Si se consigue una cantidad inferior de dinero el diario podría sobrevivir en la red y editarse en papel los fines de semana.

(fuente: El blog salmón)

Una única propuesta de Gestha ya compensaría por si solo el hachazo. Según un estudio de la organización, reducir diez puntos el fraude fiscal que varios trabajos académicos sitúan en el 23% del PIB supondría recaudar 38.500 millones. Pero pese a la contundencia de la cifra, Público no la ha incluido en su catálogo alternativo porque la reforma exigida para conseguirlo probablemente llevaría años.

Tampoco se incluye subir los impuestos que pagan las SICAV, según los expertos, aunque tendría un alto valor simbólico su impacto recaudatorio, sería muy modesto.

Medidas sugeridas:

IRPF y capital – 5.300 millones

Está incluido en el paquete ya aprobado por el Gobierno: la subida en el IRPF de hasta siete puntos en el tipo máximo suma 4.100 millones y la subida de la fiscalidad de las rentas de capital hasta seis puntos en las de mayor cuantía aporta otros 1.200.

Pese al escándalo que la decisión ha provocado en los sectores más liberales, los economistas progresistas consideran que se podría avanzar todavía más: tras la reforma, el tipo máximo del IRPF llega en algunas autonomías al 56%, pero Etxezarreta recuerda que la reforma fiscal de la Transición, también en plena crisis económica, lo colocó en el 66%. Y el tope en las rentas de capital generados en los depósitos de ahorro, por ejemplo se sitúa en el 27%. “Hay todavía mucho margen hasta igualar las rentas del trabajo y del capital, porque no tiene demasiado sentido que los ingresos nacidos del trabajo se graven por encima del 50% y los generados sin esfuerzo en un banco estén por debajo del 30%”, sostiene Etxezarreta.

Inversión militar – 1.000 millones

Los pacifistas como Arcadi Oliveres, economista de la Universitat de Barcelona, lo tienen claro: eliminando el Ministerio de Defensa se obtendría un ahorro automático para el erario público de 16.000 millones, al sumar el presupuesto del departamento (8.000) y otros gastos con huella militar repartidos por otros ministerios y que año tras año rastrean organizaciones como Justícia i Pau, que preside el propio Oliveres.

Pero, sin llegar a este extre-mo, hay margen para ahorrar mil millones sin abandonar ninguna misión en el exterior ya comprometida. Bastaría con reducir a la mitad la inver-sión anual en armamento que se reparte entre Defensa e Industria. Problema: el nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés, procede directamente del sector privado de la defensa y seguridad.

‘Tasa Tobin’ – 4.000 millones

Durante años, la tasa a las transacciones financieras promovida por organizaciones como Attac era vista con desdén por el mundo oficial. Pero, en 2011,la propia Comisión Europea, de abrumadora mayoría neoliberal y presidida por el conservador José Manuel Durão Barroso, anunció su intención de implantarla. Y, ahora, el presidente francés, Nicolas Sarkozy también conservador y, como Barroso, socio euro-peo del PPquiere aplicarla ya, unilateralmente, lo que hace añicos el mito de que sólo sería posible a escala global.

La fórmula sugerida por Bruselas es un impuesto de entre el 0,01% y el 0,1% de la transacción en función del tipo de movimiento y, según los cálculos oficiales, permitiría recaudar 55.000 millones al año. Ello ha permitido a expertos como Ricardo García Zaldívar, economista de Attac y de la Universidad Carlos III, apuntar el impacto recaudatorio en España en función de su peso en el PIB europeo: al menos 4.000 millones al año.

Pero el potencial recaudatorio es incluso más alto, porque la propuesta europea es conservadora al dejar fuera a los productos Over the counter(OTC). La elaborada por el Partido Socialista Europeo al que pertenece el PSOE prevé una tasa del 0,05% a todas las transacciones (incluidas las OTC), con lo que los cálculos recaudatorios para toda la UE sube a 200.000 millones.

Impuesto sociedades – 10.500 millones

El tipo nominal máximo del Impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas, es del 30%, que, sin ser de los más altos de la UE, es formalmente más del doble del que aplican países como Irlanda. Sin embargo, la posibilidad de exenciones y deducciones hace que, en la práctica, lo que realmente pagan las empresas sobre sus beneficios no supere el 10% de media, según la Agencia Tributaria. Cualquier sugerencia de aumentar este impuesto es automáticamente descartada por el temor a perjudicar a las empresas en un momento de crisis, pero el sindicato Gestha ha presentado una propuesta dirigida sólo a las grandes empresas con beneficios, que en la práctica disfrutan de una fiscalidad mucho más favorable que las pymes.

La medida afectaría exclusivamente a las grandes compañías, que facturan más de 45 millones al año (en España hay 5.700), y se aplicaría sólo a las que superen el millón de euros de beneficios anuales. Según una estimación de la propuesta del sindicato, elevando a estas compañías el tipo nominal del 30% al 34%, el erario público obtendría al menos 10.500 millones al año.

La Iglesia católica – 1.200 millones

La organización Europa Laica calculó en 2011 que la Iglesia católica recibe del Estado en torno a 10.000 millones de euros cada año, como consecuencia de las condiciones del concordato que rige las relaciones entre la Iglesia y el Estado desde 1979.

La cifra incluye la asignación vía IPRF (en 2010 fueron 249 millones), el salario de los profesores de religión en las escuelas (650 millones) y sus indemnizaciones por despido improcedente o el pago de los sacerdotes en las cárceles y los cuarteles, pero también los conciertos por servicios educativos y sanitarios que reciben decenas de miles de personas, entre muchos otras capítulos.

Para este catálogo de ajuste alternativo se ha contabilizado sólo la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Según Alejandro Inurrieta, alto cargo del Ministerio de Vivienda con Carme Chacón, si la Iglesia abonara el IBI, el erario público contaría con 1.200 millones de euros adicionales al año.

