Las elecciones son importantes para la izquierda alternativa. Cuando ocupa poder institucional puede acceder a información esencial, a recursos económicos para construir contrapoderes, a espacios en medios de comunicación, financiación de think tanks para elaborar otras soluciones a los problemas creados. Son cosas importantes en sociedades complejas pero no son suficientes. La hegemonía en la calle no está ganada con las elecciones. Se tiene que conquistar poco a poco en una guerra de posiciones a través de la movilización activa de la ciudadanía y de la politización del mundo del trabajo.

Esa es la primera conclusión: los buenos resultados de Izquierda Unida no deberían leerse como punto de llegada sino de salida. La fidelidad de la mitad de sus votantes de 2011 no es la de los años setenta y ochenta. Ya no hay un relato político que le de estabilidad a esos votos. Al menos la mitad son prestados y temporales, mucho más efímeros que en décadas pasadas. El patrimonio conquistado no debería reinvertirse en reforzar las estructuras que bloquearon la refundación, un bloqueo que en las últimas elecciones municipales llevó a resultados decepcionantes. Ni siquiera deberían utilizarse sólo para hacer reformas dentro de la casa. Hay que reservar el grueso de este patrimonio para invertir en la ampliación del bloque antineoliberal. El 7% da para salir de la UVI pero no da para forzar una salida antineoliberal a la crisis. El PSOE no va a tardar mucho en pasar a la ofensiva. Con la doctrina Alfonso Guerra (“el PSOE es la casa de todas las izquierdas”)  y un poco de radicalismo verbal intentará frenar el drenaje de votos a la izquierda alternativa y recuperar los aparcados en la abstención. Es completamente irreal pensar que Izquierda Unida puede consolidar los votos obtenidos y menos ampliarlos sin hacer reformas dentro y sobre todo también fuera de su casa. Lo primero se llama refundación de Izquierda Unida, lo segundo se llama refundación de la izquierda alternativa.  Los espacios en los  que más se ha frenado la primera (por ejemplo en Andalucía) el aumento de votos está por debajo de la media estatal. Aquellos otros donde más se ha avanzado en este sentido (por ejemplo Castilla-León o Navarra) las mejoras son superiores a la media.

Segunda conclusión: no hay que operar con los datos producidos por el orden institucional creado por la Gran Coalición que le arrebató la transición a la izquierda (número de escaños, % de los votos emitidos) y que se han convertido en el blanco de ataque del 15-M. Hay que operar con los datos de la sociedad real y no con los filtros utilizados para distorsionar su percepción. Marx criticaba el Estado y sus instituciones burguesas porque flotaban por encima de la realidad social y Unamuno hablaba de la “intrahistoria” como el lugar en el que duerme su auténtica realidad a espaldas del país oficial. Esa es la forma de pensar que debería  adoptar la izquierda alternativa:  la sociedad, y no su reflejo institucional diseñado por las fuerzas liberales, es la masa de maniobra política y no sólo o no principalmente los cargos y los diputados. El Partido Popular ha ganado con el consentimiento de no más del 30% de los ciudadanos, un porcentaje menor al recibido por el PSOE en 2008 que fue del 32,19%. El apoyo a su misterioso programa económico es sólo un 0,96% superior al recibido en 2008: no hay una “mayoría apabullante de la ciudadanía” no hay un “tsunami azul” para liquidar los grandes pactos constitucionales. El “histórico triunfo aberzale” (El País) tampoco es tal. El espacio del soberanismo no ha aumentado ni siquiera en Guipuzkoa donde ha obtenido 129.600 votos, 13.000 menos que en 1993 con ETA aún en activo. En la misma provincia los partidos estatalistas han obtenido 141.600 votos, bastantes más que los soberanistas puros a pesar de que 55.000 votantes a opciones estatalistas se han ido a la abstención. Izquierda Unida ha pasado de uno a tres diputados en Madrid. El diario “El País” llama a esto “Izquierda Unida triplica votos”. Pero IU sólo ha cosechado un 64% más de votos en la Comunidad de Madrid con respecto a las elecciones anteriores etc, etc. Este, y no otro, es el cuadro de la sociedad real que hay que transformar. Es verdad: ni la abstención ni los votos en blanco han aumentado de forma significativa en el conjunto del Estado (del 26% al 28% la primera, del 1,1% al 1,3% la segunda). Así lo deseaba la parte más antiinstitucionalista del 15-M que no ha conseguido cambios de actitud importantes, sobre todo si tenemos en cuenta que el grueso del aumento de la abstención se debe a la protesta silenciosa del voto socialista, un voto muy difícil de ganar para las tesis del abstencionismo militante. Pero esto no quiere decir que la impugnación ciudadana del sistema político haya sido derrotada. La ciudadanía ha optado, con sentido del realismo, por aprovechar los pequeños resquicios democráticos de ese sistema político-institucional que critican y no por tirar al niño con el agua. El 15-M ha beneficiado a la izquierda alternativa. En Madrid, donde se atrinchera el grueso de la oposición a la refundación de Izquierda Unida, las cosas no han salido demasiado bien. Cayo Lara, el número uno por Madrid, es una referencia más estatal que madrileña y no cuenta a estos efectos. Pero sí los número dos y tres en la lista, dos completos desconocidos hasta para los propios militantes de Izquierda Unida, puro resultado de la cocina interna. Consecuencia: Madrid-ciudad, epicentro del 15-M, sólo ha conseguido mejorar sus resultados en un 56% con respecto a 2004, un porcentaje muy inferior a la media de mejora estatal que está en el 73%. En la Comunidad Valencia y en Murcia, donde el vínculo de Izquierda Unida con el 15-M ha sido claro y respetuoso al mismo tiempo, los incrementos de votos están muy por encima de la media estatal. Y esto a pesar del aumento de UPyD. Porque, retomando el argumento de la sociedad real que es la que aquí nos interesa: la verdadera novedad de estas elecciones es la consolidación, en plena crisis, de un espacio político propio ocupado por los profesionales y los técnicos urbanos.

