecta unos hipotéticos resultados en los que mientras CiU y PP mantendrían los obtenidos en las elecciones autonómicas, el PSC sigue bajando, y sólo ERC (que recoge la desintegración del partido de Laporta) e ICV-EUiA subirían  de forma notable: entre 4 y 5 escaños cada uno.
ICV-EUiA está recogiendo los frutos de una coherente defensa del legado social del Govern tripartito y de la defensa de los derechos sociales y los servicios públicos frente a las políticas neoliberales de Mas.

Curiosamente, en la encuesta de La Vanguardia la valoración de los catalanes del Govern tripartito es más bien positiva o regular (56%) que negativa (43%) y, si bien suspendía en sus políticas económicas y contra la crisis, en cambio la nota era positiva en un 75% para las políticas sociales, de sanidad, medio ambiente y lengua catalana. Lo sorprendente es que a la pregunta si CiU lo hubiera hecho mejor, la respuesta en todos los casos es negativa en más de un 50% .

A pesar del clima de oponión que refleja la encuesta, el Congreso del PSC quiere desmarcarse de una oposición contundente y firme al gobierno Mas  y  marcar distancias con ICV-EUiA, a la que consideran parte de la “cultura de oposición”, mientras que ellos representarían la “cultura de gobierno” de las izquierdas.
Navarro, Belmón, Fernández, Nadal han intentado por diferentes vías enviar un mensaje a CiU en relación a los próximos presupuestos: “…Entendemos que hay que hacer recortes, estamos dispuestos a un entendimiento si pueden modularse y suavizarse…”.

 Y esto en un momento de horas bajas del Govern de CiU. Los abusos en la gestión de las nóminas de los empleados públicos, fruto de la prepotencia con la que gobierna, y los efectos de los recortes que han aplicado hacen que -como indican las encuestas de La Vanguardia y la del Centre d’Estudis d’Opinió- suspenda en su gestión, como también todos los consellers, especialmente aquellos que tienen relación con los servicios públicos. Lo cierto para los ciudadanos es que después de un año… Cataluña va a peor: más recortes, más paro, más desesperanza.

Sólo Mas se salva. CiU todavía es vista como la mejor opción para salir de la crisis. Pero el crédito se le agota: Mas ya ha anunciado su incapacidad para sacar a Cataluña de la crisis, de cumplir su promesa de reducir el paro a la mitad y proclama, un día sí y otro también, que no hay alternativas a los recortes y da una vuelta de tuerca más al proclamar que los recortes “son para salvar a Cataluña de la intervención de España”, como le ha ocurrido a la Generalitat Valenciana.

La vuelta de tuerca de Rajoy

Pero el gobierno de Mariano Termidor no necesita a CiU para gobernar y le ha aguado el argumento a Artur Mas. Con recortes o sin ellos ya ha lanzado su órdago contra las comunidades autónomas: Sus presupuestos deberán tener el visto bueno del ministerio de economía, antes de ser aprobados en los respectivos parlamentos.

Es una declaración “de guerra” que ha sido calificada de “inadmisible e inaceptable” por el portavoz de la Generalitat. Pero Mas sabe que las medidas provienen de los “think tank” de Merkel i Sarkozy de los que hasta hace dos días se proclamaba alumno aventajado, el primero de la clases en recortes sociales.

El “no” a la investidura de Rajoy, que ni nombró el “pacto fiscal” pese a las súplicas de Duran i Lleida, ya fue una señal inequívoca que el PP no iba a hacer concesiones a CiU. Ahora va a probar su propia medicina… la ortodoxia neoliberal y no le va a gustar… CiU hace recortes sociales “por Catalunya” y el PP le recorta a Catalunya derechos nacionales “por España”…

De hecho el anuncio del PP es como una segunda parte de la sentencia del Tribunal Constitucional, la primera cercenó los derechos nacionales y lingüísticos; la ley que prepara el PP ataca directamente la autonomía financiera de la Generalitat poniendo –de facto- todo el Estado autonómico bajo tutela. Una regresión hacia la reestatalización en toda regla que hará las delicias de UPyD… ahora ya no es el café para todos… es aceite de ricino para todos y para Catalunya son dos tazas.