Impuesto sucesiones – 8.000 millones

El impuesto de Sucesiones y Donaciones lo gestionan las comunidades autónomas, cuyas necesidades financieras se han vuelto en algunos casos desesperadas. Y, pese a ello, en 2010 recaudaron por esta vía apenas 1.900 millones en total, porque todas cuentan con bonificaciones que oscilan entre el 90% y el 99%.

Según varios expertos, eliminar por completo las bonificaciones de forma simultánea en todas las comunidadespara evitar así la competencia a la baja supondría una recaudación adicional de entre 17.000 y 19.000 millones.

Público ha optado por contabilizar una propuesta intermedia, que mantenga una bonificación media del 50%, con lo que las comunidades podrían gestionar 8.000 millones de euros más al año. “El único problema de los impuestos es de voluntad política, aunque se aleguen cuestiones técnicas”, opina José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

Patrimonio – 3.500 millones

Otro impuesto desa-parecido en los años del boom, en los que la izquierda mayoritaria asumió el principio de “bajar los impuestos es de izquierdas”, es el de Patrimonio, que en 2007 aún recaudó 2.100 millones.

El Gobierno del PSOE lo recuperó antes de dejar el poder, pero en un formato restrictivo. Además, Madrid, Murcia y el País Valencià las dos últimas, pese a una situación financiera desesperada lo mantienen fuera de juego por la vía de la bonificación, por lo que la nueva versión apenas puede recaudar, según Gestha, unos 500 millones al año.

Según cálculos de los expertos de la organización, recuperar la base sobre la que se aplicó el Impuesto de Patrimonio hasta 2007, elevando el tipo efectivo del 0,6% al 1%, permitiría sumar otros 3.500 millones de euros cada año.

Medicamentos – 2.000 millones

El Ejecutivo socialista logró implantar el pasado verano la prescripción por principio activo en toda España, de forma que los médicos deben ya priorizar la receta de medicamentos genéricos, con su consiguiente ahorro para el erario público.

Pero el margen de ahorro en el gasto farmacéutico es aún importante en España, según subraya Joan Ramon Laporte, catedrático de Farmacología de la Universitat Autònoma de Barcelona y jefe de este departamento del hospital del Vall d’Hebron: “Aquí se gasta muchísimo dinero de más en medicamentos, lo que en el fondo refleja el poder político clarísimo del sector”.

Laporte recalca que los datos de la OCDE muestran que “hay espacio para recortar” en gasto farmacéutico público: España destina a medicamentos el equivalente al 1,27% del PIB cuando la media de la UE a 15 la de antes de la ampliación al Este es apenas del 0,87%.

El 80% de este gasto es público, con lo que reducir este diferencial a la mitad supondría un ahorro mínimo de 2.000 millones para la Administración pública.

Vivienda – 2.500 millones

Pese a la necesidad del ajuste drástico en las cuentas públicas, el Gobierno ha anunciado que recuperará las deducciones fiscales universales para la compra de la vivienda, con independencia de la renta del comprador, en los términos que alimentaron la burbuja, y que reducirá el IVA al respecto del 8% al 4%.

Inurrieta calcula que el impacto para el erario público será de 2.500 millones al año: 1.500 por la recuperación de la desgravación universal y otros mil por la rebaja del IVA sin limitaciones.

En realidad, el coste total de la desgravación para la compra de vivienda supera los 5.000 millones, porque el 70% de los demandantes cumplían los requisitos más restrictivos que aprobó el Gobierno de Zapatero en 2009 y, por tanto, siguieron aplicándolos.

“Lo más escandaloso ni siquiera es la cantidad que el Gobierno dejará de ingresar, sino que vuelva a alentarse el modelo que generó la burbuja y nos llevó al desastre”, advierte Agustí Colom, economista de la Universitat de Barcelona.

Pensiones privadas – 2.000 millones

Desde 1996, España ha dejado de ingresar más de 20.000 millones como consecuencia de los incentivos fiscales de que gozan los planes privados de pensiones. Al principio, la cifra era testimonial, pero en los últimos años se mueve entre los 2.000 y los 3.000 millones anuales.

Las desgravaciones se han mantenido intactas a pesar de que varios estudios han puesto en cuestión la rentabilidad conseguida por los planes de pensiones, sobre todo como consecuencia de las altísimas comisiones del sector financiero. Pablo Fernández, profesor de Finanzas de la escuela de negocios IESE, elabora cada año un ranking de más de 3.000 fondos de pensiones en España y son muy escasos los que consiguen rentabilidades sostenidas mejores a las del bono español, pese a que los gestores perciben comisiones generalmente superiores al 2%.

En 2009, Fernández cuantificó las comisiones de las gestoras por estas magras rentabilidades en más de mil millones de euros.

“Es hora de repensar estas desgravaciones, que son muy regresivas, porque favorecen a las rentas altas con capacidad de ahorro y que en la práctica se han convertido en una transmisión de renta directa hacia las gestoras”, sostiene Inurrieta.

Uno de los mayores problemas que tiene la democracia española es la muy limitada diversidad ideológica existente en los mayores medios de información existentes en nuestro país. A lo largo de mi vida, he tenido que vivir en varios países: Suecia, Reino Unido y EEUU, además de España. En Suecia hay medios de información de todo signo. Y no hay temas tabúes. A la monarquía y al monarca, por ejemplo, se les critica constantemente en tales medios. Un tanto semejante ocurre en Reino Unido, donde la familia real (liderada por la reina) es sujeto de crítica continua. Y en EEUU, donde la diversidad ideológica en los medios es más limitada que en Reino Unido o Suecia, existen, sin embargo, cadenas de televisión de izquierdas, como Democracy Now! o MSNBC, entre otras. Y los medios, tanto los de derechas como los de izquierdas, no tienen ningún reparo en criticar duramente al presidente de EEUU. Estuve trabajando en la Casa Blanca (a propuesta de los sindicatos y del Rainbow Coalition –la izquierda dentro del Partido Demócrata–) durante la Administración Clinton, en el grupo de trabajo responsable de realizar la reforma sanitaria, y pude ver la cantidad de críticas durísimas que se hicieron (con razón) en los medios al presidente Clinton durante el famoso caso Lewinsky.