Es la tercera conclusión. El fenómeno ya se viene observando en las zonas urbanas y periurbanas de otros países europeos. Pero a diferencia de lo que sucede en Alemania, Francia o Austria, donde el Partido Verde está ocupado este lugar, y más en sintonía con la situación en Italia donde lo ha hecho el Partido Radical, en España estos espacios no se crean alrededor de reinvidicaciones ambientales. El fracaso de Equo, un intento similar al de Izquierda Anticapitalista de extrapolar mecánicamente tendencias observadas en los círculos progresistas europeos, tiene aquí su explicación: parte del espacio que intentaba  ocupar Ugalde ya ha estaba ocupado por Rosa Díaz. Pero UPyD es algo más que un espacio de convergencia de abogados, de artistas, de escritores y de arquitectos ilustrados y liberales, con más bien poca sensibilidad social, un fuerte deseo de realización creativa y  una pizca de sensibilidad ambiental, son algo más que pequeños Vargas Llosa y Álvaros Pombo. Entre ellos hay funcionarios poco dados a apoyar el liberalismo económico a pesar de su apoyo al liberalismo – o incluso al conservadurismo- político, cuando aquel se traduce en reducción de trabajadores públicos. Incluye activistas del municipalismo que se oponen al capitalismo feo del Partido Popular. En las elecciones de 2000 encabezadas por Franciso Frutos Izquierda Unida perdió un apoyo de este grupo social que se fue al PSOE y que no ha sido incapaz de recuperar hasta la fecha: fue un  cambio tectónico en la expresión política de la sociedad real. La consolidación de UPyD ha sido decisiva en la Comunidad de Madrid, donde se da la mayor concentración de este colectivo social, y donde ha sacado 80.000 votos más que Izquierda Unida. Son creadores, técnicos y funcionarios, muchos de ellos concentrados en la almendra central  y en el noroeste perfumado por el olor de las jaras en verano. Pero otros muchos han  ascendido socialmente por el neoliberalismo y hoy habitan  adosados en Fuenlabrada y Alcorcón que no han terminado de pagar. Y también en Murcia, donde la oposición a los recortes del PP se han fragmentado entre UPyD  (45.000 votos) e Izquierda Unida (42.000 votos) frustrando algunas espectativas. Y en Andalucía donde no se ha producido el sorpasso pero donde los 200.000 votos de UPyD impedirán una hipotética mayoría de IU-PSOE en las autonómicas que vienen. La provincia en la que Izquierda Unida mejor ha podido contener el avance de UPyD es Asturias, donde Gaspar Llamazares, reorientado hacia posiciones nítidamente antineoliberales, ha conseguido defender los puentes de los profesionales urbanos con el rojo consiguiendo casi duplicar votos a costa de bloquear el crecimiento de UPyD. En una ciudad de alta densidad de profesionales urbanos como Oviedo IU los votos a IU han aumentado más que en el resto de Asturias donde sectores importantes de las clases populares siguen apoyando el  populismo territorial del Foro Asturias. Del futuro de este grupo de grupos sociales -me refiero a los técnicos, profesionales y funcionarios urbanos- de los efectos de la crisis sobre él/ellos y de la capacidad de la izquierda alternativa de ganarse parte de su apoyo, depende una buena parte su su futuro.

La última conclusión afecta a las opciones nacionalistas de base territorial (las opciones nacionalistas de base estatal están incorporadas al Partido Popular y a UPyD). Estas opciones podrían desviar parte de la oposición al Partido Popular fuera del campo antineoliberal y empujarlo al campo interclasista del territorio y de la lengua. La izquierda alternativa no ha tenido nunca una estrategia elaborada que anteponer a la construcción identitaria, alternativa que en buena medida pasa por una política ligüística. Más de la mitad de toda la población domina ya dos lenguas del Estado pero nadie se ha ocupado de incorporar esta tendencia a un proyecto antineoliberal y solidario en lo territorial. El avance institucional de las opciones nacionalistas de base territorial no se corresponde con su avance en la sociedad. Ya hemos visto el caso de Guipuzkoa, donde el soberanismo ha cosechado éxitos institucionales sin que haya sido necesario ningún cambio sustancial en la sociedad real. En el conjunto de Euskadi el PNV ha recibido 20.000 votos más que en 2008 pero la inmensa mayoría de los 150.000 votos que han perdido los partidos estatalistas no se han ido a opciones nacionalistas sino a la abstención. Esta misma, aunque de forma más pronunciada, es la situación creada en Cataluña: una parte de los 300.000 votos de más que ha conseguido Convergencia y Unió proceden de otras opciones nacionalistas y de la rama bourgeois  del PSC (Maravall & comp.). Pero el grueso de los 800.000 que ha perdido el PSC se han ido a la abstención repitiéndose así el patrón que se da una y otra vez en las elecciones autonómicas: CiU sólo puede ganar a cambio de un aumento masivo de la abstención pero nunca atrayendo votos de los partidos estatalistas y en la bolsa del abstencionismo catalán duerme parte del futuro de la izquierda antineoliberal del Estado. En Canarias  Coalición Canaria-Nueva Canarias ha perdido 30.000 votos casi los mismos que ha ganado Izquierda Unida que ha más que triplicado sus votos. Algo parecido ha sucedido en Galicia donde el BNG ha recibido 30.000 apoyos menos que en 2004 e Izquierda Unida casi triplica su apoyo.
La cuestión ahora es si la izquierda alternativa va a poder evitar que se conforme una  alianza entre todos los sectores nacionalistas de base territorial en torno a reivindicaciones identitarias. Esta alianza dividiría la oposición neoliberal al Partido Popular y reforzaría los argumentos identitarios del propio Partido Popular dándole respiro a su política de salida regresiva a la crisis y consolidando una alianza con UPyD:  el nacionalismo/soberanismo de base territorial contribuiría así a debilitar a la izquierda alternativa. Pero si la izquierda alternativa logra frenar esta alianza, convencer -con argumentos que sólo pueden ser sofisticados- al menos a una parte de nacionalismo/soberanismo de que se incorpore a un proyecto compartido de oposición al neoliberalismo, podría ampliar su área de influencia. Hoy por hoy hay más razones para el pesimismo que para el optimismo: en las experiencias históricas relevantes el nacionalismo de diferente  signo nunca ha dejado caer la causa territorial por la causa social y menos aún el soberanismo. Esquerra Republicana ya ha decidido en su último congreso que si hay que elegir entre cuestión social y cuestión nacional se decanta por la segunda y la alianza de la izquierda aberzale con la burguesía soberanista para ampliar su radio de acción institucional, apunta en el mismo sentido. Si la izquierda alternativa consigue sumar más adelante una parte sustancial del abstencionismo en Euskadi y Cataluña para un proyecto neoliberal, podrían ser los propios nacionalistas/soberanistas los que pidieran conversaciones. Pero para eso tiene que disputar el espacio identitario y dejar de ignorarlo como hasta ahora: desarrollar una política lingüística propia, construir una identidad republicana, construir un campo amplio que sirva de receptáculo natural a los sectores socialistas con alma neoliberal, de los profesionales decantados hacia el ecologismo etc.

