Medidas económicas y fiscales para resolver la crisis. La necesidad de recuperar el keynesianismo.

Medidas económicas y fiscales para resolver la crisis. La necesidad de recuperar el keynesianismo.
Vicenç Navarro
Fuente: Sistema Digital / vnavarro.org

Se está generando una nueva sabiduría convencional en España que asume que la solución de la crisis económica y financiera que estamos padeciendo requiere unas políticas de austeridad del gasto público y una moderación salarial. Diariamente se publican artículos en la prensa que subrayan la necesidad de “apretarse el cinturón”, la expresión preferida de aquellos que están pidiendo unas políticas de austeridad, con reducción del gasto público y reducción de los salarios. Las voces más potentes en este coro son las procedentes del mundo financiero. En Europa, el Banco Central Europeo, y en España, el Banco de España,  han tomado el liderazgo en estas llamadas a la austeridad.

En frente de esta avalancha ideología es importante y urgente que se informe a la ciudadanía que las propuestas que la comunidad bancaria europea (incluyendo la española) están presentando para resolver la crisis financiera y económica  profundizarán todavía más la desaceleración del crecimiento económico en España y en la Unión Europea, aumentando el desempleo. Tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España están proponiendo medidas para resolver la crisis financiera y económica que incluyen la reducción del gasto público, la disminución de los salarios, una mayor desregulación de los mercados de trabajo, la privatización de los servicios públicos (como la sanidad) y de las transferencias públicas (como las pensiones), el encarecimiento del coste del dinero, y la desregulación de los mercados financieros. Según tales instituciones financieras, tales medidas estimularán la actividad económica y reducirán el desempleo. En realidad estas propuestas no son nada nuevas. Las políticas que proponen son las mismas que han estado proponiendo durante los últimos treinta años y que han sido responsables del gran crecimiento del desempleo en la mayoría de países de la Unión Europea. Europa, que había tenido un desempleo mucho menor que EUA durante el periodo 1950-1980, pasó a tener un desempleo mayor que EUA durante el periodo 1980-2007 cuando tales políticas (iniciadas por el Presidente Reagan en EUA y la Primera Ministra Margaret Thatcher en la Gran Bretaña) fueron aplicadas por la mayoría de gobiernos de la Unión Europea.

La evidencia acumulada sobre el impacto negativo de tales políticas es muy robusta. Tales políticas liberales han conseguido unos resultados contrarios y opuestos a los que esperaban. (Ver el libro Navarro, V. (ed) Neoliberalism, Globalization and Inequalities. Consequences for Quality of Life. Baywood 2007). El crecimiento económico ha disminuido y el desempleo ha aumentado en la UE. Lo que sí consiguieron estas políticas liberales fue un crecimiento muy notable de las rentas empresariales, muy en especial las financieras, a costa de las rentas del trabajo, alcanzando unas desigualdades de renta inexistentes desde principios del siglo anterior (durante la época que desembocó en la Depresión). Las desigualdades de renta en el año 2007 alcanzaron niveles sin precedentes en la mayoría de países de la OECD que aplicaron tales políticas, teniéndose que remontar al año 1929, año que se inició la Gran Depresión, para encontrar niveles semejantes. Hoy muy pocos economistas en el mundo niegan que las desigualdades sociales, tanto a nivel mundial como en la mayoría de países donde tales políticas se han desarrollado, hayan alcanzado unos niveles que no se habían visto desde principios del siglo XX. Y las políticas liberales citadas en el párrafo anterior han sido determinantes en el crecimiento de tales desigualdades. Es sorprendente que en España, tal realidad es todavía cuestionada por gran número de economistas que reproducen el pensamiento liberal que domina la literatura económica española, dominio que se explica por la enorme influencia que las empresas financieras tienen en configurar el pensamiento económico en la literatura económica. La banca y las cajas influencian el conocimiento económico en una manera semejante a como la industria farmacéutica influencia el conocimiento clínico en España. Los centros de estudios del Banco de España, así como de los bancos y de las cajas y las revistas profesionales que financian, influencian enormemente el pensamiento económico español, lo cual explica el gran dominio que el liberalismo económico tiene todavía hoy en nuestro país. No así en otros países como EUA, donde tal pensamiento liberal está muy desacreditado como lo muestra el resultado de una encuesta reciente realizada a economistas universitarios. Éstos atribuían la crisis económica al desarrollo de tales políticas liberales y muy en especial a la gran desregulación de los mercados financieros, iniciada por la Administración Reagan y expandida durante las Administraciones Bush (padre e hijo) y Clinton (Center for Economic and Policy Research. Washington D.C. 2008). Cuando en EUA, el liberalismo económico está claramente de capa caída, en España continua boyante, reproduciéndose incluso en muchas de las intervenciones públicas del equipo económico del gobierno socialista. Tal dominio ideológico del pensamiento económico se refleja en esta nueva sabiduría convencional que se está creando en España (con su llamada a apretarse los cinturones), reproducida fielmente por las enormes cajas de resonancia que aportan los medios de información y persuasión próximos a aquellos grupos de presión.