La excusa del déficit de las autonomías (la mayoría gobernadas por el PP y estas tienen un déficit espectacular) es perfecta para la política “recentralizadora” del PP y que ya llevaba meses reclamando a ZP. Se entrevé un largo periodo de conflictos entre autonomías y el Estado… que puede acabar con otra reforma constitucional exprés que ataque al título VIII de la Constitución por la vía del control presupuestario

De la euforia de 2008 en el desierto de 2011

El PSC, que dominaba todos los resortes del poder político en 2008, ahora transita por un desierto desconocido en 30 años de existencia y debe presentarse ante Mas ofreciéndose como “fiel escudero”, esperando convertirse en el valedor de las clases medias castigadas por la crisis.

Los socialistas catalanes también se han apuntado a la “geometría variable” de CiU, pero al revés. Si CiU, en minoría en el Parlament, espera pactar con PP, PSC i ERC dependiendo de la ley a aprobar; el PSC espera que esa geometría variable se torne imposible por el énfasis recentralizador del PP y se haga insoportable a los ojos del electorado convergente seguir los acuerdos con los populares de Sánchez–Camacho en Catalunya y con Rajoy en España.

Históricamente la burguesía catalana nunca ha roto “la cuerda” que ata sus intereses a los de España, más difícil parece en los momentos actuales que CiU no tan sólo rompa con el PP por el ataque al Estatut i el autogobierno –como le exigen PSC i ICV-EUiA- y avance hacia la independencia –como le exigen ERC i Solidaritat-, sino que romper con el PP implica aislarse de la Europa neoliberal que aplaude las medidas de Rajoy i Guindos.

El PSC se ofrece una y otra vez a CiU a cambio de ser un socio estable, a cambio de que Mas entierre la “geometría variable” que los hace aparecer como un apéndice, como un producto de “usar y tirar”.

Pero los resultados de la entrevista de Navarro con Mas han sido bastante escasos, de pura cortesía. CiU no quiere colaborar con el PSC, quiere utilizarlo y ya está. Quiere que avale sus políticas de austeridad y recortes sociales y se calle como penitencia para expurgar sus pecados en el Govern tripartito.

Mas no quiere un acuerdo estable con el PSC que le permita aparecer a este como un elemento moderador de su política de contrareformas radicales, en las que coincide con el PP. Se le agotaría además una de las coartadas favoritas que justifican su política de recortes: la “despilfarradora gestión” del Govern tripartito. En estos términos, al PSC el camino a su derecha se le hace prácticamente intransitable e insufrible.

En esta disyuntiva estratégica, el PSC no remonta, sigue en caída libre y perdiendo porcentaje de voto y la confianza de su electorado. En la valoración de líderes, Nadal es mejor considerado por los votantes de ERC y PP que por los suyos. Lo mismo ocurre con Navarro, nuevo primer secretario del PSC, al que los votantes de todos los partidos (de CiU a ICV-EUiA) lo valoran mejor que los propios del PSC. Es sólo una encuesta, pero una muestra evidente de que “algo no va bien”.
Como apuntábamos, el movimiento 15 M ha pasado factura al PSC más que a otros partidos. El “no nos representan” ha resonado alto y fuerte en un electorado progresista que ha constatado la enorme distancia entre la ética y la realidad de unas estructuras de partido en las que predominan los “señores de la política” con privilegios, sueldos y dietas propias de una casta al margen del pueblo, un pueblo que iba acumulando efectivos en las filas del paro mes a mes.
El PSC, después de un año, no recoge ningún fruto de su política conciliadora con Mas (facilitó su investidura) y de su oposición de guante blanco (el 31% cree que debería ser más dura), al contrario retrocede en apoyo social, mientras que ICV-EUiA y ERC suben. La mayoría percibe el congreso del “nuevo PSC” como “más de lo mismo” y el próximo Congreso del PSOE puede añadir más leña al fuego.