Los dramáticos cambios que se ciernen sobre la sociedad española en los próximos meses y años van a provocar más cambios en los espacios de representación política. La historia le ha dado a Izquierda Unida un papel muy complejo e importante que jugar. La obras de remodelación interna, es decir, la refundación de Izquierda Unida, son imprescindibles: nuevas formas de elección de compromisarios, revitalización de las asambleas, desatrincheramiento, dirección realmente colectiva, liquidación de la cultura de los  grupos de presión, doble trabajo en instituciones y en la calle etc. Pero estas obras no son suficientes. El siguiente paso es la definición de un perímetro político en el que tengan acomodo nuevas incorporaciones a un bloque neoliberal más amplio. El legado del neoliberalismo es una sociedad fragmentada que se puede llamar “plural” si sólo vemos su lado positivo. En cualquier caso es imposible transformarla si no es aplicando formas complejas de gestión política: la izquierda antineoliberal va a tener que ser una especie de “izquierda-mosaico” (H. J. Urban). La definición de dicho perímetro tiene que ser multilateral, no puede ser el resultado de las ocurrencias de unos pocos, un grupo de presión o una negociación en la sombra. En su definición tienen que intervenir las nuevas formas de poder ciudadano -gente del 15-M y del DRY más que “el” 15-M o “el” DRY etc- todas las organizaciones políticas y corrientes dispuestas a suscribir un programa antineoliberal de mínimos y el trabajo organizado despojado de sus estrategias neocompetitivas. Cada “sensibilidad” de la izquierda puede mantener su espacio, sus matices y tradiciones sin que nadie se tenga que inquietar demasiado. El objetivo son los 4  millones de votos, una hegemonía en la calle, en los centros de trabajo y en el mundo de la cultura, de las ciencias y de las artes. Con todo eso es posible soñar con una derrota del neoliberalismo, derrota que permitiría definir objetivos más ambiciosos. Todos y todas son necesarios, también los que se alejaron o fueron alejados por el camino

Quienes hicimos los Cuadernos de Ruedo Ibérico en su última época bajo la batuta de José Martínez Guerricabeitia, tuvimos razón en muchas de nuestras previsiones políticas. De los autores de Ruedo ibérico, algunos se fueron hacia el PSOE (Semprún, Claudín, Leguina y otros) pero Pepe Martínez y otros permanecimos independientes. En los años anteriores a la muerte de Franco, adivinamos en sus detalles el guión de la reforma sin ruptura. Le seguimos la pista con Alfonso Colodrón a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y su grupo Tácito (cuna de ministros en los gobiernos de Adolfo Suárez) desde 1973. Denunciamos la consigna del Partido Comunista de lograr una “reconciliación nacional” que implicaba, como se vio en 1977, una auto-amnistía de los franquistas.

Hoy celebramos un breve momento de recuerdo y reconocimiento de la editorial Ruedo Ibérico, fundada en París hace 50 años en 1961, y conmemoramos los 25 años del fallecimiento de Pepe Martínez en 1986, arrinconado y excluido, olvidado por la Transición española y sus portavoces. Celebramos hoy que se haya reeditado en la colección Backlist de Barcelona el volumen La Transición en los Cuadernos de Ruedo Ibérico (en edición de Xavier Diez) que complementa el volumen que editó Anagrama (Barcelona, 2001) de textos de José Manuel Naredo publicados (con pseudónimo) en los CRI con el título Por una Oposición que se Oponga. Existe además una edición facsímil de los Cuadernos de Ruedo Ibérico y de sus suplementos desde 1964 hasta 1979 (www.faximil.com) y una excelente página web con información abundante sobre la editorial Ruedo ibérico a cargo de Marianne Brüll (http://www.ruedoiberico.org/).

Acertamos en casi todo. La denuncia de una ley de “punto final”, publicando ya en 1975 un artículo titulado “¿Quién amnistiará a los amnistiadotes?”, al cual el caso de juez Garzón ha dado actualidad. La “reconciliación nacional” hizo difícil la investigación de los crímenes franquistas. Ahí queda, ahí esta el monumento funerario en honor del General Franco en Cuelgamuros (de donde había escapado en 1947 uno de los fundadores de Ruedo ibérico, Nicolás Sánchez Albornoz). La Transición española, en su continuidad y falta de justicia, se parece  más a la de Guatemala que a la de Argentina, de Sudáfrica, incluso a la de Chile. Acertamos en criticar a la nueva monarquía borbónica, que ahora se ve qué frutos puede dar. Un monarca que durante veinte años de su vida adulta había apoyado al franquismo, había sido parte del régimen, y que de paso y por vía conyugal había apoyado también la dictadura militar en Grecia.

Estudiamos (en artículos con José Manuel Naredo y con Juan Muñoz) la composición de los primeros gobiernos de la monarquía en 1976 y 1977 con representación directa de los intereses económicos en ese momento de crisis política del sistema, explicamos el poder de la banca en España, y anunciamos (en un artículo que Naredo encargó a Julián García Vargas) que las cajas de ahorro serían finalmente deglutidas por los bancos. Nos opusimos con fuerza a la tesis de PC que caracterizaba (para sus propias componendas) al latifundismo español como una oligarquía semi-feudal, y dijimos que la propiedad del sur de España estaba mayormente en manos de una burguesía rural fascista o por lo menos franquista, represora y cómplice directa de la masacre de
1936 en Andalucía occidental y Extremadura.

Discutimos y desmenuzamos (en artículos de Salvador Giner, Eduardo Sevilla y yo mismo) la caracterización del franquismo como régimen autoritario (y no totalitario) con pluralismo limitado que había introducido Juan Linz. Está por ver todavía cómo los libros de texto de historia española de obligada lectura van a caracterizar al franquismo. Deberían mencionar esas tempranas disputas.

Previmos que el nuevo régimen nacido en 1977 negaría el derecho de autodeterminación de los diversos territorios hispánicos, y dijimos que quedaba por delante mucha represión y violencia en Euskadi. Pero no llegamos a sospechar todavía que el gobierno del PSOE a partir de 1982, donde tantos conocidos teníamos,  fuera a involucrarse en los crímenes de los GAL que no han sido todavía juzgados íntegramente.

Analizamos el sector eléctrico español. Ya antes de 1979, del accidente de Three Mile Island (y mucho antes de los accidentes de Chernobyl y Fukushima) estuvimos firmemente contra la energía nuclear, apoyando en el terreno (con la lucha de Valdecaballeros) lo que iba a ser una permanente moratoria nuclear en España. En los CRI se vio la economía desde una perspectiva ecológica desde 1974.