En España, sin embargo, hay una larga lista de tabúes, y la monarquía es uno de ellos. Sólo hace un par de años comenzaron tímidamente a aparecer críticas de personajes de la familia real, aunque la monarquía como institución continúa siendo un tabú. Los medios televisivos todavía hoy vetan las críticas a la monarquía, habiéndose dado recientemente varios casos de censuras de programas televisivos críticos con el sistema monárquico vetando voces a favor del sistema republicano.

Otro ejemplo de esta falta de diversidad en los medios de mayor difusión en España es la cobertura de la crisis actual y sus posibles soluciones. Durante mucho tiempo, la respuesta prácticamente unánime transmitida en los mayores medios de difusión frente a la crisis era que tenían que hacerse recortes de gasto público para reducir el déficit y salir así de la crisis. Ninguno (repito, ninguno) de los medios de mayor difusión del país apoyó editorialmente alternativas como aumentar los ingresos al Estado, implementando una muy necesaria reforma fiscal que permitiera el aumento del gasto público, estimulando el crecimiento económico. Sólo más tarde se comenzó a discutir esta posibilidad, cuando (como era predecible y como indicamos varios autores) se vio que tales políticas de “austeridad” llevaban y continúan llevando al desastre económico (sin excluir la posibilidad de llegar a una Gran Depresión). Y hoy, ningún medio de gran difusión ha facilitado o planteado un debate sobre la permanencia o salida de España del euro como posible salida de la crisis (Suecia, sin euro, es el país que está creciendo más en la UE-15). El silencio sobre estos temas es también ensordecedor.

Naturalmente que España no es una dictadura. Voces de izquierda aparecen y se permiten, pero siempre en situación muy minoritaria, casi marginal. Dentro de este panorama hay poquísimas excepciones. Y una de ellas es Público, al que, maliciosa y erróneamente se le ha presentado como “el diario del Gobierno de Zapatero”, cuando, en realidad, ha sido el rotativo que ha incluido más voces críticas a tal Gobierno desde la izquierda, y cuando el apoyo financiero desde instancias gubernamentales ha sido más bajo de lo que incluso le corresponde. Pero Público hoy está en peligro de desaparecer. Y, por desgracia, no es la primera vez que ello ocurre. La prensa de izquierdas no arranca en España, y ello a pesar de que todas las encuestas señalan que la mayoría de la población se ubica desde el centro izquierda a la izquierda. ¿Por qué no cuaja? Y aquí también hay que hablar claro. Tenemos un problema en España con las izquierdas, puesto que su comportamiento contribuye a que no surjan rotativos de todas las izquierdas. Ni que decir tiene que las derechas tienen los medios financieros que las izquierdas no tienen. Y los anuncios que aguantan un rotativo escasean en medios que, por definición, son críticos de las estructuras de poder, incluyendo las económicas, financieras y comerciales. Pero, por muy poderosos que sean estos factores (y lo son), el hecho es que hay otros factores que también explican esta situación. Y entre ellos está la falta de movilización de las propias izquierdas, incluyendo partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales que, a no ser que sean sus propios medios (convirtiéndose en sus portavoces), no se movilizan para crear una cultura y una prensa de todas las izquierdas. ¿Cómo puede ser que de más de diez millones de españoles que votan a partidos de izquierda, o de casi tres millones de sindicalistas, y de más de dos millones de asociaciones sociales progresistas, sólo 87.000 se suscriban a Público? ¿Cómo es que la mayoría de personas que votan y/o se consideran de izquierdas leen primordialmente prensa que no es de izquierdas? Hay una falta de movilización de las izquierdas (y de sus instrumentos) en promover la suscripción a Público, permitiendo un dominio casi absoluto de las derechas y de lo que se llama centro (que es derecha moderada) en los medios de mayor difusión de España. Si cada lector que encuentra Público de interés y simpatiza con sus contenidos se suscribiera, tendríamos Público para años. Que esto no ocurra es un síntoma de un problema mayor que la posible pérdida de tal rotativo (que es en sí una enorme pérdida). Es un indicador más de esta falta de movilización de las izquierdas para crear foros de expresión de todas las izquierdas, como es, y esperemos que continúe siéndolo, Público por muchos años

El concurso de acreedores de Público amerita una reflexión en la débil izquierda española. El riesgo de que desaparezca dejaría informativa y culturalmente huérfano un campo progresista que en los últimos años empezó a tener perspectiva para cuestionar algunos de los “bien atados” que dejaron Franco y la élite política de la Transición.

El sugerente libro Sistemas Mediáticos Comparados, de Hallin y Mancini, caracteriza el modelo de pluralismo polarizado de los países mediterráneos, donde el alto grado de compenetración entre partidos políticos y grupos mediáticos instrumenta los discursos con especial estridencia ideológica en las disputas políticas, lo que dificulta el distanciamiento y la neutralidad deontológica que deberían orientar a los periodistas al valorar el interés común y la justicia en la esfera pública de una democracia. En el caso español, la información académica utilizada por estos autores les hace valorar escasamente el peso que el largo franquismo tuvo en la conformación de la esfera pública moderna, modelando cuestiones tan centrales para la reproducción cultural como las escuelas de periodismo y la fase electrónica de la comunicación (radio, cine, tv). Su interpretación asume la perspectiva acrítica de la “transición” comunicacional haciendo evidente que conocen superficialmente la historia de El País (PRISA). A este diario adjudican el lugar del periódico progresista que confronta con la derecha, equiparándolo en su esquema comparativo con cabeceras italianas como L’Unitá o La Repubblica, o las francesas Libération o L’Humanité, cuando en un mercado mucho menos plural su línea editorial en ningún momento ha defendido el control público de la economía, el gasto social y los derechos de las personas trabajadoras. Y sí, en cambio, ha demandado y saludado de manera sistemática privatizaciones, flexibilización laboral, desregulaciones y recortes, cuestiones de las que no fuimos muy conscientes hasta que en 2007 apareció Público.