El gran error de las propuestas que se están haciendo para resolver la crisis.

El gran error de esta nueva sabiduría convencional es que basa sus recetas económicas de austeridad en una interpretación equivocada de las causas de la crisis económica y financiera. Atribuye la crisis a un exceso del gasto público y a una falta de modernización salarial, que crea un exceso de la demanda que debe reducirse. La causa de la crisis es, sin embargo, la escasez de tal demanda. En realidad, la crisis económica actual es muy parecida a la que ocurrió en el periodo de principios del siglo XX, conocida como la Gran Depresión. Las causas de aquella crisis están bien documentadas en los trabajos de James Galbraight, entre otros. Las políticas públicas del gobierno federal de EE.UU. que incluyeron políticas de reducción del intervencionismo público y desregulación de los mercados, incluyendo mercados financieros, crearon una enorme concentración de la riqueza y de la renta nacional en aquel país. Las rentas del capital (y muy especialmente del capital financiero) aumentaron espectacularmente a costa de las rentas del trabajo, tal como ha ocurrido en el mundo en los últimos treinta años. Ello significó que mientras los bancos tenían mucho dinero (los ricos tienen menos necesidades de consumo y ahorran gran cantidad de su renta, que depositan en los bancos), la mayoría de la población no tenía suficiente para llegar a fin de mes (como está ocurriendo, también, ahora). Se creó lo que se llama un problema grave de demanda. La gente no tenía dinero para comprar y estimular el crecimiento de la producción y del PIB. La moda intelectual en los medios de comunicación próximos a la banca sostenía que el sector público debiera ser lo más pequeño posible, tal como creía y continúa acentuando el dogma liberal. Ni más ni menos como ahora. Las propuestas de la comunidad bancaria de ahora ya se experimentaron entonces con el resultado por todos conocido: la Gran Depresión Mundial. En realidad, la gran concentración de la banca creó una crisis del mismo sistema bancario, creando el desplome de gran número de bancos que no pudieron competir con los grandes conglomerados financieros que se estaban creando.

La solución liderada por el Presidente Franklin Roosevelt a aquella crisis fue aumentar la demanda. Se redistribuyeron las rentas para que la población asalariada tuviera más capacidad de consumo, y se aumentó el gasto público, a través del establecimiento del estado del bienestar (el “New Deal”) y más tarde de la II Guerra Mundial, que facilitó el gran intervencionismo del sector público que fue el que resolvió la crisis, iniciándose la llamada época dorada del capitalismo, que duró hasta finales de los años setenta. Los mercados laborales y los mercados financieros fueron regulados. Los primeros garantizaron unos salarios y una protección social que facilitaron la demanda y el estímulo del crecimiento económico. Salarios altos forzaron una mayor inversión empresarial que determinó una mayor productividad (al revés de lo que se cree en España, que asume que la baja productividad es la causa de los bajos salarios, revirtiendo la causalidad, pues es precisamente el salario alto el que fuerza al empresario a aumentar la productividad del trabajador). Y la regulación de los bancos, con clara supervisión por un Banco Central llamado Federal Reserve Board que tenía (y continúa teniendo) como objetivo el estimular el crecimiento económico, además de controlar la inflación. Tal como había indicado el Presidente Franklin Roosevelt, “hasta ahora nos habían dicho que el egoísmo y el individualismo eran necesarios para conseguir una economía eficiente. Lo que hemos visto es que, por el contrario, es la solidaridad la que es condición necesaria para tener una economía eficiente” (discurso del Presidente Roosevelt en Chicago en el congreso de los sindicatos estadounidenses de 1942).