Insistimos en la debilidad democrática de la Constitución de 1977 (con su artículo 8), seguimos las oscilaciones de la abstención y del voto en blanco cuyo aumento celebramos. Seguimos al detalle lo que ocurría con las muchas huelgas desde el 1974 a 1977, denunciamos el Pacto de la Moncloa que le rompió el espinazo al fuerte movimiento obrero de esa época, lamentamos las luchas internas en la CNT. Todo eso lo escribimos ya entonces, en nuestra crítica en CRI contra la Transición excluyente. Miles de páginas.

La cortina de silencio rara vez se ha alzado desde entonces para reconocer retrospectivamente nuestra capacidad de análisis. Pero esos libros y revistas reeditados por Backlist, más la página web y el conmovedor video de Paco Ríos y Mariona Roca sobre Ruedo ibérico, hacen visible nuestra crítica de entonces. Ahora que hay de nuevo un gobierno postfranquista, cuyo presidente honorario es Manuel Fraga, ex-ministro de Información franquista, es buen momento para rememorar las protestas de Ruedo ibérico en la década de 1970 contra la Transición excluyente.

Si se consigue una cantidad inferior de dinero el diario podría sobrevivir en la red y editarse en papel los fines de semana.

(fuente: El blog salmón)

Una única propuesta de Gestha ya compensaría por si solo el hachazo. Según un estudio de la organización, reducir diez puntos el fraude fiscal que varios trabajos académicos sitúan en el 23% del PIB supondría recaudar 38.500 millones. Pero pese a la contundencia de la cifra, Público no la ha incluido en su catálogo alternativo porque la reforma exigida para conseguirlo probablemente llevaría años.

Tampoco se incluye subir los impuestos que pagan las SICAV, según los expertos, aunque tendría un alto valor simbólico su impacto recaudatorio, sería muy modesto.

Medidas sugeridas:

IRPF y capital – 5.300 millones

Está incluido en el paquete ya aprobado por el Gobierno: la subida en el IRPF de hasta siete puntos en el tipo máximo suma 4.100 millones y la subida de la fiscalidad de las rentas de capital hasta seis puntos en las de mayor cuantía aporta otros 1.200.

Pese al escándalo que la decisión ha provocado en los sectores más liberales, los economistas progresistas consideran que se podría avanzar todavía más: tras la reforma, el tipo máximo del IRPF llega en algunas autonomías al 56%, pero Etxezarreta recuerda que la reforma fiscal de la Transición, también en plena crisis económica, lo colocó en el 66%. Y el tope en las rentas de capital generados en los depósitos de ahorro, por ejemplo se sitúa en el 27%. “Hay todavía mucho margen hasta igualar las rentas del trabajo y del capital, porque no tiene demasiado sentido que los ingresos nacidos del trabajo se graven por encima del 50% y los generados sin esfuerzo en un banco estén por debajo del 30%”, sostiene Etxezarreta.

Inversión militar – 1.000 millones

Los pacifistas como Arcadi Oliveres, economista de la Universitat de Barcelona, lo tienen claro: eliminando el Ministerio de Defensa se obtendría un ahorro automático para el erario público de 16.000 millones, al sumar el presupuesto del departamento (8.000) y otros gastos con huella militar repartidos por otros ministerios y que año tras año rastrean organizaciones como Justícia i Pau, que preside el propio Oliveres.

Pero, sin llegar a este extre-mo, hay margen para ahorrar mil millones sin abandonar ninguna misión en el exterior ya comprometida. Bastaría con reducir a la mitad la inver-sión anual en armamento que se reparte entre Defensa e Industria. Problema: el nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés, procede directamente del sector privado de la defensa y seguridad.

‘Tasa Tobin’ – 4.000 millones

Durante años, la tasa a las transacciones financieras promovida por organizaciones como Attac era vista con desdén por el mundo oficial. Pero, en 2011,la propia Comisión Europea, de abrumadora mayoría neoliberal y presidida por el conservador José Manuel Durão Barroso, anunció su intención de implantarla. Y, ahora, el presidente francés, Nicolas Sarkozy también conservador y, como Barroso, socio euro-peo del PPquiere aplicarla ya, unilateralmente, lo que hace añicos el mito de que sólo sería posible a escala global.

La fórmula sugerida por Bruselas es un impuesto de entre el 0,01% y el 0,1% de la transacción en función del tipo de movimiento y, según los cálculos oficiales, permitiría recaudar 55.000 millones al año. Ello ha permitido a expertos como Ricardo García Zaldívar, economista de Attac y de la Universidad Carlos III, apuntar el impacto recaudatorio en España en función de su peso en el PIB europeo: al menos 4.000 millones al año.

Pero el potencial recaudatorio es incluso más alto, porque la propuesta europea es conservadora al dejar fuera a los productos Over the counter(OTC). La elaborada por el Partido Socialista Europeo al que pertenece el PSOE prevé una tasa del 0,05% a todas las transacciones (incluidas las OTC), con lo que los cálculos recaudatorios para toda la UE sube a 200.000 millones.

Impuesto sociedades – 10.500 millones

El tipo nominal máximo del Impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas, es del 30%, que, sin ser de los más altos de la UE, es formalmente más del doble del que aplican países como Irlanda. Sin embargo, la posibilidad de exenciones y deducciones hace que, en la práctica, lo que realmente pagan las empresas sobre sus beneficios no supere el 10% de media, según la Agencia Tributaria. Cualquier sugerencia de aumentar este impuesto es automáticamente descartada por el temor a perjudicar a las empresas en un momento de crisis, pero el sindicato Gestha ha presentado una propuesta dirigida sólo a las grandes empresas con beneficios, que en la práctica disfrutan de una fiscalidad mucho más favorable que las pymes.

La medida afectaría exclusivamente a las grandes compañías, que facturan más de 45 millones al año (en España hay 5.700), y se aplicaría sólo a las que superen el millón de euros de beneficios anuales. Según una estimación de la propuesta del sindicato, elevando a estas compañías el tipo nominal del 30% al 34%, el erario público obtendría al menos 10.500 millones al año.

La Iglesia católica – 1.200 millones

La organización Europa Laica calculó en 2011 que la Iglesia católica recibe del Estado en torno a 10.000 millones de euros cada año, como consecuencia de las condiciones del concordato que rige las relaciones entre la Iglesia y el Estado desde 1979.