El intenso accionar de esta nueva cabecera en su escaso quinquenio de existencia no está siendo del todo evaluado. No existe una clara conciencia del sutil papel que juega sobre el difuso campo progresista ni sobre públicos activos socioculturalmente que, aunque minoritarios, son clave en la promoción de causas y movimientos democráticos emancipadores. Desde que Público está todos los días en los kioscos, los planteamientos empujados por estos tejidos sociales han ganado profundidad argumentativa para el debate cotidiano (el de la barra del bar) y su reverberación informativa en televisión ha vigorizado un alicaído discurso progresista impotente ante la brunete mediática de nuestros neocons nacionales.

En sus páginas se están tratando temas hasta ahora tabú, como la República (con desafío informativo a la monarquía desconocido en Madrid en las tres décadas de democracia) y la memoria de las víctimas del franquismo (desplegada sobre los derechos humanos y la justicia aún no asumidos por una sociedad todavía traumatizada). Por primera vez un medio de tirada nacional se ha atrevido a modular información que cuestiona los costrosos prejuicios identitarios, abordando cuestiones informativamente asfixiadas por una perspectiva españolista inconsciente de su prepotencia. La inevitable interculturalidad que requiere la deseada España plural necesita voces claras para explicar desencuentros lingüísticos, la necesidad de una salida dialogada a ETA, los datos y razones que están detrás de un modelo territorial fallido y necesitado de revisión.

La dirección editorial de Público promueve una pluralidad de voces en sus columnas y espacios de opinión que sin duda está ampliando el espacio de reflexión común de izquierdas sociales y políticas. La clara consigna de Vicenç Navarro de “bienestar insuficiente” y “democracia incompleta”, vinculadas a las ventajas obtenidas por el campo conservador durante el franquismo y la “transición inmódelica”, pone de manifiesto semanalmente las tareas pendientes de la autocomplaciente socialdemocracia española. Las iniciativas de movimientos mediáticamente marginados como el laicista, estudiantil o el de conocimiento abierto en la red han ganado un generoso espacio en reportajes y artículos de opinión. Las intocadas industrias culturales y la SGAE son criticadas por su mal gobierno en una coyuntura de cambio tecnológico, lo que gana contraste con informaciones sobre otras realidades de creatividad colaborativa independiente de insoslayable valor para la cultura democrática y sostenible. Entre ellas, se podría incluir las colecciones de clásicos de la narrativa española del exilio y de la literatura política universal incluidas los fines de semana a bajo coste, que al tiempo que ponían en las manos de los lectores importantes autores para pensar nuestro tiempo pasado y presente, dejaban en evidencia el afán meramente lucrativo de los coleccionables promovidos por otros periódicos. El comunicado del colectivo editorial de Diagonal en apoyo al periódico puede que sea la primera muestra de reconocimiento de la izquierda social radical a un medio de prensa convencional.

A fines de los noventa, un libro de exitosa circulación interrogaba a las ciencias sociales latinoamericanas jugando con los términos Cultura Política y Políticas Culturales donde Álvarez, Dagnino y Escobar hacían una reflexión crítica de la noción de cultura política exportada desde Estados Unidos al mundo, normalizando como públicos democráticos al norteamericano medio, apático y centrado en el consumo y la vida privada. Por el contrario, estos autores daban claras pruebas de que las mayores aportaciones a las transformaciones democráticas las habían potenciado las prácticas culturales de los movimientos sociales y su capacidad de promover políticas culturales de nuevo cuño con los nodos más avanzados de la sociedad civil. Público juega generosamente un papel de centrocampista repartiendo juego al primer toque en la disputa ideológico-discursiva de los últimos años. Sin duda está colaborando con la esperanza del 15-M, removiendo la indignación surgida en nuestro país para el mundo. Por eso los tejidos sociales activos debemos tener el claro compromiso de apoyar las iniciativas de sus trabajadores para dar viabilidad a un diario fundamental en los años venideros

Cuando en marzo de 1985 terminó la corta vida, apenas seis meses, del diario Liberación, uno de sus redactores escribió este epitafio: “Desconocían el lenguaje de la piratería y, navegando en sus aguas, era preciso dominarlo para sobrevivir. Así son las arenas movedizas del negocio editorial periodístico”.

Liberación fue un buen periódico, con una redacción muy politizada, claramente a la izquierda del PSOE, entonces en plena congregación bajo la autoridad de Felipe González. Hubo discusiones fuertes y conflictos entre diferentes grupos, personalidades y afinidades de la redacción, pero la opinión general es que su fracaso estuvo determinado por sus carencias y debilidades como empresa editora. El capital inicial se constituyó con aportaciones individuales y en un régimen de tipo cooperativo; tropezó inmediatamente con un boicot de créditos de bancos y cajas de ahorro y su equipo gerencial se hundió en las “arenas movedizas del negocio editorial periodístico”. Aquella experiencia traumática ratificó el dominio del Grupo Prisa en la información “progresista”, pese a que unos meses después, al grupo se le cayera hasta el último resto de barniz “de izquierdas”, con su apoyo editorial al Sí en el referéndum sobre la OTAN. En las condiciones de desmoralización producto de la derrota del No en ese referéndum, la conclusión más razonable fue considerar un diario de izquierdas tan necesario como prácticamente imposible: era muy dudoso que pudiera contar con suficiente difusión y era inverosímil que pudiera contar con una sólida base empresarial, capaz de competir con el Grupo Prisa. La excepción era Egin, pero no servía como modelo: en el Estado español no existía nada comparable a la base social y el sentido comunitario del mundo abertzale, que necesitaba y podía sostener un medio autónomo de los poderes establecidos, incluyendo a los poderes mediáticos. Así transcurrieron los años oscuros de la izquierda española, con algunos momentos de esperanza, como la huelga general de 1988, los movimientos de insumisos o la lucha contra la guerra de Irak, de los que sólo se comienza a atisbar una salida política desde el 15-M.

