Andorra y otros: Cuando la democracia pierde su cara amable
Antonio Fuertes Esteban
En 1993 el Principado de Andorra culminó el proceso, iniciado en 1982, para democratizar sus instituciones de tradición feudal milenaria. La proclamada Constitución designa a Andorra como Principado Parlamentario. No obstante, a nivel político, la legitimidad democrática de su Consejo General y del Gobierno se la otorga un censo electoral que constituye la quinta parte de una población que ronda los 80000 habitantes. Los electores son mayoritariamente hijos de madre o padre andorranos, dada la gran dificultad para acceder a la nacionalidad de una mayoría de residentes en su mayor parte franceses, españoles o portugueses. La constitución niega los derechos políticos de una mayoría ostensible de la población, y es que el nuevo ordenamiento democrático fue diseñado a conciencia por la oligarquía local como salvaguarda de sus intereses.
Escrito por Amei 