La cifra incluye la asignación vía IPRF (en 2010 fueron 249 millones), el salario de los profesores de religión en las escuelas (650 millones) y sus indemnizaciones por despido improcedente o el pago de los sacerdotes en las cárceles y los cuarteles, pero también los conciertos por servicios educativos y sanitarios que reciben decenas de miles de personas, entre muchos otras capítulos.

Para este catálogo de ajuste alternativo se ha contabilizado sólo la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Según Alejandro Inurrieta, alto cargo del Ministerio de Vivienda con Carme Chacón, si la Iglesia abonara el IBI, el erario público contaría con 1.200 millones de euros adicionales al año.

Impuesto sucesiones – 8.000 millones

El impuesto de Sucesiones y Donaciones lo gestionan las comunidades autónomas, cuyas necesidades financieras se han vuelto en algunos casos desesperadas. Y, pese a ello, en 2010 recaudaron por esta vía apenas 1.900 millones en total, porque todas cuentan con bonificaciones que oscilan entre el 90% y el 99%.

Según varios expertos, eliminar por completo las bonificaciones de forma simultánea en todas las comunidadespara evitar así la competencia a la baja supondría una recaudación adicional de entre 17.000 y 19.000 millones.

Público ha optado por contabilizar una propuesta intermedia, que mantenga una bonificación media del 50%, con lo que las comunidades podrían gestionar 8.000 millones de euros más al año. “El único problema de los impuestos es de voluntad política, aunque se aleguen cuestiones técnicas”, opina José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

Patrimonio – 3.500 millones

Otro impuesto desa-parecido en los años del boom, en los que la izquierda mayoritaria asumió el principio de “bajar los impuestos es de izquierdas”, es el de Patrimonio, que en 2007 aún recaudó 2.100 millones.

El Gobierno del PSOE lo recuperó antes de dejar el poder, pero en un formato restrictivo. Además, Madrid, Murcia y el País Valencià las dos últimas, pese a una situación financiera desesperada lo mantienen fuera de juego por la vía de la bonificación, por lo que la nueva versión apenas puede recaudar, según Gestha, unos 500 millones al año.

Según cálculos de los expertos de la organización, recuperar la base sobre la que se aplicó el Impuesto de Patrimonio hasta 2007, elevando el tipo efectivo del 0,6% al 1%, permitiría sumar otros 3.500 millones de euros cada año.

Medicamentos – 2.000 millones

El Ejecutivo socialista logró implantar el pasado verano la prescripción por principio activo en toda España, de forma que los médicos deben ya priorizar la receta de medicamentos genéricos, con su consiguiente ahorro para el erario público.

Pero el margen de ahorro en el gasto farmacéutico es aún importante en España, según subraya Joan Ramon Laporte, catedrático de Farmacología de la Universitat Autònoma de Barcelona y jefe de este departamento del hospital del Vall d’Hebron: “Aquí se gasta muchísimo dinero de más en medicamentos, lo que en el fondo refleja el poder político clarísimo del sector”.

Laporte recalca que los datos de la OCDE muestran que “hay espacio para recortar” en gasto farmacéutico público: España destina a medicamentos el equivalente al 1,27% del PIB cuando la media de la UE a 15 la de antes de la ampliación al Este es apenas del 0,87%.

El 80% de este gasto es público, con lo que reducir este diferencial a la mitad supondría un ahorro mínimo de 2.000 millones para la Administración pública.

Vivienda – 2.500 millones

Pese a la necesidad del ajuste drástico en las cuentas públicas, el Gobierno ha anunciado que recuperará las deducciones fiscales universales para la compra de la vivienda, con independencia de la renta del comprador, en los términos que alimentaron la burbuja, y que reducirá el IVA al respecto del 8% al 4%.

Inurrieta calcula que el impacto para el erario público será de 2.500 millones al año: 1.500 por la recuperación de la desgravación universal y otros mil por la rebaja del IVA sin limitaciones.

En realidad, el coste total de la desgravación para la compra de vivienda supera los 5.000 millones, porque el 70% de los demandantes cumplían los requisitos más restrictivos que aprobó el Gobierno de Zapatero en 2009 y, por tanto, siguieron aplicándolos.

“Lo más escandaloso ni siquiera es la cantidad que el Gobierno dejará de ingresar, sino que vuelva a alentarse el modelo que generó la burbuja y nos llevó al desastre”, advierte Agustí Colom, economista de la Universitat de Barcelona.

Pensiones privadas – 2.000 millones

Desde 1996, España ha dejado de ingresar más de 20.000 millones como consecuencia de los incentivos fiscales de que gozan los planes privados de pensiones. Al principio, la cifra era testimonial, pero en los últimos años se mueve entre los 2.000 y los 3.000 millones anuales.

Las desgravaciones se han mantenido intactas a pesar de que varios estudios han puesto en cuestión la rentabilidad conseguida por los planes de pensiones, sobre todo como consecuencia de las altísimas comisiones del sector financiero. Pablo Fernández, profesor de Finanzas de la escuela de negocios IESE, elabora cada año un ranking de más de 3.000 fondos de pensiones en España y son muy escasos los que consiguen rentabilidades sostenidas mejores a las del bono español, pese a que los gestores perciben comisiones generalmente superiores al 2%.

En 2009, Fernández cuantificó las comisiones de las gestoras por estas magras rentabilidades en más de mil millones de euros.

“Es hora de repensar estas desgravaciones, que son muy regresivas, porque favorecen a las rentas altas con capacidad de ahorro y que en la práctica se han convertido en una transmisión de renta directa hacia las gestoras”, sostiene Inurrieta.

Uno de los mayores problemas que tiene la democracia española es la muy limitada diversidad ideológica existente en los mayores medios de información existentes en nuestro país. A lo largo de mi vida, he tenido que vivir en varios países: Suecia, Reino Unido y EEUU, además de España. En Suecia hay medios de información de todo signo. Y no hay temas tabúes. A la monarquía y al monarca, por ejemplo, se les critica constantemente en tales medios. Un tanto semejante ocurre en Reino Unido, donde la familia real (liderada por la reina) es sujeto de crítica continua. Y en EEUU, donde la diversidad ideológica en los medios es más limitada que en Reino Unido o Suecia, existen, sin embargo, cadenas de televisión de izquierdas, como Democracy Now! o MSNBC, entre otras. Y los medios, tanto los de derechas como los de izquierdas, no tienen ningún reparo en criticar duramente al presidente de EEUU. Estuve trabajando en la Casa Blanca (a propuesta de los sindicatos y del Rainbow Coalition –la izquierda dentro del Partido Demócrata–) durante la Administración Clinton, en el grupo de trabajo responsable de realizar la reforma sanitaria, y pude ver la cantidad de críticas durísimas que se hicieron (con razón) en los medios al presidente Clinton durante el famoso caso Lewinsky.