Por eso el nacimiento de Público fue una noticia tan buena como inesperada y la amenaza de su desaparición tiene un aire de derrota política, que se siente en muchos de los testimonios de lectores y colaboradores.
“Un aire”, digo. No comparto la línea editorial de Público y raras veces he estado de acuerdo con ella, especialmente en temas de política “nacional”. Público no es un periódico de la “izquierda alternativa”. Un proyecto de este tipo es hoy inviable, como ha mostrado, en cierto modo, la frustrada experiencia de La voz de la calle, que se presentó expresamente como un periódico “a la izquierda” de Público.

Lo que hacía potencialmente viable a Público, y aún quedan posibilidades para que lo sea, es desde el punto de vista de su orientación política, combinar la línea editorial de “apoyo crítico” al PSOE con un pluralismo de opinión y de información muy alto, en el que tienen cabida habitualmente opiniones y organizaciones claramente a la izquierda del PSOE y temas excluidos o condenados por la prensa convencional. Por cierto, llama la atención el tratamiento despectivo que el colectivo editor de Diagonal ha dedicado a un sector de los que se expresan en el diario. Así, en el texto “Sin nostalgia y sin miedo: por otra comunicación para otros públicos”, http://www.diagonalperiodico.net/Sin-nostalgia-y-sin-miedo-por-otra.html, se incluye la siguiente valoración sobre el “hueco informativo” que ocupa Público: “Tanto en sus planteamientos más clásicamente izquierdistas (quizá lo menos interesante del periódico, y en los que se reconoce la herencia del republicanismo y del antifranquismo)”. Imagino que al colectivo editor de Diagonal sí encontrará interesantes a sus suscriptores “clásicamente izquierdistas”. Que un periódico como Diagonal aluda así, probablemente de forma inconsciente, a una parte de sus lectores da una idea de cómo está el panorama de la prensa de izquierdas en España y de las dificultades para que los buenos medios que existen, Diagonal entre ellos, alcancen un impacto social y político amplio.

Volviendo a Público. Su director Jesús Maraña escribe: “Si Público estuviera vendiendo el doble de ejemplares de los que vende o hubiera cumplido el objetivo previsto en ingresos publicitarios, no se hallaría en la gravísima tesitura de suspender pagos temporalmente para intentar sobrevivir”. Ahí está el problema. Los efectos de la caída de la publicidad sólo pueden paliarse con un fuerte incremento de las ventas. Si Público vendiera, pongamos por caso, 150.000 ejemplares, posiblemente no sería un gran negocio, pero no estaría amenazado de cierre.

Echemos cuentas. En las últimas elecciones generales, las candidaturas a la izquierda del PSOE, que sólo han tenido un tratamiento amplio, e incluso generoso, en Público, han obtenido cerca de dos millones de votos. La afiliación de las diferentes organizaciones sindicales, políticas, sociales… que han podido expresarse en Público mejor que en cualquier otro medio, suma centenares de miles de personas. El movimiento 15-M, que ha tenido en Público el mejor tratamiento de la prensa diaria, ha significado una activación social masiva. ¿Cómo es posible que en estas condiciones Público no consiga llegar, después de cinco años, ni a los 90.000 ejemplares de venta?
El problema no está en el periódico, ni en su línea editorial, ni tampoco en su empresa editora: el problema está en la demanda. La gente de izquierdas apenas compra prensa, y la que compra no es de izquierdas. La gente más joven pasa de los medios impresos y se conforma con la información gratuita a la que accede por internet. Fuera de Euskadi, no existe conciencia de la necesidad de contar con una autonomía de información respecto a los grandes medios, en particular respecto a Prisa. Y esa autonomía no tiene hoy en la prensa diaria de difusión estatal mejor instrumento que Público. ¿Sería preferible otro diario de base cooperativa y más a la izquierda? Pues, en mi opinión, sí. Pero ahora esto es lo que hay y no es nada despreciable. No existe en ningún país europeo ningún diario con el pluralismo político y la difusión de Público.

Quizás dentro de unas semanas o meses lo echemos de menos. La única alternativa peor que su desaparición sería una supervivencia agónica, de ERE en ERE.
Un llamamiento permanente en la portada del periódico recuerda que: “la mejor forma de apoyar a Público es comprarlo todos los días”. Yo creo que, ahora,  más que la mejor, es la única forma de apoyar al periódico y, sobre todo, a sus trabajadores. Aún estamos a tiempo.

Estos hechos ocurrieron supuestamente en 2003 y supuestamente se han repetido en el tiempo hasta fechas relativamente recientes. Las vistas se celebraron en Mayo del 2011. y el juez, considera los hechos suficientemente verosímiles como para imponer una fianza de 100.000 euros al imputado, que no es precisamente simbólica

El sábado 21 Reneses presento en la presidencia ejecutiva federal su renuncia como secretario de organización, manteniendo su cargo como diputado autonómico, renuncia que se había pactado en las reunión estratégica que hacen los algunos miembros de PCE los viernes por la tarde noche para preparar el PEF

Este blog, no tiene por que juzgar ni la culpabilidad/inocencia del imputado, ni creer o dejar de creer a la victima, pero el articulo 8 del código ético de aprobado por el consejo político federal de IU el día 16 de diciembre de 2006 sostiene que: “ Los militantes y/o cargos públicos de IU imputados por un juez o magistrado, procesados o condenados por delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con fines de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos público o privados, malversación y apropiación de caudales públicos, cohecho, racismo, xenofobia, homofobia o violencia de género, cesarán de forma inmediata de sus cargos públicos así como de los órganos de dirección de IU a nivel estatal, autonómico o local si los tuvieren. También serán apartados de forma cautelar de la militancia hasta que cese la imputación, el procesamiento o exista sentencia absolutoria.”

la imputación de un dirigente en un delito de acoso sexual (que es violencia de genero) independientemente de su inocencia o culpabilidad, obliga por coherencia a aplicar el código ético de IU, que para eso esta, lo que implica la dimisión de los cargos institucionales y dentro de la organización que tuviera el imputado

Miguel Reneses, al no dimitir de todos sus cargos, tanto internos, como éticos esta violando el código ético de IU.