Fue durante esta época que se desarrolló el estado del bienestar en la mayoría de los países desarrollados. Y fue también durante esta época (el periodo 1950-1980) que la calidad de vida de las poblaciones de tales países mejoró sustancialmente, basándose este mejoramiento social y económico en un pacto entre el mundo empresarial y los sindicatos que fue roto más tarde, en los años ochenta, por el mundo financiero y empresarial, bajo la dirección política del Presidente Reagan en EE.UU. y la Sra. Thatcher en Gran Bretaña. A partir de entonces se introdujeron políticas públicas encaminadas a debilitar la intervención del estado, desregulando los mercados financieros (de manera que los bancos pudieran hacer lo que quisieran, con escasa regulación) y desarrollando políticas altamente regresivas que incrementaron enormemente la renta de los ricos a costa de la renta de los trabajadores. También se hicieron reformas fiscales que beneficiaron enormemente a las rentas superiores. El tipo máximo, en el promedio de los países de la OECD, bajó del 67% en 1980 al 43% en el 2000 (en EUA pasó del 70% al 35%, y en España pasó del 66% al 35%, el más bajo de la OECD, junto con EEUU), incrementándose enormemente las rentas disponibles del sector minoritario de la población que gozó de gran renta. Los salarios, por el contrario, se mantuvieron constantes o se redujeron, según el país, forzando un mayor incremento del número de horas por trabajador (España es el país de la UE-15 en el que un trabajador trabaja más horas al año, 1814 horas, habiendo aumentado diez horas desde los años ochenta) y un incremento de miembros de la familia que trabajaron para mantener la misma capacidad adquisitiva, la cual, a pesar de estos factores se mantuvo constante y/o se redujo, según el país.
Resultado de esta situación, nos encontramos, como ya pasó a principios del siglo XX, con una enorme polarización de las rentas. En un extremo nos encontramos con un sector de la población muy pequeño que tiene enormes rentas. En el otro lado, la mayoría de la población trabajadora que tiene problemas para llegar a fin de mes. En medio, unas clases medias que se están reduciendo. Esta situación alcanza una situación extrema en EUA donde un tercio de la población sería pobre si se utilizara la definición de pobre que se utiliza en la UE. EUA es el país más desigual de la OECD. España es uno de los más desiguales de la UE.
Puesto que no hay suficiente crecimiento de la demanda de productos, nos encontramos con que hay una crisis de producción, es decir, una crisis resultado de que no haya suficiente demanda para los productos producidos en las empresas productivas. Ello implica que los beneficios que existen en el mundo productivo (el mundo empresarial que produce bienes y servicios) son relativamente bajos lo que explica que la gente que tiene mucho dinero no invierte en empresas productivas sino en inversiones que no son productivas sino especulativas, que tienen una rentabilidad mayor. Invierten en terrenos, por ejemplo, para venderlos más tarde, cuando el precio de tales terrenos aumenta. Lo mismo ocurre en cuanto a inversiones especulativas (sean estas acciones en empresas.com o en vivienda, o en petróleo, o en alimento) que no intentan estimular la producción sino la acumulación de la propiedad para poder venderlas más tarde y a mayor precio. Se van creando así precios artificiales, llamadas burbujas, que van explotando una tras otra, creando crisis que se van acumulando hasta llegar a explotar, esta vez muy espectacularmente, al coincidir varias a la vez. Parodiando la famosa película, La perfecta tormenta, estamos ahora viendo la perfecta tormenta económica y financiera.