En España, sin embargo, hay una larga lista de tabúes, y la monarquía es uno de ellos. Sólo hace un par de años comenzaron tímidamente a aparecer críticas de personajes de la familia real, aunque la monarquía como institución continúa siendo un tabú. Los medios televisivos todavía hoy vetan las críticas a la monarquía, habiéndose dado recientemente varios casos de censuras de programas televisivos críticos con el sistema monárquico vetando voces a favor del sistema republicano.

Otro ejemplo de esta falta de diversidad en los medios de mayor difusión en España es la cobertura de la crisis actual y sus posibles soluciones. Durante mucho tiempo, la respuesta prácticamente unánime transmitida en los mayores medios de difusión frente a la crisis era que tenían que hacerse recortes de gasto público para reducir el déficit y salir así de la crisis. Ninguno (repito, ninguno) de los medios de mayor difusión del país apoyó editorialmente alternativas como aumentar los ingresos al Estado, implementando una muy necesaria reforma fiscal que permitiera el aumento del gasto público, estimulando el crecimiento económico. Sólo más tarde se comenzó a discutir esta posibilidad, cuando (como era predecible y como indicamos varios autores) se vio que tales políticas de “austeridad” llevaban y continúan llevando al desastre económico (sin excluir la posibilidad de llegar a una Gran Depresión). Y hoy, ningún medio de gran difusión ha facilitado o planteado un debate sobre la permanencia o salida de España del euro como posible salida de la crisis (Suecia, sin euro, es el país que está creciendo más en la UE-15). El silencio sobre estos temas es también ensordecedor.

Naturalmente que España no es una dictadura. Voces de izquierda aparecen y se permiten, pero siempre en situación muy minoritaria, casi marginal. Dentro de este panorama hay poquísimas excepciones. Y una de ellas es Público, al que, maliciosa y erróneamente se le ha presentado como “el diario del Gobierno de Zapatero”, cuando, en realidad, ha sido el rotativo que ha incluido más voces críticas a tal Gobierno desde la izquierda, y cuando el apoyo financiero desde instancias gubernamentales ha sido más bajo de lo que incluso le corresponde. Pero Público hoy está en peligro de desaparecer. Y, por desgracia, no es la primera vez que ello ocurre. La prensa de izquierdas no arranca en España, y ello a pesar de que todas las encuestas señalan que la mayoría de la población se ubica desde el centro izquierda a la izquierda. ¿Por qué no cuaja? Y aquí también hay que hablar claro. Tenemos un problema en España con las izquierdas, puesto que su comportamiento contribuye a que no surjan rotativos de todas las izquierdas. Ni que decir tiene que las derechas tienen los medios financieros que las izquierdas no tienen. Y los anuncios que aguantan un rotativo escasean en medios que, por definición, son críticos de las estructuras de poder, incluyendo las económicas, financieras y comerciales. Pero, por muy poderosos que sean estos factores (y lo son), el hecho es que hay otros factores que también explican esta situación. Y entre ellos está la falta de movilización de las propias izquierdas, incluyendo partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales que, a no ser que sean sus propios medios (convirtiéndose en sus portavoces), no se movilizan para crear una cultura y una prensa de todas las izquierdas. ¿Cómo puede ser que de más de diez millones de españoles que votan a partidos de izquierda, o de casi tres millones de sindicalistas, y de más de dos millones de asociaciones sociales progresistas, sólo 87.000 se suscriban a Público? ¿Cómo es que la mayoría de personas que votan y/o se consideran de izquierdas leen primordialmente prensa que no es de izquierdas? Hay una falta de movilización de las izquierdas (y de sus instrumentos) en promover la suscripción a Público, permitiendo un dominio casi absoluto de las derechas y de lo que se llama centro (que es derecha moderada) en los medios de mayor difusión de España. Si cada lector que encuentra Público de interés y simpatiza con sus contenidos se suscribiera, tendríamos Público para años. Que esto no ocurra es un síntoma de un problema mayor que la posible pérdida de tal rotativo (que es en sí una enorme pérdida). Es un indicador más de esta falta de movilización de las izquierdas para crear foros de expresión de todas las izquierdas, como es, y esperemos que continúe siéndolo, Público por muchos años

El concurso de acreedores de Público amerita una reflexión en la débil izquierda española. El riesgo de que desaparezca dejaría informativa y culturalmente huérfano un campo progresista que en los últimos años empezó a tener perspectiva para cuestionar algunos de los “bien atados” que dejaron Franco y la élite política de la Transición.

El sugerente libro Sistemas Mediáticos Comparados, de Hallin y Mancini, caracteriza el modelo de pluralismo polarizado de los países mediterráneos, donde el alto grado de compenetración entre partidos políticos y grupos mediáticos instrumenta los discursos con especial estridencia ideológica en las disputas políticas, lo que dificulta el distanciamiento y la neutralidad deontológica que deberían orientar a los periodistas al valorar el interés común y la justicia en la esfera pública de una democracia. En el caso español, la información académica utilizada por estos autores les hace valorar escasamente el peso que el largo franquismo tuvo en la conformación de la esfera pública moderna, modelando cuestiones tan centrales para la reproducción cultural como las escuelas de periodismo y la fase electrónica de la comunicación (radio, cine, tv). Su interpretación asume la perspectiva acrítica de la “transición” comunicacional haciendo evidente que conocen superficialmente la historia de El País (PRISA). A este diario adjudican el lugar del periódico progresista que confronta con la derecha, equiparándolo en su esquema comparativo con cabeceras italianas como L’Unitá o La Repubblica, o las francesas Libération o L’Humanité, cuando en un mercado mucho menos plural su línea editorial en ningún momento ha defendido el control público de la economía, el gasto social y los derechos de las personas trabajadoras. Y sí, en cambio, ha demandado y saludado de manera sistemática privatizaciones, flexibilización laboral, desregulaciones y recortes, cuestiones de las que no fuimos muy conscientes hasta que en 2007 apareció Público.

El intenso accionar de esta nueva cabecera en su escaso quinquenio de existencia no está siendo del todo evaluado. No existe una clara conciencia del sutil papel que juega sobre el difuso campo progresista ni sobre públicos activos socioculturalmente que, aunque minoritarios, son clave en la promoción de causas y movimientos democráticos emancipadores. Desde que Público está todos los días en los kioscos, los planteamientos empujados por estos tejidos sociales han ganado profundidad argumentativa para el debate cotidiano (el de la barra del bar) y su reverberación informativa en televisión ha vigorizado un alicaído discurso progresista impotente ante la brunete mediática de nuestros neocons nacionales.