El PCE de Madrid le ha suspendido cautelarmente de militancia e IU-Madrid le ha pedido su renuncia como diputado autonómico. Sin embargo, Cayo Lara ha optado por que su renuncia sea “temporal” y no nombrar ningún sustituto.

Para colmo, Cayo Lara considera que la decisión de dimitir de Reneses es “noble y valiente” y proclamar la inocencia de Reneses a los cuatro vientos, se posiciona y llama mentirosa a la presunta victima, hace que me vuelva ha avergonzar, una vez mas de este coordinador que nos ha impuesto el PCE.

La dirección de IU esta fallando en uno de los principios de acción política y organizativa de IU es la igualdad de género, en las ultimas elecciones la practica totalidad de candidaturas con opciones de “La Izquierda Plural” estaban en manos de hombres, Las solo tres diputadas de los 11 escaños conseguidas por “La izquierda Plural”, tienen un papel marginal.

En el año 2004 Reneses fue obligado a renunciar de su escaño autonómico por colar en un viaje oficial de la Comunidad de Madrid a una amiga como asesora de prensa, quizás estos hechos, como otras historias opacas de algunas Fundaciones deberían no haberle permitido llegar hasta el puesto de secretario de Organización, puesto que accedió como recompensa por parte del PCE, al papel de la Nacional II madrileña en la elección de Cayo Lara.

Finalmente, lamentar la actitud de algunos militantes/votantes de IU, muchos de ellos ligados emocionalmente al PCE, viendo conspiraciones, matando mensajeros o acusando a la victima.

Artículos relacionados:

El Codigo ético de IU (Tania Sanchez y Maria Espinosa)
IU-Reneses: Acoso tolerancia por debajo de cero (Luis Maria Gonzalez)
Reneses (A sueldo de Moscu)

Manifiesto a favor del diario ‘Público’ y su continuidad

“El pensamiento económico de las élites catalanas lo está marcando escuelas de negocio como ESADE e IESE. La escuela de negocios, con un claro sesgo hacia el estado mínimo, la reducción de impuestos y un modelo de gestión pública “business friendly”. Este pensamiento está imbricado directamente en el actual gobierno de la Generalitat y el partido que lo forma, CiU, pero no solo eso, también ha impactado en el pensamiento económico de algunos dirigentes de otros partidos y lo más importante influye directamente en la concepción moral, política y económica de las élites económicas de Catalunya”

(Jose Rodriguez en Observatori de Ciberpolitica)

Jaume Asens, advocat de l’acusació contre les agències de Rating a Espanya
     Albert Recio, economista i professor de la UAB.

En julio de 2007, Valencia era una fiesta. A la sombra del edificio Veles e Vents, diseñado por el arquitecto británico David Chipperfield, y bajo una lluvia de confeti, banderas al viento y fanfarrias musicales, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, eufóricos, daban la bienvenida a Ernesto Bertarelli, patrón del Alinghi, y flamante vencedor de la 32ª Copa del América. Tiempo de vino y rosas, de entusiasmo desbordado. Valencia en el mapa de los grandes acontecimientos deportivos mundiales y dos políticos en estado de gracia, envidiados por sus adversarios y reverenciados por sus compañeros. Mariano Rajoy, meses antes de las elecciones generales de 2008, ponía como ejemplo de buena gestión económica al Consell de Francisco Camps y remataba: “Ese es el modelo que yo quiero aplicar para el Gobierno de España”. Más recientemente, en enero del año pasado, cuando ya había estallado el caso de los trajes, Javier Arenas, candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, todavía aseguraba: “Gobernar no es gastar más, sino gastar mejor. Gobernar es imitar a Camps”. El político valenciano era tenido por los dirigentes de su partido como espejo en que mirarse y modelo a seguir.

Cuatro años y medio después de tocar el cielo con la Copa del América, Camps ya no es presidente de la Generalitat y se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto delito de cohecho impropio. Y ya nadie quiere imitarle. La Comunidad Valenciana, antes envidia de las autonomías, da la sensación de ser la Grecia española, endeudada hasta las cejas, incapaz de cumplir sus compromisos financieros, empobrecida y sumida en una crisis institucional, financiera y económica. “Si fuéramos una caja de ahorros ya nos habría intervenido el Banco de España”, asegura un dirigente del PP valenciano, “pero por fortuna no lo somos”.

Las arcas vacías no son el único problema. Los escándalos por corrupción se suceden ininterrumpidamente desde hace años infectando todo el territorio. El caso Fabra, en Castellón; Emarsa, en Valencia; el caso Brugal, en Alicante, y, sobrevolándolo todo, el caso Gürtel, en el que se investiga la supuesta financiación irregular del PP, más su derivada del caso de los trajes de Camps. Faltaba Iñaki Urdangarin para que el deterioro fuera aún mayor. Y todavía hay escándalos que no han salido a la luz. Un empresario local se lamenta: “Es lo peor de lo peor; la imagen que tenemos en el resto de España. No nos beneficia nada”.

La Comunidad se ha convertido en una zona apestada para Mariano Rajoy, que no ha colocado a ningún valenciano ni en su Gobierno ni en ninguna de las 32 secretarías de Estado. Un veterano militante del PP está convencido de que el nuevo presidente “ha establecido un cordón sanitario para evitar que le estalle en las manos alguna bomba de relojería que todavía no se ha detectado”.