La solución de la crisis: la expansión de la demanda

La solución ahora pasa, como durante la Depresión, en una re-regulación de los bancos (incluyendo la reducción de sus exuberantes beneficios: la banca ha sido la actividad empresarial con beneficios más altos en los últimos treinta años), y un incremento del gasto público, un incremento de los salarios (con aumento de productividad) y una reducción del precio del dinero, precisamente lo opuesto a lo que la banca está pidiendo. Es alarmante, por cierto, que todos los jefes de la Oficina Económica de Zapatero procedan de la banca y ahora el “grupo de sabios”, que tienen que hacer propuestas al Gobierno de cómo resolver la crisis, procedan en su mayoría de la banca y de las cajas. Esto es equivalente a pedirle al zorro que proteja las gallinas del corral (ver el excelente artículo de Juan Torres, “Los economistas de Z” en Sistema Digital). Es un indicador del gran poder que tiene la banca que ningún partido mayoritario esté hoy pidiendo en España un aumento del gasto público. El gran debate acerca de este gasto es entre los que quieren reducirlo (el PP) y los que quieren mantenerlo (el PSOE), pero ninguno de ellos está pidiendo aumentarlo, y ello en el país que tiene el gasto público por habitante más bajo de la UE-15. El aumento del gasto público es esencial para que haya un estímulo económico. Es importante subrayar este hecho porque la experiencia japonesa ha mostrado claramente que la necesaria reducción de los intereses bancarios para estimular la economía no es suficiente, a no ser que haya también un aumento del gasto público. La distribución de la Renta en España es tan concentrada (como señalé antes, España es uno de los países con mayores desigualdades de renta en la UE-15) que no es suficiente una bajada de intereses que abarate el precio del dinero para aumentar de una manera significativa la demanda. La escasa capacidad de consumo por parte de las clases populares requiere un incremento notable del gasto público. La desgravación de 400 € por persona que aprobó el gobierno español, era parte de esta política de estímulo de la demanda. Pero esta medida, además de ser regresiva (pues es equivalente a que se diera un cheque igual para todos los ciudadanos, independientemente de su ingreso), tendrá un impacto estimulante menor. La medida, prácticamente idéntica realizada por la Administración Bush (que inspiró al Sr. Zapatero) y que en aquel país, significó un aumento del gasto público equivalente a un 1% del PIB, fue escasamente estimulante. La razón de ello (además de ser una cantidad limitada) fue que el gasto fue poco discriminatorio y que, al ser regresivo, no tuvo gran impacto en la capacidad de consumo de las clases populares que son las que, al tener menos renta, consumen la mayoría de lo que reciben. De ahí que las medidas más eficaces sean políticas redistributivas que transfiera fondos de las clases adineradas (que ahorran más que consumen) a las clases populares (que consumen más que ahorran).

De ahí que debieran revertirse las políticas fiscales regresivas que se han aprobado en los últimos quince años (que han contribuido al crecimiento de las desigualdades de renta en España), e incrementar la inversión pública y muy en especial en los servicios públicos a fin de crear empleo. Aquí me permito hacer otra aclaración. Hay varias maneras de aumentar el gasto público. La más rápida pero no necesariamente la más estimulante, es aumentar las transferencias públicas, dando cheques a la población. El otro es a través de inversiones públicas que en España se interpreta, en general, en inversiones en infraestructuras (AVE, transportes, etc.). Pero mucho más eficiente para estimular la economía es invertir en servicios públicos, y muy en especial en servicios públicos del estado del bienestar, como sanidad, servicios de dependencia, servicios sociales, escuelas de infancia, y otros, que utilizan muchos recursos humanos. Es ahí la gran cantera de empleo que en España está muy poco desarrollada. En este sentido la política de Zapatero de reducir un 30% la creación de empleo público es profundamente errónea y va en sentido opuesto al que debiera hacer. España es el país que tiene un porcentaje menor de la población activa empleada en los servicios públicos del estado del bienestar (sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia y servicios domiciliarios). Sólo un 9% comparado con 15% en el promedio de la UE-15 y 25% en Suecia. Reducirlo todavía más es un enorme error no sólo social (España, treinta años después del fin de la dictadura, continúa estando a la cola de la Europa Social), sino también económico. Es ahora, precisamente, cuando el gasto y empleo públicos debieran aumentar a fin de estimular el consumo de las clases  populares.

Este aumento del gasto público se debiera financiar mediante la reversión de las políticas fiscales regresivas que se han realizado esos años, así como mediante un aumento del déficit del estado y de la deuda pública (permitiendo un mayor endeudamiento del Estado, a todos los niveles, central, autonómico y local). Un ejemplo de la necesaria reversión es la recuperación del impuesto sobre el patrimonio que se ha anulado bajo la falsa premisa que tal eliminación beneficiaría primordialmente a las clases medias. Según un documento presentado en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de El Escorial, este julio pasado, por técnicos de hacienda del Ministerio de Hacienda, expertos en tributación, tal impuesto significó en el año 2005 un ingreso al Estado de 1.442 millones de euros. Según el mismo informe, tal impuesto fue en aquel año 2005, altamente progresivo, de ahí que su eliminación beneficiara predominantemente a las rentas superiores que acumulan la propiedad gravada, y ello a pesar del enorme fraude fiscal (pues sólo 727 propietarios de un total de 3.290 declararon tener una vivienda de más de 10 millones de euros). La mayoría de las clases populares, cuya propiedad es inferior a 300.000 euros (y que tributan en este concepto menos de 80 euros), quedarían escasamente afectadas por la eliminación de este tributo. Los fondos de este tributo eran asignados a las CCAA que tienen la responsabilidad de gestionar los servicios públicos del Estado del Bienestar. Tales fondos, de no haberse eliminado, podrían haberse utilizado por tales CCAA para mejorar la financiación de los servicios a las personas dependientes, exigida por la Ley de Dependencia y que el Estado Central financia con una cantidad de 1.200 millones de euros, a todas luces insuficiente. De no haberse eliminado tal impuesto, los fondos derivados del patrimonio podían haber ido a financiar los servicios de dependencia de las CCAA, hoy claramente insuficientes. Estos servicios a la dependencia crean gran cantidad de empleo que podría haber reducido el desempleo.