En sus páginas se están tratando temas hasta ahora tabú, como la República (con desafío informativo a la monarquía desconocido en Madrid en las tres décadas de democracia) y la memoria de las víctimas del franquismo (desplegada sobre los derechos humanos y la justicia aún no asumidos por una sociedad todavía traumatizada). Por primera vez un medio de tirada nacional se ha atrevido a modular información que cuestiona los costrosos prejuicios identitarios, abordando cuestiones informativamente asfixiadas por una perspectiva españolista inconsciente de su prepotencia. La inevitable interculturalidad que requiere la deseada España plural necesita voces claras para explicar desencuentros lingüísticos, la necesidad de una salida dialogada a ETA, los datos y razones que están detrás de un modelo territorial fallido y necesitado de revisión.

La dirección editorial de Público promueve una pluralidad de voces en sus columnas y espacios de opinión que sin duda está ampliando el espacio de reflexión común de izquierdas sociales y políticas. La clara consigna de Vicenç Navarro de “bienestar insuficiente” y “democracia incompleta”, vinculadas a las ventajas obtenidas por el campo conservador durante el franquismo y la “transición inmódelica”, pone de manifiesto semanalmente las tareas pendientes de la autocomplaciente socialdemocracia española. Las iniciativas de movimientos mediáticamente marginados como el laicista, estudiantil o el de conocimiento abierto en la red han ganado un generoso espacio en reportajes y artículos de opinión. Las intocadas industrias culturales y la SGAE son criticadas por su mal gobierno en una coyuntura de cambio tecnológico, lo que gana contraste con informaciones sobre otras realidades de creatividad colaborativa independiente de insoslayable valor para la cultura democrática y sostenible. Entre ellas, se podría incluir las colecciones de clásicos de la narrativa española del exilio y de la literatura política universal incluidas los fines de semana a bajo coste, que al tiempo que ponían en las manos de los lectores importantes autores para pensar nuestro tiempo pasado y presente, dejaban en evidencia el afán meramente lucrativo de los coleccionables promovidos por otros periódicos. El comunicado del colectivo editorial de Diagonal en apoyo al periódico puede que sea la primera muestra de reconocimiento de la izquierda social radical a un medio de prensa convencional.

A fines de los noventa, un libro de exitosa circulación interrogaba a las ciencias sociales latinoamericanas jugando con los términos Cultura Política y Políticas Culturales donde Álvarez, Dagnino y Escobar hacían una reflexión crítica de la noción de cultura política exportada desde Estados Unidos al mundo, normalizando como públicos democráticos al norteamericano medio, apático y centrado en el consumo y la vida privada. Por el contrario, estos autores daban claras pruebas de que las mayores aportaciones a las transformaciones democráticas las habían potenciado las prácticas culturales de los movimientos sociales y su capacidad de promover políticas culturales de nuevo cuño con los nodos más avanzados de la sociedad civil. Público juega generosamente un papel de centrocampista repartiendo juego al primer toque en la disputa ideológico-discursiva de los últimos años. Sin duda está colaborando con la esperanza del 15-M, removiendo la indignación surgida en nuestro país para el mundo. Por eso los tejidos sociales activos debemos tener el claro compromiso de apoyar las iniciativas de sus trabajadores para dar viabilidad a un diario fundamental en los años venideros

Cuando en marzo de 1985 terminó la corta vida, apenas seis meses, del diario Liberación, uno de sus redactores escribió este epitafio: “Desconocían el lenguaje de la piratería y, navegando en sus aguas, era preciso dominarlo para sobrevivir. Así son las arenas movedizas del negocio editorial periodístico”.

Liberación fue un buen periódico, con una redacción muy politizada, claramente a la izquierda del PSOE, entonces en plena congregación bajo la autoridad de Felipe González. Hubo discusiones fuertes y conflictos entre diferentes grupos, personalidades y afinidades de la redacción, pero la opinión general es que su fracaso estuvo determinado por sus carencias y debilidades como empresa editora. El capital inicial se constituyó con aportaciones individuales y en un régimen de tipo cooperativo; tropezó inmediatamente con un boicot de créditos de bancos y cajas de ahorro y su equipo gerencial se hundió en las “arenas movedizas del negocio editorial periodístico”. Aquella experiencia traumática ratificó el dominio del Grupo Prisa en la información “progresista”, pese a que unos meses después, al grupo se le cayera hasta el último resto de barniz “de izquierdas”, con su apoyo editorial al Sí en el referéndum sobre la OTAN. En las condiciones de desmoralización producto de la derrota del No en ese referéndum, la conclusión más razonable fue considerar un diario de izquierdas tan necesario como prácticamente imposible: era muy dudoso que pudiera contar con suficiente difusión y era inverosímil que pudiera contar con una sólida base empresarial, capaz de competir con el Grupo Prisa. La excepción era Egin, pero no servía como modelo: en el Estado español no existía nada comparable a la base social y el sentido comunitario del mundo abertzale, que necesitaba y podía sostener un medio autónomo de los poderes establecidos, incluyendo a los poderes mediáticos. Así transcurrieron los años oscuros de la izquierda española, con algunos momentos de esperanza, como la huelga general de 1988, los movimientos de insumisos o la lucha contra la guerra de Irak, de los que sólo se comienza a atisbar una salida política desde el 15-M.

Por eso el nacimiento de Público fue una noticia tan buena como inesperada y la amenaza de su desaparición tiene un aire de derrota política, que se siente en muchos de los testimonios de lectores y colaboradores.
“Un aire”, digo. No comparto la línea editorial de Público y raras veces he estado de acuerdo con ella, especialmente en temas de política “nacional”. Público no es un periódico de la “izquierda alternativa”. Un proyecto de este tipo es hoy inviable, como ha mostrado, en cierto modo, la frustrada experiencia de La voz de la calle, que se presentó expresamente como un periódico “a la izquierda” de Público.