La trama Gürtel, a través de Álvaro Pérez, El Bigotes, entró a sacó en las arcas de la Generalitat y la otelevisión valenciana para enriquecerse sin que Camps hiciera nada por evitarlo. No fue el único método utilizado para obtener importantes ganancias a la sombra del poder. Prácticas destinadas a convertir los beneficios en privados y las deudas en públicas. Todo empezó en Terra Mítica, el parque de atracciones que levantó Eduardo Zaplana en Benidorm con el dinero de Bancaja, la CAM, algunos empresarios privados y la Generalitat. El complejo, que costó 377 millones, ha sido un auténtico fracaso. De hecho, ahora es propiedad del grupo Aqualandia, que se lo ha quedado a cambio de asumir deudas valoradas en 65 millones. Para construir el parque, el Gobierno valenciano expropió 10 millones de metros cuadrados. Sobre ese inmenso solar se edificaron Terra Mítica, un hotel de cuatro estrellas, cinco de dos y dos campos de golf. Nada fue como estaba previsto y el parque entró en suspensión de pagos, que la empresa levantó cambiando el uso de 217.000 metros cuadrados, vendidos por 85 millones al promotor Enrique Ortiz -imputado en los casos Gürtel y Brugal. El pelotazo urbanístico que se buscaba fracasó al estallar la burbuja inmobiliaria.

Muchos de los grandes proyectos financiados con dinero público siguieron el mismo patrón de Terra Mítica. Se presentaron como de interés social, pero en su entorno se han venido produciendo movimientos especulativos vinculados al urbanismo. La Ciudad de la Luz, los estudios cinematográficos situados en Alicante, otro fiasco económico con un coste de 300 millones y una deuda de otros 190, ha visto como a su alrededor se han realizado dos operaciones importantes: la compra de 700.000 metros cuadrados por una firma participada por Bancaja y Enrique Ortiz, y otra adquisición de 200.000 metros cuadrados por parte de este promotor. Ambas operaciones están siendo investigadas por la policía.

El aeropuerto de Castellón no es solo una instalación sin aviones, fruto de la quimera y de la megalomanía del cacique provincial Carlos Fabra. Desde el principio fue una operación especulativa de gran calado en la que el aeropuerto justificaba un gran proyecto urbanístico con garantía institucional que cubría las posibles pérdidas de la concesionaria. El Gobierno de Camps siempre veló por los intereses de los empresarios. Al concesionario de la línea 2 del tranvía de Alicante también se le garantizaba el 10% de los beneficios sobre la inversión realizada, con independencia de los pasajeros que la utilizaran. El actual Gobierno de Alberto Fabra ha roto el contrato con la empresa del aeropuerto y retirado el concurso del tranvía, por considerarlos lesivos para los intereses del Consell.

El saqueo de las arcas públicas, en la práctica, estaba institucionalizado. Los empresarios no corrían con ningún riesgo. Aunque en algunos casos, como el de Emarsa, la empresa encargada de depurar las aguas residuales de la ciudad de Valencia y otros 16 municipios, más que un saqueo ha sido un auténtico latrocinio. Hay 28 personas imputadas, entre ellas todos los exresponsables de la firma, militantes del PP y numerosos proveedores. Uno de ellos, Juan Carlos Gimeno, exconcejal del Ayuntamiento de la ciudad, explicó que el agujero de 17 millones de Emarsa -que algunas fuentes elevan a 40-, se produjo porque “alguien decía que se hiciera así”. Gimeno evitó dar nombres, pero dejó pistas. “Hay bolsos y carteras que todos sabían que recibía un cargo público”. En una conversación interceptada a El Bigotes, este afirma: “Estoy en Louis Vuitton, porque hay una cosa que no hemos pensado, que es que llevamos cuatro años regalando una cosa a la alcaldesa [de Valencia] todos los años no voy a dejar de regalarle algo (…) Le voy a comprar un bolso de la colección nueva”.

La Comunidad Valenciana es vista desde el exterior como un territorio en el que menudean los escándalos políticos y la corrupción. Y donde el despilfarro del dinero público ha sido la norma en los últimos años. En noviembre de 2009, en una situación de grave crisis económica y con una deuda autonómica que ya era la primera de España en relación al PIB regional, la Consejería de Cultura y Deporte se gastó 52.800 euros en la organización de unos actos previos de la Ferrari World Finals en el circuito de Cheste. Camps y Barberá aprovecharon el evento para montarse en un Ferrari azul y dar una vuelta al circuito acompañados por Fernando Alonso, Felipe Massa y Luca di Montemezolo, patrón de la escudería italiana.

Francisco Camps nunca dejó de comportarse como un nuevo rico. En 2007, un año antes de que las primeras señales de la crisis se hicieran evidentes, Bernie Ecclestone anunciaba en Valencia la celebración de un gran premio de Fórmula 1, condicionándolo a la victoria de Camps en las elecciones autonómicas. Lo que no contaron ni él ni Camps fue el coste del evento, ni las condiciones leoninas del contrato. De entrada el Gobierno valenciano mintió a la opinión pública. Aseguró que el circuito urbano no iba a costar ni un euro porque lo iban a pagar los promotores que construirían el plan urbanístico del Grau; pero el Consell tuvo que desembolsar 80 millones. La celebración de los siete grandes premios programados le van a suponer a las arcas públicas valencianas más de 244 millones, entre los pagos a Ecclestone, las infraestructuras para la carrera y el canon que paga la televisión valenciana por retransmitir los grandes premios.

El actual ejecutivo de Alberto Fabra ha intentado anular los contratos con el patrón de la F1, pero se ha encontrado con que la penalización es casi tan cara como pagar la celebración de la carrera. Ahora negocian con la Generalitat catalana para que Barcelona y Valencia se alternen en la celebración de grandes premios. Una sugerencia que se le hizo a Camps desde Cataluña, rechazada por este en su día.

Los escándalos, singularmente el caso de los trajes, acabaron por forzar la dimisión de Camps de la presidencia de la Generalitat, pese a los esfuerzos de la alcaldesa de Valencia para que siguiera en su puesto. Fue a las 4 de la madrugada cuando Isabel Bas, esposa del expresidente, dijo: “Paco, déjalo estar”, poniendo así punto final a una maratoniana reunión en la que también estaban presentes Federico Trillo y Juan Cotino, este último el presidente de las Cortes Valencianas.