Otra fuente de ingresos debiera ser la eliminación del fraude fiscal que según tales expertos afecta al 20% de la actividad económica de este país (la más alta del a UE-15) y que significaría (su corrección) unos ingresos al Estado de 88.617 millones de euros al año (tanto por fraude fiscal como por Seguridad social, siendo la banca, por cierto, una de las instituciones que facilitan más en este fraude fiscal). Ni que decir tiene que la inversión de 88.617 millones en los servicios públicos tendría un impacto muy significativo en la corrección del subempleo (España se gasta 82.000 millones de euros menos en los servicios del estado del bienestar de lo que debiera gastarse  por el nivel de desarrollo económico que tiene. Mientras que el PIB per cápita es el 92% del promedio de la UE-15, el gasto público es sólo el 72% y el gasto público social es el 68% del promedio de la UE-15). Es sorprendente el escaso esfuerzo que las autoridades tributarias de España han dedicado a la corrección de este fraude fiscal, lo cual solo puede entenderse por la excesiva influencia que los grupos económicos (como la banca y las inmobiliarias) y profesionales (profesiones liberales) tienen sobre las instituciones políticas. En ninguno de los países en los que he vivido durante mi largo exilio (Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos), el Presidente del Gobierno diría jocosamente “que en España los ricos no pagan impuestos” (declaraciones del Sr. Aznar en 2003). Según un informe internacional sobre el gasto público (Castles, F. (ed) The Disappearing State? 2007, España se gasta en la recolección de impuestos sólo un 0,05 del PIB, el más bajo de la OECD, y seis veces menos (en términos proporcionales) que Suecia. Los mismos expertos de Hacienda, en su exposición en El Escorial, fueron muy críticos de los responsables políticos de la Agencia Tributaria por las prioridades que establecen en las políticas de corrección del fraude, así como en el escaso compromiso con los recursos necesarios para resolverlo.

Otra de las medidas que debieran realizarse es la disminución de los intereses bancarios por el Banco Central Europeo, puesto que la justificación aportada por tal Institución para mantenerlos altos carece de apoyo empírico que la sustente. Las mayores causas del crecimiento de la inflación no son el crecimiento de la demanda, sino el crecimiento del precio del petróleo, y de los alimentos debido en parte a la actividad especulativa de los capitales financieros. Al BCE debiera exigírsele que, como hace el Federal Reserve Board en EE.UU., diera ahora prioridad a estimular la creación de empleo, en lugar de destruirlo, como está haciendo ahora. Y esta bajada de intereses debiera ir acompañada con políticas  expansivas a nivel de toda Europa, subiendo el presupuesto de la UE de un 1% a un 5% del PIB, con el fin de realizar inversiones públicas que estimularan las economías europeas, propuesta realizada por un panel de economistas de EE.UU., Gran Bretaña, Francia y España en las mismas jornadas de El Escorial, donde se presentó el informe de los expertos haciendistas de la Agencia Tributaria Española. Y, lo más importante, sería que se estableciera una legislación por parte del Parlamento Europeo que permitiera convenios colectivos a nivel de toda Europa, facilitando un pacto social entre el mundo empresarial y los sindicatos a nivel europeo, condición sine qua non, para crear una Europa Social. (Ver el capítulo de V.Navarro. “Como está evolucionando la situación social de la Unión Europea” en Borrell, J., Europa en la Encrucijada).

Soy consciente de que estas propuestas se considerarán utópicas en el ambiente tan profundamente liberal y conservador que existe en las culturas económicas, políticas y mediáticas del país. Pero que las propuestas keynesianas hechas en este artículo sean consideradas utópicas en nuestro país define la naturaleza del problema, que es, en definitiva, el enorme dominio del pensamiento liberal en aquellas culturas. De ahí que se requiera una movilización de las fuerzas progresistas para cambiar la cultura política y económica que domina el país. Pero para ello se requiere que tales fuerzas progresistas se rearmen ideológicamente, abandonando su aceptación del dogma liberal que hegemoniza el pensamiento económico del país, incluso entre amplios círculos de izquierda.

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