Lo que hacía potencialmente viable a Público, y aún quedan posibilidades para que lo sea, es desde el punto de vista de su orientación política, combinar la línea editorial de “apoyo crítico” al PSOE con un pluralismo de opinión y de información muy alto, en el que tienen cabida habitualmente opiniones y organizaciones claramente a la izquierda del PSOE y temas excluidos o condenados por la prensa convencional. Por cierto, llama la atención el tratamiento despectivo que el colectivo editor de Diagonal ha dedicado a un sector de los que se expresan en el diario. Así, en el texto “Sin nostalgia y sin miedo: por otra comunicación para otros públicos”, http://www.diagonalperiodico.net/Sin-nostalgia-y-sin-miedo-por-otra.html, se incluye la siguiente valoración sobre el “hueco informativo” que ocupa Público: “Tanto en sus planteamientos más clásicamente izquierdistas (quizá lo menos interesante del periódico, y en los que se reconoce la herencia del republicanismo y del antifranquismo)”. Imagino que al colectivo editor de Diagonal sí encontrará interesantes a sus suscriptores “clásicamente izquierdistas”. Que un periódico como Diagonal aluda así, probablemente de forma inconsciente, a una parte de sus lectores da una idea de cómo está el panorama de la prensa de izquierdas en España y de las dificultades para que los buenos medios que existen, Diagonal entre ellos, alcancen un impacto social y político amplio.

Volviendo a Público. Su director Jesús Maraña escribe: “Si Público estuviera vendiendo el doble de ejemplares de los que vende o hubiera cumplido el objetivo previsto en ingresos publicitarios, no se hallaría en la gravísima tesitura de suspender pagos temporalmente para intentar sobrevivir”. Ahí está el problema. Los efectos de la caída de la publicidad sólo pueden paliarse con un fuerte incremento de las ventas. Si Público vendiera, pongamos por caso, 150.000 ejemplares, posiblemente no sería un gran negocio, pero no estaría amenazado de cierre.

Echemos cuentas. En las últimas elecciones generales, las candidaturas a la izquierda del PSOE, que sólo han tenido un tratamiento amplio, e incluso generoso, en Público, han obtenido cerca de dos millones de votos. La afiliación de las diferentes organizaciones sindicales, políticas, sociales… que han podido expresarse en Público mejor que en cualquier otro medio, suma centenares de miles de personas. El movimiento 15-M, que ha tenido en Público el mejor tratamiento de la prensa diaria, ha significado una activación social masiva. ¿Cómo es posible que en estas condiciones Público no consiga llegar, después de cinco años, ni a los 90.000 ejemplares de venta?
El problema no está en el periódico, ni en su línea editorial, ni tampoco en su empresa editora: el problema está en la demanda. La gente de izquierdas apenas compra prensa, y la que compra no es de izquierdas. La gente más joven pasa de los medios impresos y se conforma con la información gratuita a la que accede por internet. Fuera de Euskadi, no existe conciencia de la necesidad de contar con una autonomía de información respecto a los grandes medios, en particular respecto a Prisa. Y esa autonomía no tiene hoy en la prensa diaria de difusión estatal mejor instrumento que Público. ¿Sería preferible otro diario de base cooperativa y más a la izquierda? Pues, en mi opinión, sí. Pero ahora esto es lo que hay y no es nada despreciable. No existe en ningún país europeo ningún diario con el pluralismo político y la difusión de Público.

Quizás dentro de unas semanas o meses lo echemos de menos. La única alternativa peor que su desaparición sería una supervivencia agónica, de ERE en ERE.
Un llamamiento permanente en la portada del periódico recuerda que: “la mejor forma de apoyar a Público es comprarlo todos los días”. Yo creo que, ahora,  más que la mejor, es la única forma de apoyar al periódico y, sobre todo, a sus trabajadores. Aún estamos a tiempo.

Estos hechos ocurrieron supuestamente en 2003 y supuestamente se han repetido en el tiempo hasta fechas relativamente recientes. Las vistas se celebraron en Mayo del 2011. y el juez, considera los hechos suficientemente verosímiles como para imponer una fianza de 100.000 euros al imputado, que no es precisamente simbólica

El sábado 21 Reneses presento en la presidencia ejecutiva federal su renuncia como secretario de organización, manteniendo su cargo como diputado autonómico, renuncia que se había pactado en las reunión estratégica que hacen los algunos miembros de PCE los viernes por la tarde noche para preparar el PEF

Este blog, no tiene por que juzgar ni la culpabilidad/inocencia del imputado, ni creer o dejar de creer a la victima, pero el articulo 8 del código ético de aprobado por el consejo político federal de IU el día 16 de diciembre de 2006 sostiene que: “ Los militantes y/o cargos públicos de IU imputados por un juez o magistrado, procesados o condenados por delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con fines de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos público o privados, malversación y apropiación de caudales públicos, cohecho, racismo, xenofobia, homofobia o violencia de género, cesarán de forma inmediata de sus cargos públicos así como de los órganos de dirección de IU a nivel estatal, autonómico o local si los tuvieren. También serán apartados de forma cautelar de la militancia hasta que cese la imputación, el procesamiento o exista sentencia absolutoria.”

la imputación de un dirigente en un delito de acoso sexual (que es violencia de genero) independientemente de su inocencia o culpabilidad, obliga por coherencia a aplicar el código ético de IU, que para eso esta, lo que implica la dimisión de los cargos institucionales y dentro de la organización que tuviera el imputado

Miguel Reneses, al no dimitir de todos sus cargos, tanto internos, como éticos esta violando el código ético de IU.

El PCE de Madrid le ha suspendido cautelarmente de militancia e IU-Madrid le ha pedido su renuncia como diputado autonómico. Sin embargo, Cayo Lara ha optado por que su renuncia sea “temporal” y no nombrar ningún sustituto.

Para colmo, Cayo Lara considera que la decisión de dimitir de Reneses es “noble y valiente” y proclamar la inocencia de Reneses a los cuatro vientos, se posiciona y llama mentirosa a la presunta victima, hace que me vuelva ha avergonzar, una vez mas de este coordinador que nos ha impuesto el PCE.

La dirección de IU esta fallando en uno de los principios de acción política y organizativa de IU es la igualdad de género, en las ultimas elecciones la practica totalidad de candidaturas con opciones de “La Izquierda Plural” estaban en manos de hombres, Las solo tres diputadas de los 11 escaños conseguidas por “La izquierda Plural”, tienen un papel marginal.

En el año 2004 Reneses fue obligado a renunciar de su escaño autonómico por colar en un viaje oficial de la Comunidad de Madrid a una amiga como asesora de prensa, quizás estos hechos, como otras historias opacas de algunas Fundaciones deberían no haberle permitido llegar hasta el puesto de secretario de Organización, puesto que accedió como recompensa por parte del PCE, al papel de la Nacional II madrileña en la elección de Cayo Lara.

Finalmente, lamentar la actitud de algunos militantes/votantes de IU, muchos de ellos ligados emocionalmente al PCE, viendo conspiraciones, matando mensajeros o acusando a la victima.

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