La crisis institucional se solucionó con el paso del alcalde de Castellón, Alberto Fabra, a la presidencia de la Generalitat, quien hubo de asumir una pesada herencia que, a diferencia de otros colegas autonómicos, no puede atribuir a otro partido político, aunque sea la peor de las peores herencias recibidas. “Sabíamos que las cosas estaban mal; pero nunca supusimos que estuvieran tan mal”, señalan desde el entorno del actual presidente de la Generalitat.

¿Cómo de mal? Para empezar, los sucesivos modelos de financiación autonómica han sido lesivos para los intereses de los valencianos. No se contempla la totalidad de la población de la Comunidad y los ingresos por habitante permanecen por debajo de la media española. Era peor con José María Aznar en el Gobierno y siguió siendo mala con la reforma de Rodríguez Zapatero. Además, el sistema financiero valenciano ha desaparecido: Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), la tercera y cuarta caja españolas, han sido fusionadas o intervenidas por el Banco de España. El Banco de Valencia se encuentra en idéntica situación. ¿Cómo se había llegado hasta ahí?

Algunos hechos ayudan a explicar lo ocurrido. Los gobiernos del PP fiaron el crecimiento económico al ladrillo y a una política de grandes eventos y actividades de ocio. Dos decisiones estratégicas para las que no dudaron en utilizar a las cajas de ahorro, auténticas terminales de las decisiones políticas adoptadas en el Palau de la Generalitat. Bancaja y CAM financiaron proyectos como Terra Mítica, el circuito de Fórmula 1 en Valencia o el aeropuerto de Castellón. El apalancamiento de las tres entidades financieras a proyectos que se hundieron con el estallido de la burbuja inmobiliaria, las dejó en la ruina. La crisis global fue la puntilla de una política basada en la especulación inmobiliaria y en el crédito barato.

La pésima gestión arruinó a todo el sistema financiero valenciano, con las consiguientes repercusiones para el mundo empresarial autonómico; mientras que el intervencionismo político en las cajas se volvió como un bumerán contra la propia Generalitat. Desaparecidas Bancaja y CAM, el Gobierno valenciano no encuentra quien le financie sus propias emisiones de crédito. La puesta en circulación de 1.800 millones de euros en bonos patrióticos fue un auténtico fracaso, apenas si lograron colocar 1.055 y las agencias de calificación Moody’s y Fitch los clasificaron como “bonos basura”.

La peor herencia, de la que Fabra no se queja nunca en público pero a la que tiene que hacer frente, es la económica. Los compromisos de pago para las próximas décadas de la Administración Valenciana superan los 62.000 millones. De esta cifra total, 47.933 millones corresponden, en parte, a la deuda financiera asumida por el Consell más sus empresas públicas -que en septiembre de 2011 alcanzaba los 22.163 millones-; y el resto, al débito a proveedores, pago de los peajes en sombra o el canon que se abona anualmente a las empresas que, como Ribera Salud, gestionan con criterios privados los hospitales que se rigen por el modelo del que funciona en Alzira. Además, durante el primer semestre del año pasado, la deuda financiera aumentó en 1.498 millones, las obligaciones de pago en 131 millones y los compromisos de gasto no reconocidos y con cargo a futuros presupuestos alcanzaron los 2.043 millones.

En resumen: la suma de deuda financiera y pagos pendientes de la Comunidad Valenciana -a largo plazo- alcanza los 51.605 millones. Pero eso no es todo. A esa cantidad hay que añadirle 10.489 millones de euros que corresponden a deudas de las empresas públicas, entidades autónomas y fundaciones dependientes de la Generalitat, de acuerdo con el informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente a 2010. Por eso, el conjunto de los compromisos adquiridos por la Comunidad y por el sector público que esta controla se eleva a 62.000 millones.

De momento, en este año de 2012, la Generalitat tiene que devolver créditos valorados entre 4.000 y 5.000 millones, según las fuentes consultadas. Y no tiene con qué hacer frente a estos compromisos.

Durante años, Camps presumió de bajar los impuestos y aumentar el gasto social. Fabra ha tenido que desandar ese camino. Ha subido impuestos, recortado sueldos de los funcionarios, reestructurado servicios públicos. Y ha anunciado una reducción del número de empresas y fundaciones. Un esfuerzo gigantesco, con notables costes sociales, que es insuficiente para cumplir con los vencimientos de los créditos. Ni siquiera los hispanobonos, si algún día se ponen en circulación, bastarían para salvar las arcas valencianas.

A finales del año pasado, el Gobierno de España tuvo que salir al rescate de la Comunidad Valenciana para que pudiera hacer frente al pago de una póliza de crédito del Deutsche Bank. A cambio, Rajoy exigió a Fabra que tomara serias medidas de austeridad. Pero ser austero no basta. No alcanza para pagar a los proveedores que hacen cola ante las ventanillas de la Generalitat para que se les abone lo que se les debe. Solo a 450 colegios concertados les adeuda 50 millones de euros. Contratistas de la Administración, grandes y pequeños, van a tener difícil recuperar su dinero, por más que sean una prioridad para el actual Consell.

La enmienda a la totalidad que, por la vía de los hechos, está haciendo Fabra a la política de Camps encuentra serias resistencias entre los seguidores del anterior presidente. Las relaciones con Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, no pasan de la cortesía. En el grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas, con sordina, han empezado a escucharse las primeras críticas a la gestión del neófito presidente. Un dirigente popular afirma convencido que “Fabra tiene a todo el PP enfrente”. Nadie debería extrañarse de esta afirmación. Limpiar el PP valenciano no va a ser tarea fácil y “el cordón sanitario” establecido por Rajoy para la Comunidad Valenciana tampoco ayuda demasiado. “Génova tiene que intervenir”, reclaman desde Valencia. Pero Génova está en La Moncloa.

PS.- Tal vez sea una casualidad. O tal vez no. Pero no deja de ser una amarga ironía que Camps nombrara a Jaume Matas, expresidente de las Baleares y procesado por el caso Palma Arena, “embajador de la Comunidad Valenciana”. -