¿El fin de la idea federal?

En el debate en las filas del socialismo español también se juega una parte importante del Congreso del PSC, como si de una segunda vuelta se tratara. Y no porque una de las candidatas sea militante del PSC, Carme Chacón, sino porque el otro candidato, Pérez Rubalcaba, hizo una  presentación de su candidatura que firmaría el propio Bono.
El discurso de Rubalcaba, plagado de retórica, exigía un mismo discurso del PSOE para toda España – “la misma voz” – en una clara alusión a Chacón, pero sobre todo un torpedo al concepto federal que, al menos formalmente hasta ahora, habían tenido los socialistas españoles. Rubalcaba destiló un discurso en el que la España diversa está de más, es un déficit y cree que una parte de su electorado le ha dado la espalda por ser demasiado blando hacia los nacionalismos (otra vez el repudiado Govern tripartito…). El PSOE tiene que volver a ser un “partido nacional”.
Naturalmente, los medios catalanes han puesto de relieve el giro de Rubalcaba y la incomodad de Navarro, no tanto para decantarse por uno de los candidatos en liza, sino porque esto aleja al PSC de una parte de su electorado y de su base popular, que entienden el “catalanismo político” como parte de un proyecto federal, así como del sector de votantes que no están dispuestos a votar a un partido que “no defiende los intereses de Cataluña”.

La nueva etapa necesita un Frente social de izquierdas
El PSC ha pasado por su XII Congreso sin abordar los desafíos planteados por la globalización económica. La nueva ejecutiva deberá abordar una estrategia de alianzas en el campo social y político.
La nueva etapa requiere acumular fuerzas a partir de las luchas contra la precarización de una parte importante de la sociedad catalana (un 25% ya vive por debajo de los umbrales de la pobreza). Una acumulación de fuerzas para generar alternativas en beneficio de las clases trabajadoras y populares y que necesita de la más amplia alianza de las fuerzas de izquierda, sindicatos, 15 M, movimientos sociales, asociaciones… y debe estar forjada en las movilizaciones. El PSC puede tener un lugar si mira hacia la izquierda.
No hacerlo es dejar paso libre a las políticas conservadoras que alimentan el miedo, el paro y la precarización… caldo de cultivo para los populismos demagógicos (PP + PxC) e identitarios, que estimulan el conservadurismo y la resignación frente a la ley de la selva. Y sin abordar estos problemas de fondo, el PSC seguirá en la encrucijada, mirando a su derecha y sin estrategias de alianzas a su izquierda
¿Girará el PSC hacia la izquierda, hacia los movimientos sociales? Una parte de su electorado y cuadros así lo quisiera. El PSC sigue siendo el partido más votado de las izquierdas y es necesario tender puentes para sumarlo a un frente social para articular una respuesta amplia y contundente a las políticas de sumisión de CiU a los mercados y la Europa de Merkel y Sarkozy.
El aumento de apoyos de ICV-EUiA, incluso con el reconocimiento que a su trabajo de oposición dan las encuestas (con su reflejo a nivel del Estado en IU, o en el caso vasco a Amaiur), no es suficiente para resistir o detener la ofensiva neoliberal contra las condiciones de vida de las clases trabajadoras, el desmantelamiento del ya débil estado del bienestar, el recorte de los derechos sociales y los servicios públicos. Ningún partido, ni sindicato, ni movimiento social tiene la fuerza suficiente para plantar cara por sí solo.
El PSC debería salirse de este camino tan angosto por en el que transita. Esperemos que cuando lo haga coja el camino hacia la izquierda.